Iberdrola pide saber cuánto, por qué y cuándo programa REE en la operación reforzada tras el apagón

Iberdrola exige transparencia sobre la operación reforzada con la que Red Eléctrica gestiona el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025. Su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, sostiene que una medida concebida como emergencia temporal se ha vuelto “estructural”.

Ruiz-Tagle, que ha hecho estas declaraciones en el Foro CREO, pide saber cuánta energía se programa y por qué, y asegura que el coste recae sobre todo en los clientes del PVPC y la industria indexada. REE publicó el 14 de octubre que la operación reforzada costó 8,8 millones de euros en septiembre.

Qué reclama Iberdrola sobre la operación reforzada

Ruiz-Tagle afirmó que, tras el apagón, Red Eléctrica de España (REE) aplicó “un nuevo modo de operación que entendemos que no está regulado para el operador del sistema”. Según el directivo, ese modo “genera un coste para el sistema”.

Por eso pide información concreta: “¿Cuánto se programa? ¿Por qué se programa? ¿En qué momento se programa?”. Y añadió: “Porque evidentemente que nos preocupa”.

Quién paga el coste adicional, según Iberdrola

El directivo explicó que lo soportan “en mayor medida” los clientes del PVPC y los industriales indexados al precio spot. El PVPC es el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la tarifa regulada. La razón, según Ruiz-Tagle, es que la mayoría de clientes tiene contratos a largo plazo.

Según la información publicada sobre el foro, añadió que el coste no afecta de inmediato al 80% de los consumidores con precio fijo. Ese coste “terminará trasladándose a la factura a medida que dichos acuerdos se vayan renovando”.

Ruiz-Tagle considera que lo lógico es que el coste se reconozca “cómo se hace en otros países de Europa”.

Los datos de coste que ha publicado Red Eléctrica

La operación reforzada costó 8,8 millones de euros en septiembre, según un comunicado de REE del 14 de octubre. REE calcula que ese coste equivale a unos dos céntimos diarios para un consumidor tipo del PVPC, lo que serían unos 7,30 euros al año (cálculo a partir de ese dato).

Recientemente se ha conocido que los servicios de ajuste, que incluyen la operación reforzada, explicaron dos tercios de la subida del PVPC en septiembre frente a agosto: 9,86 de los 15,03 euros/MWh antes de impuestos. REE respondió que el coste de las restricciones técnicas depende de la energía movilizada y de los precios ofertados por las generadoras, y que no lo fija el operador.

En los nueve primeros meses de 2026, la programación reforzada supuso “menos de 275 millones de euros”, según otra nota de REE del 2 de octubre. Son menos del 1% de los 29.500 millones de costes totales del sistema en ese periodo.

REE vincula la operación reforzada a las medidas correctoras adicionales que aplica desde el apagón mientras se identificaban las causas del incidente y hasta que se implanten las medidas para evitar que se repita. El 5 de noviembre de 2025 indicó que mantendría el criterio, con adaptaciones, hasta que se cumplan tres condiciones. Son la aprobación de las medidas normativas pendientes, la aclaración del fenómeno que causó la oscilación y el cumplimiento por los agentes de los requisitos de control de tensión.

Más inversión en redes y compensadores síncronos

Para reducir esos costes, Ruiz-Tagle defiende acelerar las inversiones pendientes en la red de transporte, como más equipos STATCOM y compensadores síncronos. Son dispositivos que ayudan a estabilizar la tensión de la red, y propone instalarlos en lugar de limitarse a gestionar restricciones técnicas.

También reclama inversiones masivas en las redes de distribución. Habló de “unos 100.000 MW de nueva demanda entre 2024 y 2026” en solicitudes de acceso a la red y criticó “los casi 15 años de restricciones regulatorias que han limitado las inversiones en redes”.

Como modelo señaló el Reino Unido, donde se da prioridad “al que está listo” para conectarse y no al primero que pidió el acceso.

Centros de datos: contra demonizar la demanda

Ruiz-Tagle alertó contra “demonizar” la demanda eléctrica y defendió aprovechar los precios bajos de la energía eólica, hidráulica y fotovoltaica. Dijo que los centros de datos pueden instalarse en España o en otros territorios, pero que “lo que no va a cambiar es el precio del dato”.

Destacó que las recomendaciones de la CNMC están “muy en línea” con lo que plantean el sector de los centros de datos y las eléctricas. Según la información publicada, el regulador ha aconsejado no exigir 18 meses de antelación a los proyectos. El informe de la CNMC, aprobado el 22 de septiembre de 2026, señala que ese plazo de 18 meses para poner en servicio nueva generación renovable puede no ser suficiente y recomienda una aplicación más gradual.

El proyecto de real decreto que impulsan los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, presentado el 27 de agosto de 2026 y en audiencia pública por la vía de urgencia, afecta a instalaciones de más de 1 MW. Ya ha sido fuente de críticas de las eléctricas al exigir que el 80% del consumo de cada hora sea renovable hasta que las renovables superen el 90% del mix eléctrico. También pide que, por cada megavatio nuevo de consumo, se instale un nuevo megavatio renovable en los 18 meses previos a la entrada en funcionamiento del centro.