Telefónica dejaría de ser el operador del servicio universal de fijo e internet en 2027: lo asumirían todos
- Se eleva la velocidad mínima de 10 a 100 Mbps de bajada
- El abono social se mantendría para actuales beneficiarios
Telefónica dejaría de ser el operador del servicio universal el 1 de enero de 2027, según el proyecto de orden que el Ministerio para la Transformación Digital publicó el 7 de octubre. El plazo para presentar alegaciones termina el 22 de octubre. El texto, que aún no está aprobado, plantea que todos los operadores asuman esa responsabilidad dentro de su zona de cobertura.
El servicio universal es el conjunto de servicios que se garantizan a todos los consumidores, con independencia de dónde vivan, con una calidad determinada y a un precio asequible. Hoy incluye el acceso a internet de banda ancha y las comunicaciones de voz, ambos a través de una conexión fija. Telefónica de España es el operador designado para prestarlo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Telefónica lleva cerca de tres décadas como operador encargado del servicio universal. La última designación, para 2025 y 2026, la hizo el Ministerio de forma directa después de que la licitación quedara desierta al no presentarse ninguna empresa.
“Para Telefónica, el cambio supondría dejar atrás una obligación que le exigía garantizar conexiones incluso en zonas poco rentables. La compañía ganaría flexibilidad, aunque eso no debería traducirse en una pérdida de garantías para los usuarios”, explica Ana de la Torre, experta de Roams en telecomunicaciones.
Qué dice el proyecto de orden
El borrador pone fin, desde el 1 de enero de 2027, a la obligación de servicio público de garantizar dos servicios en ubicación fija. Son el acceso a internet de banda ancha y las comunicaciones de voz.
El Ministerio no renovaría la designación de Telefónica de España, que procede de la Orden de 29 de enero de 2025. Considera que ambos servicios ya quedan garantizados por las circunstancias normales de explotación comercial, es decir, por la oferta habitual del mercado.
“El verdadero reto está en las viviendas donde contratar internet sigue siendo difícil o demasiado costoso. Que una zona figure en los mapas de cobertura no garantiza que todos sus hogares puedan conectarse en condiciones razonables”, advierte Ana de la Torre, experta de Roams en telecomunicaciones.
Para justificarlo, el Ministerio destaca el
El texto asegura que “ya no existirá un único operador u operadores designados” para estos servicios. En su lugar, “todos los operadores tendrán la responsabilidad de ofrecerlos y presentarlos, cada uno dentro del ámbito de cobertura en el que ofrezca dichos servicios”, según el Ministerio.
Como base legal, el Ministerio cita el artículo 35.6 de la Ley General de Telecomunicaciones, que permite retirar la obligación cuando los servicios se prestan en competencia. El borrador menciona un informe de la CNMC que respalda esa constatación, pero deja en blanco su número y su fecha.
El cese de la obligación de servicio público supone también el fin de la financiación prevista para ella, según esa misma norma.
Qué cambia para el usuario del servicio universal
Con el nuevo modelo, quien solicite la conexión podría dirigirse a cualquier operador con cobertura en su zona. El Ministerio sostiene que así “se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una determinada zona esté prestando estos servicios”.
El proyecto de reglamento del servicio universal, que sigue en tramitación, concreta cómo funcionaría. Según el artículo 20 del borrador, deberán atender las solicitudes de conexión los operadores de voz fija y los de banda ancha a 100 Mbps o más en las localidades donde ya presten esos servicios. Si un operador sostiene que no presta el servicio en una dirección concreta, el usuario puede reclamar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que debe resolver en el plazo de un mes.
Ese mismo reglamento
El Ministerio prevé que este régimen se aplique desde el 1 de enero de 2027. Según la nota de prensa del Ministerio de abril, el proyecto prevé que operadores y plataformas 112 incorporen antes de junio de 2027 el Texto en Tiempo Real (RTT), una función que facilita la comunicación a personas con dificultades auditivas o del habla.
Servicio universal: qué hay hoy y qué se propone
| Situación actual | Propuesta del Ministerio | |
|---|---|---|
| Operador del servicio | Telefónica de España, designada hasta el 31 de diciembre de 2026 | Todos los operadores, cada uno en su ámbito de cobertura |
| Velocidad de bajada | 10 Mbps | 100 Mbps |
| Velocidad de subida | No especificado | 5 Mbps |
| Latencia media máxima | 690 ms garantizados por Telefónica | 690 ms |
| Tarifa social | Abono social de telefonía fija de Telefónica, para jubilados y pensionistas con renta baja; otros operadores, como Vodafone y MasOrange, ofrecen tarifas sociales propias | Descuento mínimo del 25% para perceptores del Ingreso Mínimo Vital en todos los operadores que presten estos servicios; Telefónica mantiene el abono social de sus beneficiarios actuales |
Qué ocurre con el abono social de Movistar
La orden mantiene una obligación concreta para Telefónica de España: seguir aplicando el abono social a sus actuales beneficiarios, jubilados y pensionistas con renta familiar baja. Esa obligación se limita al servicio de voz en ubicación fija.
Según la web de Movistar, marca comercial de Telefónica, el abono social supone una reducción del 70% en la cuota de alta de la línea fija individual y del 95% en su cuota mensual. Para acceder hay que ser jubilado o pensionista y que los ingresos de la unidad familiar no superen los 10.080 euros anuales (el 120% del IPREM). Cada beneficiario solo puede tener un abono social, incompatible con paquetes como Movistar Fusión.
El proyecto de reglamento obliga a todos los operadores que presten estos servicios a ofrecer a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital una rebaja de, como mínimo, el 25% sobre el precio comercial, tanto en la cuota de alta como en la mensual. El Ministerio cifra ese colectivo en cerca de 800.000 hogares.
“Las tarifas sociales deben adaptarse a cómo contratan hoy las familias sus servicios. Si tener fibra y móvil en un mismo paquete impide acceder al descuento, la ayuda puede perder efectividad precisamente entre quienes más la necesitan”, señala Ana de la Torre, experta de Roams en telecomunicaciones.
Las dudas de la CNMC sobre obligar a todos los operadores
La CNMC valora de forma positiva el salto a 100 Mbps, pero cuestiona que la ausencia de operador designado obligue a todos los demás a prestar el servicio. Lo recoge en su informe de 15 de junio sobre el proyecto de reglamento. Según el organismo, “la ausencia de designación no debería traducirse automáticamente en la imposición a todos los operadores de una obligación general de prestación”.
La CNMC señala también que no existe una disponibilidad homogénea de banda ancha de 100 Mbps en todo el territorio, pese al elevado grado de cobertura. En su opinión, obligar a los operadores a invertir para llegar a cualquier ubicación de su ámbito geográfico podría resultar desproporcionado.
El organismo propone eliminar el carácter obligatorio de esa prestación o, como alternativa, limitarla a los hogares donde los operadores ya ofrecen servicio. Plantea además que los sobrecostes en zonas de difícil acceso se cubran con ayudas públicas, siempre que cumplan la normativa de ayudas de Estado.
Próximos pasos del proyecto de orden
El Ministerio recibe aportaciones hasta las 24:00 horas del 22 de octubre en el correo habilitado para la audiencia pública. Una vez aprobada, la orden se notificará a Telefónica de España y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Fuente de la imagen principal: Montaje Roams
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