Iberdrola, Endesa y EDP avisan al Gobierno: su decreto de centros de datos arriesga la inversión en España
- El proyecto obliga a los centros de datos a cubrir con renovables nuevas el 80% de su consumo, hora a hora
Iberdrola, Endesa y EDP España han cargado contra el proyecto de real decreto que el Gobierno prepara para los centros de datos y avisan de que puede acabar expulsando inversión fuera de España.
Las eléctricas alertan del real decreto sobre centros de datos a través de Aelec, la patronal que agrupa a las tres compañías, en un comunicado firmado por su presidenta, Marina Serrano. Su conclusión es directa: la propuesta introduce un riesgo real para el desarrollo eficiente del sistema eléctrico español.
Qué reclama Aelec, la patronal de Iberdrola y Endesa
“España necesita más demanda eléctrica, no más barreras a la demanda”, ha declarado Serrano en el comunicado difundido este jueves. La presidenta de Aelec insiste en que electrificar la economía exige facilitar el consumo, no frenarlo.
“El mensaje es muy sencillo. Más demanda significa más utilización de las redes, menos vertidos renovables y menores costes para consumidores e industrias”, explica Serrano. Penalizar el consumo, añade, produce el efecto contrario al que busca la norma.
Serrano va más allá al hablar de competitividad: “Si se imponen requisitos que no existen en otros países, se corre el riesgo de que esas inversiones se desarrollen fuera de España, con el consiguiente impacto sobre la competitividad" del país. La advertencia apunta directamente a la
La patronal también censura que el decreto modifique las condiciones de proyectos que ya cuentan con permisos concedidos. Ese cambio de reglas, sostiene Aelec, “genera incertidumbre regulatoria” y puede minar la confianza necesaria para seguir invirtiendo en redes y renovables.
El 80% de renovables, hora a hora: así es el decreto
El proyecto normativo, elaborado por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, regula los centros de datos de más de 1 megavatio de potencia. Los obliga a cubrir con generación renovable nueva, cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de su consumo eléctrico. Ese umbral se mantendrá mientras la generación renovable no supere el 90% del conjunto del mix eléctrico nacional, según el propio texto del Gobierno.
Cada nuevo megavatio consumido deberá venir acompañado de un megavatio renovable adicional, instalado en los 18 meses previos a la puesta en marcha del centro. Ese respaldo podrá lograrse mediante autoconsumo o contratos de compra a largo plazo (PPA). El cumplimiento se verificará hora a hora, no como una media anual.
Los proyectos que ya están en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos, o solo tres si esperan todavía la celebración de un concurso de acceso a la red. Quien no cumpla se expone a recargos crecientes en los peajes y, en el peor de los casos, a perder el derecho de conexión.
El plazo de alegaciones al proyecto, tramitado por la vía de urgencia, concluye el 4 de septiembre de 2026.
| Detalle | |
|---|---|
| Umbral renovable | 80% del consumo cada hora, hasta que las renovables superen el 90% del mix eléctrico |
| Adicionalidad | 1 MW renovable nuevo por cada MW de consumo, instalado en los 18 meses previos |
| Plazo de adaptación | 6 meses (3 meses si el proyecto espera un concurso de acceso a la red) |
| Ámbito | Centros de datos de más de 1 MW de potencia |
| Plazo de alegaciones | Hasta el 4 de septiembre de 2026 |
60.000 millones de inversión en juego
Spain DC, la patronal de los operadores de centros de datos, calcula que hasta 60.000 millones de euros en
El aviso llega en un momento de fuerte demanda. España ya ha concedido más de 12 gigavatios de derechos de acceso y conexión a centros de datos desde 2021. Esa cifra supera ampliamente los 3,5-4 gigavatios que la Estrategia de Inteligencia Artificial calcula necesarios para 2030.
Eusebio Roza, responsable de IT en SotySolar, apunta a una segunda presión, menos comentada: el agua. “Los grandes centros de datos consumen millones de litros en sistemas de refrigeración evaporativa, en un país que ya convive con sequías estructurales”, advierte.
Según sus cálculos, Aragón podría llegar a destinar hasta la mitad de su producción energética a servidores antes de 2030. Solo Madrid concentra ya proyecciones de inversión de 23.400 millones de euros en esta infraestructura.
La respuesta del Gobierno
El Ejecutivo defiende que la norma le sirve para adelantarse a problemas ya vividos en otros países. Cita los casos de Irlanda, Singapur, Países Bajos y Estados Unidos, donde el auge de los centros de datos ha tensionado las redes eléctricas y los recursos hídricos. El objetivo declarado es elegir los proyectos que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental posible.
La norma responde además a un mandato del Real Decreto-ley 7/2026, el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Ese decreto exige acompasar el crecimiento de los centros de datos con un desarrollo proporcional de renovables. El objetivo es evitar que la nueva demanda eléctrica se cubra con más gas natural, lo que encarecería la factura de toda la industria y los hogares.
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, calificó el futuro real decreto de “fundamental” para que estas infraestructuras se implanten en España “en las mejores condiciones”. Su departamento insiste en que ni la industria ni los hogares deben notar un impacto en la factura energética.
Fuente de la imagen principal: Montaje Roams
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