Iberdrola y Endesa son juez y parte en la red de cargadores eléctricos: la CNMC lo advierte en su primer informe

El doble juego corporativo de Iberdrola y Endesa preocupa a la CNMC porque podrían discriminar a sus competidores en el mercado de la recarga eléctrica. Esta alerta surge al comprobar que ambas compañías controlan la red de distribución a la vez que operan sus propios puntos de carga. Así lo advierte el regulador en su primer informe sobre la infraestructura de acceso público para vehículos eléctricos en España.

A través de este estudio, identificado como E/CNMC/003/22, el organismo analiza la situación actual del mercado. De este modo, detecta diversos obstáculos que, de no corregirse a tiempo, podrían limitar seriamente la competencia efectiva.

El problema de ser juez y parte en la red eléctrica

El origen de la situación radica en que Iberdrola y Endesa son los principales distribuidores de electricidad en España. Controlan ese negocio regulado que lleva la luz desde las grandes líneas de transporte hasta los hogares y las empresas. Paradójicamente, esas mismas firmas son, a la vez, los dos mayores operadores de puntos de carga para vehículos eléctricos del país, con Iberdrola controlando el 22% de la red.

Ante este escenario, el conflicto que señala la CNMC resulta ser completamente estructural. Las filiales de red de Iberdrola (i-DE) y Endesa (e-distribución) son las que deciden quién se conecta a la red, en qué condiciones y a qué precio. Por tanto, competidores como Repsol, Wenea, Tesla o cualquier operador independiente dependen de esas mismas filiales para poder instalar sus cargadores.

Aunque el regulador no acredita una discriminación consumada, sí identifica claramente los mecanismos que podrían provocarla. “Las empresas distribuidoras de electricidad tienen incentivos para explotar su posición de monopolio en la gestión de las redes en mercados relacionados”, señala el texto. A esto, el organismo añade: “Existen riesgos de que lleguen a aplicar condiciones discriminatorias en el acceso a las redes, ofreciendo peores condiciones u obstaculizando el acceso a sus competidores”.

Iberdrola copa casi el 30% de la recarga donde controla la red

Para ilustrar este contexto, el informe ofrece un dato que resume a la perfección el riesgo existente. Iberdrola Clientes acumula el 29,44% de la potencia de recarga instalada en las zonas donde opera i-DE, su filial distribuidora, logrando una cuota “significativamente superior” a la que registra en el resto del territorio. Precisamente por ello, la CNMC lo cita de forma expresa al señalar el peligro real de la integración vertical.

Esta ventaja de las distribuidoras no se limita solo a su capacidad de negar o demorar conexiones, sino que también acceden a información privilegiada que sus rivales ignoran. Conocen de primera mano la capacidad disponible en la red, las características de la demanda o los distintos perfiles de los consumidores. Esta asimetría informativa, advierte el regulador, “puede convertirse en una ventaja competitiva significativa” dentro de un mercado donde la ubicación y la velocidad de conexión resultan vitales para el éxito.

A todo esto hay que sumar un agravante crucial, que es la actual saturación de la infraestructura. Según datos de Aelec citados en el informe, el 83,4% de los nudos de la red de distribución estaban completamente colmatados en septiembre de 2025, cifra que ha seguido aumentando en 2026 hasta saturar por completo la capacidad en ciertos territorios. Cuando la capacidad escasea y su acceso supone una parte clave del coste del proyecto, el riesgo de discriminación resulta “especialmente elevado”, tal como reconoce la propia CNMC.

La regulación existe pero falla en la práctica

Sobre el papel, la normativa vigente ya obliga a separar funcionalmente la actividad de distribución de la de recarga. Además, exige que los procedimientos de acceso a la red se realicen siempre “de forma equitativa, transparente y no discriminatoria”. Sin embargo, el propio regulador admite que estas garantías presentan “una efectividad limitada en la práctica” al tratar proyectos de movilidad eléctrica.

Este fallo del sistema se debe a que los conflictos de acceso se tramitan solicitud a solicitud, mientras que los proyectos de recarga son recurrentes y sistemáticos. En consecuencia, el coste de impugnar una resolución adversa suele superar ampliamente el beneficio económico esperado para esa instalación concreta. Por ello, el informe señala que algunos operadores “pueden optar por no recurrir a los mecanismos de solución de diferencias por si esto de alguna manera pudiera hacer menos fluida su relación con los gestores de las redes con los que interactúan de manera repetida”.

En otras palabras, la realidad del día a día impone sus propias reglas a las empresas del sector. Denunciar a gigantes como Iberdrola o Endesa ante la CNMC puede resultarles totalmente contraproducente. Todo esto ocurre por el simple hecho de que, al mes siguiente, van a necesitar pedirles obligatoriamente una nueva conexión.

Quién controla la red de recarga en España

Más allá de este evidente conflicto de intereses, el informe revela una llamativa concentración empresarial en nuestro país. De los 129 operadores en el mapa de puntos de recarga registrados oficialmente en España, solo siete gestionan más de 1.000 puntos cada uno y concentran el 79,7% de toda la infraestructura.

Para entender mejor esta gran brecha en el mercado, basta con observar la mediana del sector, que se sitúa en unos escasos seis puntos por operador. Esto significa que más de la mitad de las empresas en activo apenas logra gestionar media docena de cargadores o menos.

Un cuarto de los cargadores lleva dos años averiado

En cuanto al estado técnico, de los 69.412 puntos registrados en el IRVE, 16.340 estaban fuera de servicio en el momento del análisis, lo que representa un alarmante 24%. Según advierte el documento oficial, esta grave situación “se ha mantenido relativamente estable desde mediados de 2023”. Es decir, casi uno de cada cuatro cargadores públicos en nuestras calles lleva dos años sufriendo averías crónicas.

Junto a las continuas roturas, se suma el problema de que la infraestructura existente se encuentra ampliamente infrautilizada. Las tasas de uso en los puntos de recarga de acceso público se sitúan “en su mayoría por debajo del 1%”. De hecho, un ínfimo 2,4% de los cargadores totales logra registrar tasas de utilización superiores al 10%, con el 60% de los puntos concentrados en solo cuatro comunidades.

La CNMC pide poderes de investigación de mercados

Como posible solución, el regulador propone al Gobierno que le dote de “una nueva herramienta de investigación de mercados” para actuar donde las defensas tradicionales resulten insuficientes. El modelo a seguir serían las market investigations de la Competition and Markets Authority (CMA) británica. También se fijan en los poderes similares que países como Italia o Alemania, que los amplió en marzo de 2026, han concedido recientemente a sus autoridades.

Gracias a este nuevo mecanismo, la CNMC podría actuar firmemente tras una investigación de entre 12 y 24 meses dotada con todas las garantías procedimentales. Así podría imponer remedios estructurales o conductuales vinculantes a los distintos operadores. Asimismo, le permitiría formular recomendaciones concretas a las administraciones públicas, quienes estarían obligadas a justificar públicamente su decisión en caso de no querer seguirlas.