DIGI vende fibra a 10 euros y los operadores locales dicen que es imposible competir con eso: ahora decide la CNMC

La guerra de las telecomunicaciones en España acaba de subir de nivel. Acutelan, la asociación que agrupa a cientos de operadores locales, ha solicitado a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la apertura de un expediente informativo a DIGI.

El motivo es claro: acusan a la operadora de origen rumano de fijar “precios predatorios”, es decir, tarifas situadas por debajo de su coste variable que ningún competidor igualmente eficiente podría sostener sin incurrir en pérdidas estructurales, con el objetivo de ahogar y eliminar al resto de empresas.

La supervivencia de los pequeños operadores, en el aire

El mercado español está cada vez más concentrado. Mientras Telefónica, MasOrange, Vodafone y DIGI acaparan ya más del 84% de los ingresos y otras marcas como simyo, O2 y Jazztel lanzan las denominadas tarifas anti-DIGI, las telecos regionales se quedan sin margen de maniobra frente a ofertas imposibles de igualar.

“Esta denuncia refleja la creciente tensión en el mercado español, donde la presión de precios está llevando al límite a muchos operadores, especialmente a los más pequeños, incapaces de competir con compañías como DIGI”, explica Ana de la Torre, experta en Telefonía de Roams.

El foco principal del conflicto está en la gama Fibra Smart de la compañía, concretamente en sus agresivas opciones de 500 Mbps y 750 Mbps, que parten de los 10 euros.

Acutelan defiende que competir en precio es totalmente legítimo siempre que se base en la eficiencia técnica, pero advierte que las ofertas de DIGI solo se sostienen provocando pérdidas estructurales insoportables para cualquier otro rival.

Qué exige Acutelan al regulador

Para frenar esta situación, la asociación presidida por Juan Antonio Rodríguez no ha pedido simplemente una sanción, sino una auditoría profunda de las cuentas de la operadora.

Han solicitado a la CNMC tres pasos fundamentales:

• Apertura de un expediente de investigación: para comprobar si las tarifas de DIGI logran cubrir realmente sus costes.
• Transparencia de datos internos: solicitan acceso a condiciones reales de red, costes de servicio y captación de clientes.
• Medidas provisionales: solicitan que el regulador valore una intervención proporcionada si aprecia riesgo de daño competitivo irreversible durante la tramitación, no como sanción anticipada sino como instrumento de prudencia regulatoria.

Pan para hoy, ¿precios altos para mañana?

Para el usuario, pagar en torno a 10 euros por la fibra resulta muy atractivo. La propia Ana de la Torre reconoce que estas ofertas “han contribuido a reducir precios en todo el sector”.

Sin embargo, el riesgo está en el medio plazo. Si estas estrategias eliminan a parte de la competencia, el mercado podría perder dinamismo. Una menor competencia suele traducirse en menos presión para mantener precios bajos.

La experta lo resume con claridad: “el peligro es que, una vez debilitado el ecosistema de operadores locales, el ajuste de precios deje de beneficiar al consumidor”.

El debate refleja una tensión clásica en sectores muy competitivos: precios bajos que benefician hoy al usuario frente a dudas sobre la sostenibilidad del modelo a largo plazo.

Ahora la pelota está en el tejado de la CNMC. El regulador deberá decidir si admite a trámite la denuncia y analiza en profundidad la estructura de costes de DIGI, en una decisión que podría marcar el futuro de las tarifas low cost en España.