Iberdrola, Endesa y Naturgy reabren la batalla fiscal nuclear tras salvar Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy han reabierto la batalla por la fiscalidad nuclear apenas unos días después de lograr la prórroga de la central de Almaraz hasta 2030. El sector reclama ahora rebajar una factura fiscal que ronda los 1.500 millones de euros al año entre impuestos y tasas.

Las tres eléctricas habían renunciado a exigir cambios fiscales como condición para lograr la extensión de los dos reactores extremeños. Con la prórroga ya en el BOE, el sector ha vuelto a poner la fiscalidad nuclear encima de la mesa.

Foro Nuclear pide revisar la fiscalidad del sector

El Gobierno renovó el 14 de agosto la autorización de explotación de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. La decisión llega a través de la Orden TED/864/2026, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.

Ese mismo día, Foro Nuclear —la patronal del sector, dominada por Iberdrola, Endesa y Naturgy— publicó un comunicado sobre la decisión. En él pedía aprovechar los próximos cuatro años para revisar “las condiciones regulatorias, económicas y tributarias” que permiten la continuidad de la energía nuclear.

La presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, defendió la decisión señalando que Almaraz “aporta potencia firme, síncrona e inercial, y refuerza la autonomía energética frente a los combustibles fósiles”. Ugalde añadió que la central demuestra el valor de “una energía nuclear segura, libre de emisiones, competitiva y complementaria a las energías renovables”.

Cuánto pagan las nucleares en impuestos

La factura fiscal del sector se compone de varios conceptos: el impuesto sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, la tasa Enresa para su gestión, y gravámenes autonómicos como la ecotasa extremeña. Según fuentes del sector consultadas por CincoDías, la suma de todos estos conceptos ronda los 1.500 millones de euros al año para las siete centrales españolas.

La condición que impuso el Gobierno para la prórroga

Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron la extensión de Almaraz en octubre de 2025 sin plantear cambios fiscales como condición. El Ministerio para la Transición Ecológica fijó una línea roja: la prórroga no podía suponer ningún coste para el contribuyente. Las eléctricas aceptaron esa condición para asegurar la continuidad de la central, aunque nunca renunciaron a plantear la revisión fiscal una vez lograda la extensión.

El sector se apoya en informes de consultoras como PwC, EY y Nera Consulting, que sitúan la carga fiscal de las nucleares como inviable para su operación a largo plazo. El Ejecutivo de coalición no ha asumido este planteamiento, aunque sí ha calado entre los partidos de la oposición.

El precedente de Valencia y Extremadura

La Comunidad Valenciana, gobernada por PP y Vox, eliminó en 2025 la ecotasa autonómica que paga la central de Cofrentes, propiedad de Iberdrola. En Extremadura, Vox condicionó su apoyo a los presupuestos autonómicos a que María Guardiola rebajara la fiscalidad de Almaraz. La presidenta popular prometió en octubre de 2025 reducir la ecotasa progresivamente hasta la mitad en 2029.

El calendario comprometido contempla una rebaja de 25 millones de euros en 2027, 50 millones en 2028 y 74 millones en 2029, unos 147 millones en total. Sin embargo, la rebaja fiscal que Guardiola prometió en octubre de 2025 seguía sin aprobarse formalmente en agosto de 2026, según la información disponible hasta la fecha.

La estrategia a largo plazo: 2027 y el resto del parque

El objetivo del sector va más allá de Almaraz. Las eléctricas esperan superar esta primera prórroga para plantear en 2027 la ampliación del resto del parque nuclear español, cuyo cierre escalonado está previsto entre ese año y 2035. Las elecciones generales de 2027 determinarán qué Gobierno afronta esa decisión.

El Partido Popular reclamó, tras la prórroga de Almaraz, la cancelación urgente del calendario de cierre de toda la flota nuclear, incluidas las centrales de Cofrentes y Trillo. Vox fue más allá y presentó en el Congreso una Proposición no de Ley en la que instaba al Gobierno “a poner fin a la imposición de gravámenes fiscales como la ‘Tasa Enresa’ o los impuestos especiales que impactan directamente en el precio de la electricidad para las familias y la industria”, además de “promover los mecanismos oportunos para tratar de eliminar la fiscalidad especial impuesta por las administraciones territoriales”.

No es la primera vez que la fiscalidad nuclear topa con un veto. El 13 de octubre de 2025, el Gobierno vetó la tramitación parlamentaria de la proposición de ley remitida por la Asamblea de Extremadura —impulsada por Vox y respaldada por el PP— para rebajar la tasa Enresa. Lo hizo al amparo del artículo 134 de la Constitución, por implicar una pérdida de ingresos públicos.

La reforma energética de 2013, impulsada por Alberto Nadal como secretario de Estado de Energía, introdujo los tributos que hoy pagan las nucleares por el combustible gastado y los residuos radiactivos. Nadal es hoy el responsable de Energía del PP desde la oposición. El sector recuerda además que la situación actual es distinta a la de 2013, cuando el déficit del sistema eléctrico llegó a rozar los 30.000 millones de euros; en 2026 esa partida está prácticamente controlada.

Los vínculos de Vox con el sector nuclear

Las competencias energéticas dependerían del PP en caso de un cambio de Gobierno. Aun así, en el sector se confía sobre todo en la capacidad de presión de Vox, como ya ocurrió en Extremadura y la Comunidad Valenciana. Todas las encuestas conocidas, salvo la del Centro de Investigaciones Sociológicas, sitúan como posible un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo con el apoyo parlamentario de Santiago Abascal.

Endesa, propiedad de la italiana Enel y controlada por el Estado que preside Giorgia Meloni, ha sido una de las compañías más activas en defender la ampliación nuclear. Meloni mantiene trato directo con Abascal, y ambas formaciones están hermanadas a escala europea; el consejo de administración de Endesa incluye además al consejero independiente Guillermo Alonso, abogado considerado próximo al líder de Vox.

Vox alinea su defensa de la energía nuclear con la de gobiernos afines como el de Donald Trump en Estados Unidos. Las eléctricas recuerdan que la central gemela de Almaraz en territorio estadounidense tiene autorización para funcionar hasta los 80 años, frente a los 47 que marca el actual calendario de cierre español.