La prórroga de Almaraz reabre el debate: qué pasa ahora con el calendario de cierre de nucleares

La reciente ampliación de la vida útil de la central de Almaraz ha sembrado dudas sobre el futuro energético de España y ha puesto en entredicho la firmeza del calendario de cierre nuclear pactado en 2019.

Aunque el Gobierno aprobó que esta instalación siga hasta el 8 de junio de 2030, este movimiento genera gran incertidumbre sobre el resto del parque atómico nacional.

En concreto, la orden publicada en el BOE el 14 de agosto otorga 31 meses más a la Unidad I y 19 meses a la Unidad II, abriendo la puerta a posibles replanteamientos en otras plantas del país.

Esta decisión altera la hoja de ruta inicial y reabre el debate sobre si España será capaz de mantener su plan de desmantelamiento atómico tal y como estaba diseñado, o si por el contrario nos encontramos ante el primer paso de un retraso generalizado.

Qué autoriza exactamente la orden del Gobierno

Para comprender esta situación de impás es necesario observar los pasos administrativos que nos han traído hasta aquí. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya había allanado el camino al emitir un informe favorable a mediados de julio.

Este aval del CSN estuvo respaldado por la supervisión continua de la central. La luz verde respondía a una petición formalizada en octubre de 2025 por Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), sociedad formada por Iberdrola, Endesa y Naturgy.

De no haberse aprobado este trámite, el plan original obligaba a clausurar la primera unidad en noviembre de 2027 y la segunda en octubre de 2028.

Frente a las alarmas generadas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) insiste en que la extensión es una medida excepcional para Almaraz. Aseguran que el apagón definitivo sigue fijado inamoviblemente para 2035.

Así queda el calendario de cierre nuclear

Esa meta de 2035 pertenece al gran acuerdo alcanzado hace siete años, el cual diseñaba una desconexión escalonada de los siete reactores españoles.

Tras este último ajuste, el año 2030 se perfila como un ejercicio crítico. Apagarán sus reactores las dos unidades de Almaraz a principios de junio, seguidas de Ascó I en octubre y Cofrentes en noviembre.

El proceso continuará teóricamente en 2032 con la clausura de Ascó II y concluirá en 2035 con la bajada de persiana de Vandellós II en febrero y de Trillo en mayo. El Ejecutivo central se aferra a que este esquema permanece firme a pesar del salvavidas otorgado a la planta extremeña.

Sin embargo, la realidad administrativa invita a pensar en futuros escollos muy similares al que acabamos de presenciar. Las licencias de explotación actuales de Ascó II y Vandellós II caducan en 2031 y 2030 respectivamente.

Al expirar antes de sus fechas definitivas de defunción, ambas instalaciones necesitarán negociar renovaciones adicionales para alcanzar los plazos estipulados, sumando más interrogantes a la ejecución de este calendario.

El impacto en renovables y en el uso de gas

Toda esta incertidumbre sobre las fechas tiene una traducción directa en el mix energético nacional. Mantener activa la planta cacereña hasta 2030 alterará el escenario delineado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

El texto gubernamental calcula que esta medida reducirá un 1,4% la generación renovable y un 7% el uso de gas en ciclos combinados. Lejos de ver un problema, Red Eléctrica garantiza que este respaldo nuclear aporta firmeza al suministro sin poner en peligro las metas verdes.

Almaraz, la mayor aportación nuclear del país

Detrás de estas prórrogas y de la resistencia a apagar los reactores se encuentra el peso específico que tienen estas gigantescas infraestructuras en el día a día.

La central de Cáceres genera por sí sola más del 7% de toda la electricidad consumida en España, una cantidad capaz de abastecer a unos cuatro millones de hogares.

Además, sus dos unidades operativas desde 1983 y 1984 cuentan con la máxima distinción de excelencia operativa otorgada por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares bajo la calificación WANO 1.

A este músculo energético se suma una fuerte huella económica. La sociedad operadora CNAT invierte alrededor de 50 millones de euros anuales en la modernización de los equipos, mientras que la instalación aporta 435 millones anuales en impuestos.

Según las cifras manejadas por la patronal CEOE, la supervivencia de esta planta representa más de un 5% del Producto Interior Bruto de Extremadura. Este dato explica gran parte de los temores locales ante su cierre.

Un debate que tensiona a Gobierno y sector

Con tantos intereses cruzados, el fantasma de nuevas prórrogas ha desatado una tormenta política e industrial. Dentro del propio Gobierno de coalición se ha abierto una brecha evidente después de que Sumar acusara al PSOE de ceder ante las empresas energéticas y de arrinconar las prioridades medioambientales.

Desde el ámbito ecologista se teme que la excepción extremeña se convierta en norma. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace, ha tachado la decisión de error histórico y alerta del temido efecto dominó sobre los cierres del resto del país.

La organización se apoya en un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que advierte de un sobrecoste de 3.831 millones de euros para familias y empresas hasta 2033.

Este mismo informe alerta del riesgo que corren inversiones valoradas en 26.130 millones de euros, las cuales estaban destinadas al desarrollo de energías renovables y sistemas de almacenamiento.

Profundizando en los números, el director de la cátedra de Transición Energética de la URJC, Eloy Sanz, ofrece una visión llena de matices sobre la permanencia de la central.

Aunque reconoce un impacto positivo a corto plazo para la estabilidad eléctrica, avisa de que a medio plazo la medida podría resultar contraproducente y encarecer la factura de la luz.

Mientras tanto, el sector empresarial presiona en la dirección opuesta. La CEOE exige que el futuro atómico español se debata con una visión estructural a largo plazo y no mediante continuos parches individuales.

Grandes compañías como Iberdrola ya habían dejado claras sus intenciones a finales de febrero de 2026. Anunciaron que solicitarán extender la vida útil de todos sus reactores, defendiendo que pueden operar hasta los 60 o incluso 80 años.

En esta misma línea se mueve la patronal catalana Foment del Treball. Exigen aplicar el mismo criterio de flexibilidad a las plantas de Ascó y Vandellós para no privar a la industria de una energía estable y libre de emisiones.

En definitiva, todas las miradas apuntan ahora a los próximos años. El Gobierno deberá someter a revisión el PNIEC y enfrentarse, de una vez por todas, al verdadero examen sobre la viabilidad del apagón nuclear en España.