El Gobierno suaviza el decreto de centros de datos: más plazo, pero desconexiones sin compensación

El Gobierno ha suavizado las exigencias del decreto de centros de datos tras recibir más de 600 alegaciones y analizar el informe de la CNMC. El nuevo texto, remitido al Consejo de Estado, amplía de 1 a 10 MW el umbral de aplicación y concede hasta 2031 para cumplir con el 80% de consumo renovable hora a hora. Sin embargo, esta moratoria tiene una contrapartida: los centros que se acojan deberán aceptar que Red Eléctrica pueda desconectarlos sin compensación económica cuando la red lo necesite.

Los cambios llegan después de que los ministerios de Transición Ecológica y de Transformación Digital revisaran las aportaciones recibidas desde que el borrador original salió a audiencia pública el 27 de agosto. Tras ese proceso, el Gobierno envió la nueva propuesta al Consejo de Estado el lunes 26 de octubre.

Qué cambia respecto al borrador de agosto

Aunque el Ejecutivo ha cedido en varios de los requisitos que planteaba inicialmente, asegura que no ha renunciado a los objetivos de la norma. Fuentes del Miteco defienden que el nuevo texto mantiene “la ambición y los elementos clave” de la propuesta original, según recogieron las agencias. Los cambios afectan tanto a los centros que deberán cumplir el decreto como a los plazos y las condiciones para hacerlo.

Con este nuevo planteamiento, la norma afectará a los centros a partir de 10 MW que todavía no estén plenamente operativos cuando entre en vigor, incluso si ya cuentan con permisos de acceso y conexión. Por su parte, el borrador de agosto ya contemplaba la obligación de comunicar datos energéticos para las instalaciones de más de 500 kW.

Cinco años más para cumplir, pero a cambio de aceptar desconexiones sin cobrar

Una de las principales concesiones del Gobierno está en los plazos. La regla general seguirá siendo que cada centro acredite que el 80% de su consumo eléctrico está cubierto, hora a hora, por energías renovables adicionales. No obstante, aquellos que se incorporen al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) de Red Eléctrica dispondrán de un periodo de adaptación de cinco años, hasta 2031.

Durante ese tiempo, las exigencias aumentarán progresivamente. Hasta el 31 de diciembre de 2028, estos centros solo tendrán que acreditar un 60% de renovables en las horas punta (P1). A partir del 1 de enero de 2029, el porcentaje exigido en esas mismas horas subirá al 70%.

Desde 2029 también tendrán que cumplir un porcentaje mínimo de renovables en las horas llano (P2), aunque las informaciones publicadas no coinciden en la cifra. La Vanguardia, que asegura haber tenido acceso al documento enviado al Consejo de Estado, sitúa la exigencia en el 70%, mientras que El País la rebaja al 60%. Por ahora, el texto no se ha hecho público.

Pero esa flexibilidad no sale gratis. A cambio de disponer de más tiempo, los centros deberán aceptar que Red Eléctrica pueda interrumpir su suministro sin pagarles ninguna compensación cuando las necesidades del sistema lo requieran. La diferencia respecto a las grandes industrias es importante: estas sí reciben una remuneración por participar en el SRAP, mientras que los centros de datos no cobrarán y serán los primeros en ser desconectados.

El Gobierno defiende esta prioridad para evitar que los cortes afecten antes a otros consumidores. Según sus fuentes, “el primero que se va a desconectar no es la industria tradicional que ya teníamos ni los consumidores domésticos, sino el centro de datos”.

Más facilidades para contratar renovables: 36 meses y la solar sin límite

El Ejecutivo también ha flexibilizado las condiciones para que los centros puedan acreditar el origen renovable de la electricidad que consumen. Hasta ahora, el borrador establecía que una planta solo podía considerarse adicional si había entrado en servicio como máximo 18 meses antes que el centro de datos. El nuevo texto duplica ese margen hasta los 36 meses, lo que permite recurrir a instalaciones con más antigüedad.

La energía fotovoltaica contará, además, con una excepción: sus plantas no tendrán ese límite de antigüedad, siempre que no tuvieran firmado un contrato de compra de energía (PPA) a plazo cuando entre en vigor la norma. También se permitirá utilizar baterías, de manera que los centros puedan almacenar la electricidad solar producida durante las horas centrales del día y consumirla por la noche.

Esta flexibilización va en línea con las observaciones de la CNMC. En su informe del 22 de septiembre, el regulador recordó que durante el primer semestre de 2026 se acumularon casi 600 horas con precios negativos de la electricidad. Además, propuso ampliar el plazo de 18 meses tomando como referencia el reglamento europeo de combustibles renovables de origen no biológico, que establece un margen de 36 meses.

El Gobierno también relaja los requisitos de eficiencia y soberanía digital

Las modificaciones no se limitan al suministro eléctrico. En materia de eficiencia energética, el límite transitorio de PUE pasa de 1,15 a 1,25, según El Mundo. El Miteco establecerá además una metodología de cálculo adaptada a las distintas zonas climáticas de España. La CNMC ya había pedido flexibilizar este indicador al considerar demasiado rígido exigir su cumplimiento al mismo tiempo que el WUE.

En cambio, el Gobierno no ha modificado las exigencias relacionadas con el consumo de agua. Los centros deberán seguir cumpliendo el nivel más alto del etiquetado europeo de eficiencia hídrica (WUE).

También se han ajustado las obligaciones relacionadas con la soberanía digital. La exigencia de mantener los datos dentro de la Unión Europea quedará vinculada a los sistemas públicos clasificados en la categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad. Los metadatos y la telemetría estarán excluidos y se permitirá el acceso remoto desde terceros países cuando resulte imprescindible.

El nuevo umbral de 10 MW deja fuera a los proyectos más pequeños

La ampliación del umbral de aplicación tiene consecuencias directas para algunos proyectos. Es el caso de la plataforma aDi Data Center Euskadi, impulsada por el Gobierno vasco, que ya cuenta con un centro de 2 MW en Abanto-Zierbena (Bizkaia) y prevé abrir otro de 3 MW en Mondragón (Gipuzkoa) en 2027, además de desarrollar un tercer nodo en Álava.

Los dos primeros centros quedan por debajo de los 10 MW establecidos en el nuevo texto, por lo que no alcanzan el umbral de aplicación del decreto.

La situación es distinta para las grandes instalaciones. El centro de datos que Merlin Properties desarrolla en Arasur (Álava), con más de 300 MW y una inversión cercana a los 1.000 millones de euros, seguirá afectado por las exigencias de la norma.

El sector sigue rechazando la obligación de consumir renovables hora a hora

Los cambios introducidos por el Gobierno no han resuelto el principal enfrentamiento con el sector. Las empresas siguen considerando imposible cumplir la exigencia de cubrir su consumo eléctrico con renovables hora a hora, ya que las obligaría a sobredimensionar los parques eólicos y fotovoltaicos asociados a sus instalaciones.

El posible impacto sobre las inversiones es una de sus mayores preocupaciones. La patronal SpainDC ya había advertido de una huida masiva de capital si no se modificaba este requisito: según sus cálculos, podría perderse entre el 80% y el 90% de la nueva inversión prevista, que estima en 66.900 millones de euros hasta 2030.

Frente a estas críticas, el Gobierno sostiene que está justificado aplicar unas condiciones distintas a las de otros grandes consumidores eléctricos. Su argumento es que los centros de datos mantienen un consumo constante, independientemente del precio de la electricidad, y que sus solicitudes ya alcanzan los 12 GW de capacidad reservada en la red.

El Gobierno quiere aprobar el decreto antes del 29 de noviembre

Pese a las modificaciones y al rechazo que todavía genera la norma, el Ejecutivo mantiene su calendario. Su objetivo es que el real decreto pueda aprobarse en el Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Para ello necesita primero el dictamen del Consejo de Estado, al que ha remitido la propuesta con carácter de urgencia, según fuentes del sector.

Si los plazos impidieran completar la tramitación a tiempo, fuentes del Gobierno aseguran que solicitarían un informe a la Abogacía del Estado para poder aprobar la norma con el Ejecutivo en funciones. Mientras tanto, el Gobierno de Aragón volvió a pedir el 22 de octubre que se congelara el decreto hasta después de las elecciones.