“No le pongamos puertas al campo”: Iberdrola, Engie y Endesa cargan contra el decreto de centros de datos

El consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, ha calificado de decisión ideológica el decreto que exige a los centros de datos cubrir con renovables el 80% de su consumo, verificado hora a hora. La crítica llegó durante la primera jornada del XI Foro Energía, organizado por El Economista, y otros directivos del sector coincidieron en rechazar el texto.

El aviso llega en la recta final de la tramitación, ya que el plazo de audiencia pública se cerró ayer. SpainDC, la patronal del sector, calcula que el decreto podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión en centros de datos que hoy podría elegir España como destino, sobre una previsión de 66.900 millones de euros de inversión acumulada hasta 2030.

Qué exige el nuevo decreto a los centros de datos

El proyecto de Real Decreto estuvo en audiencia pública hasta el 10 de septiembre, tras una ampliación de seis días sobre el plazo inicial. El texto obliga a los grandes centros de datos a cubrir el 80% de su consumo eléctrico anual con energía renovable nueva, mediante autoconsumo o contratos de compra a productores españoles. Ese mismo porcentaje debe cumplirse también hora a hora: en cada franja horaria, la generación renovable asociada al centro tiene que cubrir al menos el 80% de lo que consume en ese momento. El requisito solo desaparece si la cuota renovable del sistema eléctrico nacional superó el 90% dos años antes.

El texto añade límites de eficiencia: un PUE máximo de 1,15 y un WUE máximo de 0,1 hasta agosto de 2027. Después de esa fecha, la exigencia se alineará con la clasificación más alta del etiquetado europeo. El Gobierno ya ha preconcedido más de 12 GW de capacidad de acceso a centros de datos, muy por encima de los 2,5 GW que preveía para 2030 la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024.

Endesa ve el decreto como una decisión ideológica

Armani sostuvo que los centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial generan “miedo” en la sociedad, pero defendió que frenarlos bloqueando infraestructuras es “claramente imposible”. Para el consejero delegado de Endesa, si el mundo necesita esta tecnología y Europa busca más independencia en un contexto menos globalizado, “es necesario tener estas infraestructuras aquí”.

Armani asumió la dirección de Endesa en abril, en sustitución de José Bogas. Su intervención en este foro es una de sus primeras posiciones públicas sobre regulación energética desde que tomó el cargo.

Iberdrola y Engie también rechazan las exigencias

Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, calificó los centros de datos de “necesidad esencial” y “estratégica” para el país. El directivo advirtió, no obstante, de que imponer condiciones contradictorias a la electrificación podría convertirse en “un gran obstáculo” para ese objetivo.

Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España, fue tajante: las condiciones planteadas hacen “prácticamente inviables desde un punto de vista físico” los nuevos centros de datos. Solo sobrevivirán los operadores con compromisos de sostenibilidad muy altos, advirtió, lo que en la práctica reduce el número de proyectos que podrán instalarse en España.

El riesgo de que los proyectos se vayan a Francia o Portugal

Ruiz-Tagle avisó de que, si los centros de datos no se instalan en España, se ubicarán igualmente en Francia o Portugal, “bien pegadito a la frontera”. Consumirán, dijo, la misma energía española que hoy se exporta a esos países. “No le pongamos puertas al campo”, resumió el consejero delegado de Iberdrola España, para quien esta tendencia mundial no se va a detener aunque el decreto endurezca las condiciones en España.

El directivo añadió que, sin ejecución real de los proyectos anunciados, “se va a seguir hablando de teoría de crecimiento, no de realidad”.

Plazos ajustados y consulta pública que cierra hoy

La audiencia pública del proyecto se abrió el 27 de agosto y el Gobierno amplió su cierre del 4 al 10 de septiembre, a petición del propio sector. SpainDC, la patronal del sector, ha cuestionado además el plazo de seis meses que concede la norma a las instalaciones ya en desarrollo para adaptarse a los nuevos requisitos, por considerarlo insuficiente para proyectos que llevan años de tramitación.

Los permisos ya otorgados pero todavía sin conectar a la red tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos, o podrán renunciar sin penalización en ese plazo. Las solicitudes que sigan en tramitación disponen de solo tres meses para acreditar el cumplimiento.

SpainDC calcula que, de aprobarse el decreto en sus actuales términos, podría ponerse en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión en centros de datos que hoy podría elegir España como destino, sobre una previsión de 66.900 millones de euros de inversión acumulada hasta 2030. Se trata, eso sí, de una estimación propia del sector y no de una previsión oficial.