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Fachada del edificio de oficinas de la operadora de fibra y móvil Finetwork con su logotipo corporativo.
Telefonía móvil

La querella penal de los socios de Finetwork contra Vodafone tiene un objetivo: forzar un acuerdo extrajudicial

  • La acusan de cuatro delitos y piden 300 millones de fianza
  • La Justicia les devolvió la sociedad, pero Vodafone conserva la marca
Andrea Benito
Andrea Benito
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La batalla entre los fundadores de Finetwork y Vodafone acaba de entrar en una fase mucho más delicada.

Mientras Vodafone lleva el conflicto hasta el Tribunal Constitucional para intentar revertir su derrota en la Audiencia Provincial, los socios originales de la operadora alicantina han respondido elevando la presión con una querella penal y una petición de responsabilidad que alcanza los 300 millones de euros.

Según han adelantado medios como El Economista y Cinco Días, un juzgado de Elda, en Alicante, ha admitido a trámite este mes de mayo la querella contra Vodafone y su CEO en España, José Miguel García.

La denuncia apunta a presuntos delitos de administración desleal, insolvencia punible, estafa procesal y delitos societarios, derivados del proceso por el que Vodafone tomó el control de la compañía para cobrarse una elevada deuda.

Sin embargo, pese a la dureza del movimiento judicial, el desenlace podría estar más cerca de una negociación que de una sentencia. Según ha revelado Alicante Plaza, el entorno de la operadora alicantina asume que esta ofensiva puede servir para forzar un pacto extrajudicial.

Una fianza de 300 millones y valoraciones bajo sospecha

El núcleo de la querella se centra en cómo Vodafone gestionó la operadora alicantina cuando asumió las riendas de Finetwork.

José Miguel García, CEO en España de Vodafone,  interviniendo en un evento corporativo bajo el lema Together we can.
Fuente: Vodafone

Según la documentación citada por Alicante Plaza, los fundadores sostienen que se tomaron decisiones que beneficiaban a la multinacional roja.

Por ello, han solicitado que se imponga a Vodafone una fianza de 300 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades, con embargo preventivo de bienes si no se abona esa cantidad.

Otro de los puntos más sensibles es el precio que se asignó a la compañía durante el proceso de reestructuración por impagos.

De acuerdo con lo publicado por Alicante Plaza y Cinco Días, la querella denuncia que el 90% de la empresa fue valorado en apenas 10 millones de euros, una cifra que los demandantes consideran alejada de la realidad patrimonial.

Este nuevo movimiento llega después de que Vodafone haya presentado un recurso para intentar revertir el fallo que le quitó Finetwork.

El problema con la marca Finetwork

La reciente anulación judicial del plan de reestructuración ha dejado a la empresa en una situación especialmente compleja.

Como explican desde Cinco Días, la Justicia ha devuelto a los socios fundadores la titularidad de Wewi Mobile, la sociedad matriz de la empresa.

Pero, al mismo tiempo, Vodafone sigue siendo la dueña legal de la marca comercial Finetwork desde el pasado mes de abril.

Esto genera una paradoja relevante: los propietarios de la sociedad no podrían usar su propio nombre comercial para vender fibra o móvil.

Para frenar esta situación, y apoyados por el bufete Sunkel&Paz, los querellantes han pedido al juez una medida cautelar contundente: prohibir a Vodafone el uso, cesión o explotación de la marca Finetwork mientras dure el procedimiento.

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La vía del acuerdo

Aunque los tribunales ya están trabajando, la salida del conflicto podría estar en los despachos. Según la información publicada por Alicante Plaza, existen conversaciones abiertas entre ambas partes desde el mismo día en que se notificó la admisión de la querella.

Fernando López, director de operaciones de Kai Capital y miembro del consejo de Finetwork, ha sido claro en declaraciones a este medio alicantino: “Estamos abocados a ir a un acuerdo”.

Apretón de manos profesional sobre una mesa con gráficos de inversión, simbolizando un acuerdo o alianza de negocios.
Fuente: Vodafone

Esta frase apunta a que la vía judicial podría actuar, al menos en parte, como una herramienta de presión para sentar a Vodafone en la mesa de negociación.

Vodafone se defiende y el mercado no se inmuta

Desde Vodafone aseguran no tener constancia oficial de la querella y consideran el movimiento precipitado.

Según declaraciones de un portavoz oficial recogidas por El Economista y Cinco Días, a la operadora le resulta llamativo que se le acuse de mala gestión justo ahora, cuando afirma haber devuelto el orden financiero y comercial a Finetwork.

Mientras tanto, los inversores parecen haber reaccionado con calma al ruido judicial. Tras saltar la noticia Zegona, el fondo británico dueño de Vodafone España, vio cómo sus acciones subían un 1,7%.

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