El Gobierno exigirá cobertura móvil antiapagón al 75%, pero no resuelve quién asumirá la inversión

El Gobierno prepara una normativa para evitar que nos quedemos incomunicados en futuros apagones. Ha fijado como objetivo obligatorio garantizar el 75% de la cobertura móvil.

Esto significa mantener la red operativa para unos 37,5 millones de personas, según los cálculos del sector, durante un mínimo de cuatro horas. Telefónica, Orange, Vodafone y Digi, como responsables de estas infraestructuras, tendrán hasta finales de 2029 o principio de 2030 para cumplir esta exigencia.

El decreto que nació del apagón

Aún tenemos reciente el gran apagón del que se ha cumplido un año en abril, un episodio que no solo dejó a oscuras nuestros hogares. En cuestión de horas, las redes de telefonía móvil también colapsaron al agotarse las baterías de respaldo en las torres.

Aquel suceso encendió todas las alarmas en el Ministerio de Transformación Digital, liderado por Óscar López. Como respuesta directa, a finales de ese mismo año se puso en marcha la tramitación del Real Decreto de Resiliencia de las Redes.

Esta nueva normativa apunta a los cuatro grandes operadores con instalaciones propias en nuestro país: Telefónica, Orange, Vodafone y Digi. Al ser los únicos gestores de infraestructura propia, recae sobre ellos la responsabilidad de instalar este respaldo energético, algo en lo que, por ejemplo, Telefónica ya trabaja con su propio plan.

Qué exigirá la nueva norma

La medida central pasa por instalar baterías que aseguren cuatro horas de funcionamiento autónomo en las torres que cubren a ese 75% de la población. Inicialmente, el borrador del Ministerio exigía llegar al 85%, pero finalmente tuvieron que rebajarlo.

El motivo de este ajuste no fue otro que el fuerte rechazo del sector, muy preocupado por el enorme impacto económico que suponía la idea original. De este modo, se ha llegado a una meta más equilibrada y asumible.

Para adaptarse a la norma, las compañías tendrán como límite finales de 2029 o principios de 2030. Al contar con casi tres años desde la entrada en vigor del decreto, podrán fraccionar cómodamente esta gran inversión a lo largo de 36 meses.

Baterías en 10.700 torres

Lograr ese 75% de cobertura no será barato, ya que requiere instalar equipos en aproximadamente 10.700 torres por cada operadora. La inversión estimada rondará los 60 millones de euros por red, según fuentes del sector.

Este presupuesto debe cubrir la compra de los equipos, su instalación inicial y, por supuesto, el mantenimiento y la reposición futura. Aun así, frente a la propuesta inicial del 85%, el cambio supone un alivio financiero importante.

La rebaja de esos 10 puntos porcentuales se traduce de forma directa en 2.100 torres menos que intervenir. En términos puramente económicos, implica un ahorro de unos 10 millones de euros para cada una de las redes involucradas.

Hay que tener en cuenta que las baterías no son instalaciones eternas, sino que tienen una vida útil de pocos años y van perdiendo capacidad. Por ello, requerirán un mantenimiento continuo para asegurar su eficacia.

Ana de la Torre, experta en telefonía de Roams, advierte: “La clave no está solo en instalar baterías, sino en mantenerlas. Si no hay revisiones periódicas, el respaldo puede fallar justo el día que haga falta”.

Para que este respaldo esté siempre listo ante cualquier corte, el operador o la empresa gestora deberá aplicar un ciclo riguroso de revisión y renovación. Solo así se garantizará la comunicación en los momentos más críticos.

¿Operadoras o empresas de torres?

Un detalle muy relevante de la normativa es que el Ministerio no especifica quién debe encargarse de hacer la instalación y asumir el coste. Esto abre dos caminos completamente distintos para resolver el desafío técnico.

La primera vía es que cada operadora compre y gestione directamente sus propias baterías. La segunda alternativa pasa por que las empresas torreras —American Tower, Cellnex, Totem y Vantage— asuman la inversión de los equipos.

Si ocurre esto último, las torreras venderían este respaldo energético como un servicio extra a las telecos que alojan en sus emplazamientos. Esto les abriría una nueva y lucrativa línea de negocio en el mercado.

Sin embargo, para las operadoras, toda esta situación sigue suponiendo un coste que consideran profundamente injusto. Su argumento recurrente es que la responsabilidad de garantizar la energía debería ser de las eléctricas y no de las telecomunicaciones.

A pesar de las quejas persistentes, la rebaja de los objetivos y la flexibilidad de plazos han conseguido calmar un poco los ánimos. Las medidas se aceptan ahora con resignación, mostrando mucha menos resistencia que frente al borrador original.

De la Torre concluye que “el reto será decidir qué zonas quedan dentro de ese 75%. No es lo mismo cubrir población en grandes ciudades que asegurar comunicaciones en áreas rurales o carreteras durante una emergencia”.