Un año del apagón: 666 millones de factura extra, 55 expedientes y la culpa camino de los tribunales

Mañana se cumple un año desde que el gran apagón del 28 de abril de 2025 dejara a oscuras a millones de personas en España y Portugal. Hoy seguimos sin responsables oficiales, pero pagando la luz más cara por las medidas de refuerzo. Mientras tanto, una guerra silenciosa se libra entre el Gobierno, Red Eléctrica y las grandes compañías energéticas.

Tres informes oficiales han intentado explicar qué pasó realmente ese día. Primero lo hizo el Gobierno español, que publicó un análisis sobre el apagón y actualizó la Estrategia de Seguridad Energética. Después fueron los expertos europeos quien destaparon los fallos de aquel día. Por último, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso bajo la lupa a las eléctricas. Al final, todos han llegado a la misma conclusión: fue una “tormenta perfecta”.

Al no haber suficiente energía tradicional de respaldo, como la generada por centrales nucleares o de gas, la red no soportó el fallo en cadena. A día de hoy, nadie quiere asumir la culpa, pero todos se acusan mutuamente en privado y en comisiones políticas.

Intervención secreta y multas millonarias

Aunque no hay un único culpable oficial, el regulador español ha decidido pasar a la acción. La CNMC ha abierto 55 expedientes para investigar y sancionar a las diferentes empresas implicadas en el desastre.

Las investigaciones catalogadas como “muy graves” apuntan directamente a Red Eléctrica (el gestor de la red) y a las centrales nucleares de Almaraz y Trillo. Las multas por estas supuestas infracciones podrían alcanzar los 60 millones de euros.

La tensión y el caos fueron tan grandes en las horas posteriores al apagón que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuvo que intervenir. Los servicios de inteligencia registraron las sedes de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol para descartar rápidamente la hipótesis de un ciberataque.

Los audios del pánico y la guerra en los tribunales

La guerra mediática entre Red Eléctrica y las empresas privadas ha terminado estallando de forma pública. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, acusó a las grandes eléctricas de no aportar la estabilidad necesaria, ironizando con que no se habían “tomado la pastilla de la tensión”.

El ambiente se volvió aún más tóxico con la filtración a la prensa de audios internos de los técnicos operando durante el apagón, ampliamente difundidos durante la comisión de investigación del Senado.

En esas grabaciones se escucha el pánico real de los trabajadores viendo caer el sistema en tiempo real, gritando frases como: “A tomar por culo, nos estamos desconectando”.

Las declaraciones públicas de Corredor en distintos foros llevaron finalmente a Iberdrola a demandarla personalmente, convirtiendo el enfrentamiento sectorial en un litigio judicial abierto.

Las grandes cifras que deja la crisis energética

Para entender la magnitud del problema un año después, estos son los datos clave sobre la mesa:

• 55 expedientes: el número de investigaciones abiertas por Competencia a las empresas energéticas.
• 60 millones de euros: la multa máxima que podrían pagar Red Eléctrica o las nucleares por infracciones “muy graves”.
• 666 millones de euros: el sobrecoste acumulado por mantener el ‘modo reforzado’ activo.
• 27,6 euros/MWh: el pico histórico en el coste de los servicios de ajuste alcanzado en marzo, casi un 74% más que el año anterior.

Lejos de resolverse con transparencia, la culpa final parece que se decidirá a puerta cerrada. Se esperan reclamaciones millonarias en los tribunales tanto a nivel nacional, por parte de empresas como Repsol, como a nivel internacional desde Francia y Portugal.