El Banco de España multa a CaixaBank y Sabadell por dar créditos que no debían y atar seguros a las hipotecas

El Banco de España ha sancionado a CaixaBank con 25 millones de euros y al Banco Sabadell con otros 16,5 millones por “infracciones muy graves” cometidas con un amplio número de clientes en sus préstamos. Las dos multas suman 41,5 millones de euros y son el grueso de las sanciones del organismo supervisor en 2025, según adelanta El Mundo.

Así lo recoge la Memoria de Actuaciones de 2025 que el gobernador, José Luis Escrivá, ha remitido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

CaixaBank: fallos en el principio de préstamo responsable

El Consejo de Gobierno del Banco de España considera acreditado que CaixaBank no contaba con políticas y procedimientos suficientes para garantizar el llamado principio de préstamo responsable. Esta norma obliga a los bancos a comprobar que la cuota de un crédito no comprometa de forma notoria los gastos cotidianos del prestatario y de su familia.

El propio supervisor describe el incumplimiento en estos términos: “CaixaBank no cuenta con políticas y procedimientos suficientes para asegurar el cumplimiento del principio de préstamo responsable consistente en que la atención del servicio de las deudas del prestatario no suponga una limitación notoria para cubrir decorosamente con sus gastos de vida familiares”. La sanción se agrava, según el organismo, por el “número de operaciones afectadas”.

CaixaBank, presidida por Tomás Muniesa, ha recurrido la multa ante el Ministerio de Economía, que aún no se ha pronunciado. El detalle no es menor: el Estado, a través del propio Ministerio, es el segundo accionista del banco por detrás del grupo la Caixa, lo que sitúa al Gobierno en la doble posición de árbitro del recurso y de socio relevante de la entidad sancionada.

Banco Sabadell: ventas vinculadas prohibidas en hipotecas

La sanción al Banco Sabadell, presidido por Josep Oliu, se centra en su negocio de crédito inmobiliario. El supervisor concluye que la entidad catalana ha incumplido la Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario al condicionar la concesión de hipotecas a la contratación de productos accesorios y al no actuar de forma imparcial respecto a los intereses de sus clientes.

El informe es contundente al describir la conducta: “La entidad ha incurrido en incumplimientos de las obligaciones previstas en la ley relativas a la realización de prácticas de venta vinculada prohibidas por la norma y el deber de actuar de manera imparcial respetando los intereses de sus clientes, incumplimientos que resultan especialmente relevantes en atención al número de operaciones afectadas y a la reiteración de la conducta”.

En este caso el Ministerio de Economía ya ha resuelto en contra del banco. Disconforme, el Sabadell ha llevado el asunto a la vía contencioso-administrativa, una pelea judicial que puede prolongarse durante meses.

Cuánto tendría que pagar cada banco y cuándo

El desglose de las dos sanciones publicado por el Banco de España es el siguiente. Ambas entidades rechazan las irregularidades y confían en que sus recursos prosperen, por lo que ninguno de los importes está aún ingresado.

Un año récord para las sanciones de Escrivá

2025 es el primer ejercicio completo de José Luis Escrivá al frente del Banco de España y se ha saldado con un giro brusco en la actividad sancionadora. En materia de protección del cliente bancario y lucha contra el intrusismo, el supervisor impuso multas por valor de 43 millones de euros, frente a apenas 2,5 millones en 2024, lo que supone multiplicar por 17 la cifra del año anterior en esos dos ámbitos. No es el total de toda la actividad sancionadora del Banco de España, sino el importe concentrado en las dos áreas que el propio organismo destaca en su Memoria.

Conviene distinguir dos cifras que a veces se confunden. Por un lado, los doce expedientes que en 2025 terminaron en “infracciones muy graves”, que son los que desencadenan los importes más altos y que afectan a 52 expedientados en total: 32 personas físicas y 20 jurídicas. Por otro, los siete expedientes sancionadores que el Banco de España considera “resueltos” durante el ejercicio, dos de ellos en el ámbito de la protección del cliente bancario y correspondientes precisamente a CaixaBank y Sabadell. Solo dos de las sanciones del año adquirieron firmeza completa, por un importe conjunto de 740.000 euros; el resto sigue pendiente de recurso.

Otras multas relevantes del informe

Aunque el grueso del importe se concentra en CaixaBank y Sabadell, la Memoria detalla otros expedientes que retratan el endurecimiento de la vigilancia sobre tasadoras, intrusos y firmas tecnológicas que rozan la actividad bancaria.

• Valoraciones Mediterráneo: 210.000 euros a la sociedad de tasación por deficiencias en su organización administrativa, técnica y de control interno. Además, 12.000 euros a cada uno de su presidente, Fernando Reverte Lledó, su consejero delegado, Fernando Reverte Sánchez, y su director general, Miguel Ángel Castillo.
• Depasify: 240.000 euros para esta tecnológica por obstaculizar una inspección. Según el supervisor, “la referida sociedad no facilitó ni en plazo ni toda la información requerida por el Banco de España en el marco de una inspección” destinada a comprobar si invadía actividades reservadas a las entidades de crédito.
• José Ignacio Rodríguez Pascual: 500.000 euros, la sanción individual más alta del año. Se desglosan en 100.000 por obstaculizar la inspección del Banco de España y 400.000 por realizar actividades bancarias sin autorización.

Qué significa esto para el cliente bancario

Las dos sanciones a CaixaBank y Sabadell se enmarcan en una línea clara del Banco de España: vigilar con más dureza la concesión de préstamos al consumo y de hipotecas, donde el principio de préstamo responsable y la prohibición de la venta vinculada son las dos grandes salvaguardas legales del cliente. Que el supervisor haya elevado a “muy graves” incumplimientos masivos en dos entidades sistémicas marca un antes y un después en la aplicación de estas normas.

Mientras los recursos se resuelven, los importes no son firmes y los bancos no tienen que abonarlos. Pero el contenido del informe deja una conclusión incómoda para el sector: el supervisor ha empezado a castigar con cifras millonarias prácticas que durante años se zanjaban con expedientes mucho menores o con devoluciones por la vía civil.