Red Eléctrica y Francia, sin acuerdo por la factura del apagón: la CNMC ya tiene su respuesta

Más de un año después del histórico apagón del 28 de abril de 2025, las consecuencias económicas del incidente siguen provocando fricciones en el sector. Durante aquella jornada, las actividades del mercado eléctrico tuvieron que suspenderse durante más de un día completo y la interconexión con Francia dejó de funcionar con normalidad. Todo este caos generó unos gastos imprevistos que, a día de hoy, Red Eléctrica y el operador francés RTE todavía no han logrado repartirse.

Ante este bloqueo, la entidad española acudió en mayo de 2026 a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en busca de un pronunciamiento que ayude a desencallar la situación.

Qué costes están en disputa

Para entender el origen del conflicto hay que fijarse en lo que ocurrió exactamente en la frontera durante esas horas críticas. Por un lado, existía un programa previo de intercambio de energía entre España y Francia que fue imposible cumplir debido a la caída del sistema. Por otro lado, la red francesa tuvo que enviar electricidad adicional a nuestro país para ayudar en las complejas labores de recuperación del suministro.

Estas dos situaciones excepcionales generaron un agujero económico que ahora ambas empresas deben liquidar. El gran obstáculo para cerrar la factura es que Red Eléctrica y RTE interpretan de forma completamente opuesta qué normativa se debe aplicar a cada uno de esos flujos de energía, lo que mantiene paralizado el pago.

Countertrading o apoyo de emergencia

Ante esta disparidad de criterios, la CNMC ha entrado a aclarar la situación diferenciando claramente dos tipos de energía. En primer lugar, aborda aquella electricidad que se movilizó para intentar mantener los compromisos de exportación que España ya tenía firmados con Francia. Según el regulador, esta parte debe considerarse obligatoriamente como countertrading, un intercambio puramente compensatorio diseñado para respaldar la capacidad que ya estaba asignada previamente en la interconexión.

De este modo, el organismo español rechaza que esos volúmenes de exportación puedan catalogarse como una ayuda de emergencia. En el escrito remitido a Red Eléctrica la CNMC argumenta que dichas acciones se habrían tenido que activar de todas formas, independientemente de que España hubiera pedido auxilio o no. Sin embargo, el criterio cambia radicalmente cuando se analiza la electricidad que fluyó en sentido inverso.

Las importaciones que llegaron desde Francia porque Red Eléctrica las pidió de forma expresa para reanimar el sistema sí tienen la consideración de apoyo de emergencia. Por lo tanto, el pago de esta ayuda queda sujeto a las reglas del acuerdo de asistencia mutua que ambos operadores mantienen vigente desde el 12 de julio de 2023.

Los acuerdos privados que reparten la factura

Toda esta catalogación técnica es fundamental porque, a falta de una norma europea común, el reparto del dinero depende exclusivamente de dos contratos bilaterales firmados entre Red Eléctrica y RTE. Se trata del acuerdo de cooperación IFE y el mencionado pacto de asistencia mutua MEAS. Llama la atención que ninguno de los dos documentos es de carácter público y que ambos fueron acordados por las empresas sin que intervinieran los reguladores de cada país.

De acuerdo con la información que la parte española ha remitido a la CNMC, el pacto IFE establece que los costes del countertrading se deben asumir a medias. Y es precisamente esta obligación de dividirse al 50% la factura destinada a mantener firmes los intercambios fronterizos lo que ha provocado el actual choque de trenes entre las dos compañías.

La normativa europea, todavía sin aplicar

Lo lógico sería pensar que existe un marco comunitario para resolver este tipo de discrepancias. De hecho, los reguladores de España, Francia y Portugal llegaron a aprobar en 2019 unas metodologías conjuntas sobre redespacho y compensaciones para toda la región suroeste de Europa. El problema es que su aplicación quedó condicionada a que se implementara otra norma regional sobre seguridad operativa que, a día de hoy, sigue en el limbo.

Si esa futura legislación europea estuviera ya en vigor, el polémico reparto a partes iguales se limitaría únicamente a incidentes ocurridos en una zona de responsabilidad compartida entre ambos países. Pero como esa norma sigue sin aplicarse, el mandato de pagar a medias se mantiene inamovible y se exige sin importar de qué lado de la frontera proceda el fallo que redujo la capacidad de la interconexión.

La CNMC deja la puerta abierta a la ACER

Pese a haber aclarado los conceptos legales, el regulador español no tiene potestad para imponer una solución definitiva al conflicto. Su papel en esta fase se ha limitado a orientar a Red Eléctrica sobre la forma correcta de interpretar la normativa. Si después de este pronunciamiento RTE sigue sin ceder y la discrepancia persiste, la CNMC plantea elevar el caso a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) o recurrir a otros mecanismos de coordinación internacional.

En caso de llegar a ese extremo, la ACER dispondría de un plazo de tres meses para emitir un dictamen oficial, previa consulta a la Comisión Europea. Por el momento, ninguna de las dos empresas ha dado señales de querer iniciar esa vía diplomática.

Una factura distinta que ya pagan los consumidores

Para entender el panorama completo es vital no mezclar este litigio empresarial con el impacto directo que el apagón ha tenido en los ciudadanos. A principios de agosto de 2026, la misma CNMC determinó que el coste global de recuperar todo el sistema eléctrico nacional ascendió a 38,7 millones de euros. Dentro de esa cantidad, un total de 5,6 millones corresponden a los intercambios de apoyo realizados con Francia.

De esa factura general, el sistema ya ha abonado 9,1 millones a las instalaciones generadoras que arrimaron el hombro para encender la red de nuevo. El grueso restante, que roza los 30 millones de euros, se cargará directamente en el recibo de la luz de todos los consumidores a lo largo de doce meses, empezando como muy tarde el 1 de enero de 2027.

Frente a ese sobrecoste ciudadano, la batalla por el countertrading pertenece a una esfera completamente distinta. Se trata de un ajuste de cuentas privado entre Red Eléctrica y RTE basado en sus propios contratos confidenciales. Su desenlace no modificará en absoluto la resolución millonaria que ya recae sobre los consumidores, sino que simplemente definirá cómo estas dos grandes corporaciones asumen sus propias pérdidas operativas.