Sin decreto de centros de datos, un modelo estima que la luz costaría casi 2.000 millones más al año

La expansión de los centros de datos en España podría tener consecuencias directas sobre la factura de la luz. Si el Gobierno no aprueba el decreto que prepara para regular estas instalaciones, los consumidores podrían afrontar un sobrecoste eléctrico cercano a los 2.000 millones de euros al año, según las estimaciones de PyPSA Labs.

La cifra procede de una simulación en la que 4.000 MW de centros de datos se conectan a la red eléctrica sin exigencias ambientales. Precisamente para evitar ese escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica está tramitando un Real Decreto pionero en la Unión Europea que establecerá requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital para estas instalaciones.

Por qué los centros de datos podrían encarecer la electricidad

Para calcular el impacto de esta nueva demanda eléctrica, PyPSA Labs ha utilizado su plataforma de modelización de redes, una herramienta empleada por operadores de sistemas de transporte, universidades y la Comisión Europea.

El estudio reproduce el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular con 4.000 MW de centros de datos conectados a la red, una potencia que coincide con el objetivo fijado por la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para 2030.

El problema aparece cuando estas instalaciones pueden consumir electricidad sin tener que garantizar un suministro renovable. En ese escenario, denominado “No policy”, la demanda adicional obligaría a las centrales de ciclo combinado a quemar más gas, especialmente durante las noches y en los periodos de menor producción de energía renovable.

Como consecuencia, el precio mayorista de la electricidad subiría una media de 7,74 euros por MWh, mientras que el aumento del consumo de gas y de las emisiones sería considerable.

Cómo afectaría este sobrecoste a la factura de hogares y empresas

El impacto no se limitaría a las empresas que gestionan los centros de datos. Según el modelo, la mayor necesidad de utilizar centrales de gas haría que esta tecnología marcara el precio de la electricidad durante miles de horas adicionales al año.

Esto acabaría repercutiendo en el conjunto del mercado eléctrico. De acuerdo con las estimaciones, los hogares, las pequeñas y medianas empresas y las industrias también notarían el encarecimiento provocado por esos 7,74 euros adicionales por MWh en el mercado mayorista.

Una de las claves para evitarlo estaría en conseguir que los centros de datos consuman energía renovable cuando realmente se está produciendo. Así lo defiende en El País Paweł Czyżak, analista que comenta las conclusiones del estudio: “El emparejamiento horario es esencial; evita al menos cuatro quintas partes de los efectos adversos sobre el gas, las emisiones y los precios de la electricidad”.

Además, Czyżak considera que a los propios operadores les compensa invertir en instalaciones renovables para cubrir su consumo. Según explica, “los centros de datos siguen pagando menos de lo que pagarían por la energía de la red”, aunque producir su propia electricidad se vuelve más caro a medida que aumenta la potencia instalada.

Esto se debe a que los proyectos de mayor tamaño necesitan recurrir a emplazamientos con menos viento y a una mayor capacidad de almacenamiento, dos factores que incrementan el coste de esa generación propia.

Qué exige el decreto para evitar que los centros de datos disparen el precio de la luz

El Gobierno quiere limitar este impacto vinculando la conexión de los centros de datos a la red eléctrica con el desarrollo de nueva generación renovable. El proyecto de decreto establece que estas instalaciones deberán aportar potencia renovable adicional y que al menos el 80% del consumo de cada hora del año deberá cubrirse con contratos renovables generados en esa misma hora.

El objetivo es que la llegada de nuevos centros de datos no provoque una dependencia mayor del gas para atender su demanda.

Sin embargo, el texto ha experimentado cambios durante su tramitación. Tras estudiar más de 600 alegaciones, el Gobierno remitió el 26 de octubre al Consejo de Estado una versión más flexible, que suaviza algunos de los requisitos inicialmente previstos.

• Centros de datos afectados: el umbral de aplicación del decreto aumenta de 1 MW a 10 MW.
• Antigüedad de las instalaciones renovables: el plazo pasa de 18 a 36 meses. Además, se permite utilizar energía solar sin límite de antigüedad cuando las plantas no tengan contratos previos.
• Contratos de compra de energía (PPA): la duración mínima exigida se reduce de 10 a 6 años.
• Periodo de adaptación: se establece un régimen transitorio de hasta cinco años para alcanzar el 80% horario, a cambio de que los operadores acepten que Red Eléctrica los desconecte sin compensación económica cuando el sistema lo requiera.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca facilitar la adaptación del sector sin renunciar a las exigencias ambientales. El texto está pendiente del dictamen del Consejo de Estado antes de que el Consejo de Ministros pueda aprobarlo definitivamente, algo que el Gobierno quiere hacer antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ejecutivo pidió tramitación urgente, lo que da al Consejo de Estado 15 días hábiles para emitir su dictamen, hasta en torno al 18 de noviembre según los cálculos de Democrata.

La industria rechaza la nueva regulación y advierte de una fuga de inversiones

El texto se ha topado con la oposición de las grandes multinacionales tecnológicas y de SpainDC, su asociación sectorial. Los operadores lo califican de “ilegal” y contrario al derecho comunitario y advierten de que las exigencias podrían desplazar inversiones hacia países vecinos con normas menos estrictas, como Portugal.

Un informe de EY sostiene que los centros de datos podrían abaratar la factura de la luz

Frente a las advertencias de PyPSA Labs, otro análisis plantea que la llegada de grandes centros de datos también podría beneficiar a los consumidores. Es la conclusión de un informe de EY, que pone el foco en cómo se reparten los costes fijos del sistema eléctrico.

La consultora sostiene que el aumento del consumo permitiría repartir los peajes y cargos entre una mayor cantidad de electricidad, lo que reduciría el importe que soportan los hogares por estos conceptos.

Según sus estimaciones, la conexión de entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) de centros de datos generaría entre 118 y 642 millones de euros en peajes en 2030. Ese incremento de la contribución de las nuevas instalaciones permitiría rebajar la tarifa doméstica entre 73 y 394 millones de euros al año.

Sin embargo, los dos análisis no miden lo mismo. El ahorro que estima EY, limitado a los hogares, queda por debajo del sobrecoste que calcula PyPSA Labs para el escenario sin regulación ambiental, que afectaría a hogares, pymes e industria.

A esta comparación habría que añadir, además, el coste de reforzar las líneas eléctricas para atender la nueva demanda, otro elemento que influiría en el balance económico de la expansión de los centros de datos.

La alternativa para proteger la factura eléctrica sin frenar las inversiones

El debate no se limita a decidir si los centros de datos deben utilizar energía renovable, sino también a cómo exigirles que lo hagan. Algunos analistas consideran que la obligación de cubrir el 80% del consumo con renovables en cada hora del año resulta técnicamente demasiado rígida.

Para cumplir ese porcentaje durante las 8.760 horas del año, los operadores tendrían que instalar grandes cantidades de baterías y sobredimensionar sus parques renovables. La dificultad sería especialmente importante durante las noches de invierno, cuando puede coincidir la ausencia de sol con una producción eólica reducida.

El resultado, según el análisis, sería un sistema con una capacidad de generación superior a la necesaria en muchos momentos. De hecho, un 33% de la energía limpia producida acabaría vertiéndose.

Para evitar ese problema, los expertos proponen sustituir la exigencia de cumplir el 80% en cada hora por un sistema de correlación horaria ponderada que se evalúe mediante una media anual.

La propuesta busca encontrar un equilibrio entre las necesidades de una industria en expansión y la protección de los consumidores. Según los analistas, permitiría hacer viables los nuevos centros de datos sin que el aumento de su demanda eléctrica termine trasladando a los ciudadanos el coste de consumir más gas.