La electricidad paga impuestos como el alcohol y el tabaco: Iberdrola pide “repensar completamente” su fiscalidad

La electricidad en España soporta una carga fiscal entre seis y siete veces superior a la del gas, equiparándose a los impuestos que gravan productos como el alcohol o el tabaco. Así lo ha denunciado Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, quien advierte que esta alta tributación no solo castiga el bolsillo del consumidor al repercutir directamente en el IPC, sino que destruye la ventaja competitiva que el país ha construido con su mix energético.

El directivo expuso esta situación durante un acto del Col·legi d’Economistes de Catalunya, donde reclamó “repensar completamente” la fiscalidad del sector. “Es el tercer elemento más gravado de los productos en España. Está el alcohol, el tabaco y la energía eléctrica. No tiene mucho sentido”, subrayó.

La diferencia con el gas resulta llamativa, sobre todo por ser la electricidad el vector que el Gobierno promueve para descarbonizar la economía. Ruiz-Tagle fue directo: “No podemos seguir permitiendo que se gane competitividad en la producción eléctrica y luego se pierda en una fiscalidad alta”.

Para ilustrar esta contradicción, comparó la situación del sector energético con la de las farmacéuticas durante la pandemia de la covid. Estas últimas obtuvieron resultados “espectaculares” sin sufrir impuestos extraordinarios; las energéticas, en cambio, sí los padecieron durante la crisis de precios. La razón de fondo es que la electricidad afecta a toda la cadena productiva e inflacionaria.

100.000 MW en cola sin acceso a la red

Más allá de la fiscalidad, el sector enfrenta un grave cuello de botella. Hay 100.000 megavatios de demanda sobre la mesa pendientes de acceso a la red, solicitados por empresas en los últimos dos años que no han podido ser atendidos. La mayoría corresponden a industrias que buscan electrificar sus procesos o ampliar su capacidad. “La red es absolutamente estratégica”, recalcó Ruiz-Tagle.

Este bloqueo tiene dos causas principales. Por un lado, la especulación. Como solicitar un punto de conexión es gratuito, existen empresas que lo hacen sin un proyecto real detrás o en múltiples ubicaciones, bloqueando la capacidad durante años. Por otro, la burocracia y la lentitud administrativa.

El impacto en el tejido empresarial es letal, pero también afecta a la vivienda. “Si le pedimos que espere dos, tres o cinco años, no se va a esperar. Y a una pyme, si no le damos la oportunidad de ser competitiva, la estamos condenando”, resumió. El directivo confía en que el nuevo decreto del Gobierno, que prevé aumentar el límite de inversión en redes un 62% para el período 2026-2030, logre desatascar este escenario.

Decisiones con las nucleares

El otro gran reto es el calendario de cierre nuclear, que arranca en 2027 con los reactores de Almaraz y afectará a las plantas catalanas desde 2030. Según Ruiz-Tagle, ejecutar este apagón sin una alternativa firme acarrearía tres consecuencias inmediatas:

• Precio: el coste de la electricidad subiría 14 euros por megavatio hora de media, lo que supondría 280 millones anuales extra solo para la industria catalana, basándose en un informe de Deloitte.
• Suministro: al ser la tecnología que más horas produce y mayor estabilidad aporta al sistema, su eliminación reduce drásticamente la seguridad de abastecimiento.
• Emisiones: sin la energía nuclear nocturna, los ciclos combinados de gas tendrían que asumir la demanda base.

“Volveremos 15 años atrás en emisiones”, advirtió contundente el CEO de Iberdrola España.

Su postura no pasa por eternizar las nucleares, sino por huir del cortoplacismo. “No podemos vivir con decisiones a tres años vista, necesitamos pensar en horizontes de 20 años”, indicó. Mientras España planifica el cierre, países como Francia y Reino Unido construyen nuevos reactores, y Suiza avanza hacia el levantamiento de la prohibición de crear plantas nuevas, un modelo que Ruiz-Tagle considera “sobre la mesa”. España, al carecer de reservas de gas o petróleo, necesita maximizar sus fuentes autóctonas y mantener la nuclear como base tecnológica.

“Reducir y simplificar esta carga fiscal es clave para abaratar costes, atraer inversión y facilitar una transición energética más eficiente”, concluyó. Si se resuelven las barreras de la fiscalidad y la saturación de la red, la península ibérica tiene un potencial enorme: “Si una empresa tiene que instalar una nueva planta, la península ibérica estará entre sus primeras opciones”.