La Justicia confirma a Vodafone como única dueña de Finetwork y obliga a Wewi a dejar la marca el 10 de octubre
- El CEO de Vodafone evita declarar en Alicante
- El juzgado aprecia indicios de delito en la gestión de Wewi
El Juzgado de Elda ha rechazado las medidas cautelares con las que los socios de Wewi Mobile, matriz de Finetwork, buscaban impedir que Vodafone España utilizara esa marca comercial. Wewi deberá
La resolución judicial da la razón a Vodafone en el pulso comercial por el nombre Finetwork. Cabe recordar que la operadora inició la
La marca figura registrada
“Para Wewi el problema no termina en los tribunales. Perder Finetwork supone renunciar a años de notoriedad, inversión publicitaria y reconocimiento entre los consumidores, y reconstruir todo eso bajo una nueva marca tendría un coste comercial considerable”, explica Ana de la Torre, experta en telecomunicaciones de Roams.
El CEO de Vodafone evita declarar en Alicante
Por otro lado, el 1 de septiembre, el Tribunal de Instancia de Alicante número 9 se inhibió a favor del Juzgado de Elda, donde ya se tramitaba otra querella por los mismos hechos. Por ese motivo, José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España,
La jueza de Alicante tomó la decisión con el informe favorable de la Fiscalía, tras estimar el recurso presentado por la defensa de García. Vodafone sostiene que la existencia de dos querellas por los mismos hechos responde a una estrategia de los socios de Wewi.
Las presentaron ante juzgados distintos sin informar a ninguno de la existencia del otro procedimiento, según la operadora, con el objetivo de abrir varios frentes judiciales y presionar a la compañía.
El juzgado ve indicios de delito, pero rechaza el embargo
La negativa a frenar el uso de la marca no es la única resolución relevante del procedimiento. En un auto fechado el 28 de julio de 2026, el juez Francisco José Cabrera Montesinos ya había apreciado indicios de la posible comisión de varios delitos en la gestión de Wewi Mobile.
El auto señala que “se ponen de manifiesto indicios de la posible comisión” de delitos de administración desleal, insolvencia punible, estafa procesal y/o societarios. Los querellados en esa causa son José Miguel García Fernández, Vodafone España S.A.U. y Vodafone Ono S.A.U.
Pese a esos indicios, el juzgado rechazó entonces la petición de embargo de los querellantes por considerarla prematura. En ese momento del procedimiento solo se había admitido la querella a trámite, mientras seguían pendientes las diligencias de investigación necesarias para avanzar en la instrucción.
El propio auto deja la puerta abierta a que la situación cambie conforme avance la causa. La decisión se adopta “sin perjuicio de lo que finalmente pueda resultar en el procedimiento y los responsables que pudieran resultar”.
Las cuentas de Wewi, en el centro de la disputa
La querella de Pascual Pérez, admitida a trámite por indicios de administración desleal agravada, imputa a García además delitos de falseamiento de cuentas, estafa procesal e insolvencia punible. La suma de esas acusaciones podría alcanzar hasta 23 años de prisión.
El escrito cuestiona que el pasivo de Wewi reconocido durante la gestión de García llegara a 227,25 millones de euros. Para Pérez, esa cifra incluía créditos, intereses y otros conceptos todavía sometidos a procedimientos judiciales o arbitrales, que por tanto no podían considerarse obligaciones firmes.
La querella también señala la reexpresión de las ventas de 2023 y diferencias en la cifra de negocio de 2024. Cuestiona además facturas entre Vodafone y Wewi contabilizadas como gasto en una empresa e ingreso en la otra, durante el periodo en que García dirigía ambas sociedades.
Los hechos investigados se sitúan entre octubre de 2025 y abril de 2026, cuando García ejerció de forma simultánea como administrador único de Wewi Mobile y consejero delegado de Vodafone España.
Pérez atribuye además al ejecutivo una presunta purga de la cúpula directiva de Wewi mediante indemnizaciones superiores a tres millones de euros, que, según su versión, agravaron la situación financiera de la compañía.
Vodafone, por su parte, defiende que la actuación de García estuvo dirigida a recuperar una deuda acumulada durante años y evitar el colapso de la operadora. La compañía encargó a Deloitte un informe forense sobre la gestión de Wewi antes de tomar el control.
De la deuda de 2019 a la compra de Finetwork
El conflicto comercial entre ambas empresas se remonta a 2019, cuando Wewi firmó con Vodafone un contrato de distribución que derivó en fuertes impagos. En mayo de 2024, ambas compañías homologaron judicialmente una deuda de 63,1 millones de euros.
Los impagos continuaron y el juzgado decretó el embargo de las cuentas de Wewi en marzo de 2025. En septiembre de ese año se aprobó un plan de reestructuración por el que Vodafone tomó el 99,4 % del capital mediante un canje de deuda, operación autorizada después por el Consejo de Ministros y la CNMC.
Ese control societario, sin embargo, no llegó a consolidarse. El 27 de abril de 2026, la Audiencia Provincial de Alicante declaró ineficaz el plan de reestructuración y ordenó revertir la ampliación de capital ya inscrita en el Registro Mercantil. Los antiguos socios de Wewi recuperaron entonces la gestión de la compañía y cesaron a García como administrador único.
La marca Finetwork, comprada por Vodafone en una operación distinta, no se vio afectada por esa anulación. Wewi, ya de nuevo bajo el control de sus socios originales, siguió operando comercialmente bajo el nombre Finetwork pese a no ser su propietaria. Esa
“La resolución despeja parte del conflicto sobre quién puede explotar Finetwork, pero la verdadera prueba llegará después: comprobar si Vodafone es capaz de transformar esa ventaja jurídica en crecimiento, altas y una posición diferenciada dentro del mercado low cost”, concluye la experta de Roams.
Fuente de la imagen principal: Montaje Roams
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