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Hogares con IMV: tarifa asequible o 25% de descuento en internet y fijo desde 2027

  • Podría llegar a cerca de 800.000 hogares
  • El servicio universal deja de depender solo de Telefónica
Sergio Soto
Sergio Soto
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El Gobierno da un nuevo impulso al bono social de telecomunicaciones para facilitar el acceso a internet y telefonía fija a los hogares con menos recursos. El Consejo de Ministros aprobó el 17 de noviembre de 2026 un nuevo reglamento que extiende las tarifas asequibles a todos los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que podría beneficiar a cerca de 800.000 hogares, según la estimación del Ministerio.

La reforma también mejora las condiciones del servicio universal de telecomunicaciones, que garantiza el acceso a telefonía fija e internet independientemente del lugar de residencia, la situación económica o la discapacidad. Entre las novedades destaca el aumento de la velocidad mínima de conexión de 10 a 100 Mbps y el fin de la obligación exclusiva de Telefónica de prestar este servicio. El reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

El bono social de telecomunicaciones se amplía a 800.000 hogares

Una de las principales novedades es la ampliación de las tarifas sociales de internet y telefonía fija a todas las unidades de convivencia que perciben el IMV. Hasta ahora, estas ayudas tenían un alcance muy reducido, pero el nuevo reglamento busca facilitar su acceso a más familias.

Para ello, los operadores que no dispongan de una oferta asequible deberán aplicar un descuento del 25% sobre el precio medio de mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de fijar cada año tanto ese precio de referencia como los criterios que debe cumplir una tarifa para considerarse asequible.

Según la estimación del Ministerio para la Transformación Digital, la ampliación podría alcanzar a 2,4 millones de personas repartidas en cerca de 800.000 hogares. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Óscar López elevó la cifra a casi 2,78 millones de beneficiarios y más de 900.000 hogares, con datos de la Seguridad Social de octubre. Además, el acceso al servicio universal dejará de limitarse a los consumidores particulares y se extenderá a microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro.

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Menos de 10.000 hogares tenían contratadas tarifas sociales de telecomunicaciones

La reforma llega en un momento en el que las ayudas a las telecomunicaciones apenas tienen presencia entre los consumidores. En febrero de 2026, la CNMC contabilizaba 7.994 clientes acogidos al abono social de telefonía fija de Telefónica y otros 1.822 con tarifas sociales de banda ancha. En total, 9.816 clientes en toda España; la CNMC resume que menos de 10.000 hogares tenían contratada alguna tarifa social de telecomunicaciones.

El problema no se limita a la disponibilidad de estas ofertas. Según el regulador, su escasa visibilidad en las webs de los operadores, las restricciones para contratarlas y los complejos procedimientos de acreditación dificultan que lleguen a quienes las necesitan.

Para Ana de la Torre, experta en telefonía de Roams, esa falta de visibilidad lo explica casi todo: “El problema no es que no existan tarifas sociales, es que casi nadie sabe que existen. Las operadoras no tienen incentivo para ponerlas en portada: si el cliente no las encuentra, no las contrata.”

A ello se suma que muchas de estas tarifas son incompatibles con paquetes que combinan varios servicios o con la compra de móviles a plazos, lo que reduce su atractivo para las familias. “Es lo que más aleja al usuario, porque nadie contrata hoy solo una línea fija”, apunta nuestra experta en telefonía.

La diferencia con otras ayudas, como el bono social eléctrico, es considerable. Este último llegaba a 1.716.420 consumidores en marzo de 2026, según la CNMC. Son unas 175 veces más consumidores que los clientes con tarifa social de telecomunicaciones, aunque las estadísticas corresponden a meses distintos.

Internet de 100 Mbps como nueva velocidad mínima garantizada

El impulso a las tarifas sociales viene acompañado de una mejora importante en la calidad de la conexión. El nuevo reglamento eleva de 10 a 100 Mbps la velocidad de bajada del internet fijo incluido en el servicio universal, multiplicando por diez el mínimo garantizado hasta ahora, y fija además un mínimo de 5 Mbps de subida.

Según el Ministerio, el reglamento actualiza los requisitos de calidad, asequibilidad y accesibilidad del servicio universal para adaptarlos al elevado grado de despliegue de redes de alta capacidad alcanzado en España.

Una mejora que, según De la Torre, responde a una realidad cotidiana: “Hoy la conexión ya no es un lujo: sin internet es muy difícil hacer un trámite con la Administración, pedir cita médica o ir al banco. Pasar de 10 a 100 Mbps es reconocer que una videollamada o una clase online no caben en una conexión de hace diez años.”

De hecho, el Ministerio para la Transformación Digital asegura que España será el “primer país de Europa y uno de los primeros del mundo” en incorporar una velocidad de 100 Mbps al servicio universal.

Todos los operadores deberán atender las solicitudes desde 2027

Otra de las grandes novedades afecta a las compañías de telecomunicaciones. Hasta ahora, Telefónica era el operador designado para garantizar el servicio universal, una función que desempeña en exclusiva desde 1998 y que mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, desde el 1 de enero de 2027 todos los operadores deberán atender las solicitudes de este servicio en las zonas donde tengan cobertura, con la entrada en vigor del nuevo reglamento y la correspondiente orden ministerial.

La CNMC respaldó este cambio en su informe favorable al proyecto de orden, publicado el 5 de noviembre. El regulador considera que el mercado español ya dispone de una oferta generalizada de telefonía fija e internet fijo, por lo que no resulta necesario mantener un único operador designado.

Esto no significa que desaparezca el derecho al servicio universal. Si en algún momento el mercado dejara de garantizarlo, la Administración podría volver a licitar su prestación o imponer esa obligación a un operador.

Además, Telefónica mantendrá su actual abono social para quienes ya son beneficiarios. Según la CNMC, esta ayuda existe desde 2002 para jubilados y pensionistas con rentas reducidas y cuesta 0,87 euros al mes, IVA incluido.

El coste neto del servicio universal se reparte entre los operadores con ingresos superiores a 100 millones de euros a través del Fondo Nacional del Servicio Universal. El último coste aprobado por la CNMC, el de 2022, fue de 5,38 millones de euros.

Qué cambia en el bono social de telecomunicaciones en 2027

El nuevo marco supone un cambio tanto para los consumidores que pueden acceder a tarifas rebajadas como para los operadores encargados de garantizar el servicio. Estas son las principales diferencias respecto a las condiciones actuales:

Principales cambios del servicio universal de telecomunicaciones
Hasta el 31 de diciembre de 2026 Desde el 1 de enero de 2027
Velocidad mínima de internet fijo 10 Mbps 100 Mbps
Operador obligado Telefónica, como operador designado Todos los operadores con cobertura en la zona, con la orden ministerial publicada
Hogares con derecho a tarifa rebajada Abono social de Telefónica y tarifas sociales de cada operador: menos de 10.000 hogares las tenían contratadas en febrero de 2026 Todos los hogares con IMV, un universo potencial de cerca de 800.000 según el Ministerio (más de 900.000 según datos de octubre citados por el ministro)
Quién puede solicitarlo Consumidores particulares Consumidores, microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro
Elaboración propia con datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la CNMC.

Más accesibilidad para las personas con discapacidad

El reglamento también refuerza la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Todos los operadores deberán disponer de un catálogo suficiente de terminales adaptados para personas con discapacidad e incorporar el Texto en Tiempo Real (RTT), una tecnología que permite mantener conversaciones escritas durante una llamada a personas con dificultades auditivas o del habla.

El proyecto sometido a audiencia pública en abril de 2026 preveía que operadores y plataformas del 112 incorporasen el Texto en Tiempo Real antes de junio de 2027.

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