Telefónica sigue sola en el contrato de ciberseguridad del Estado, pero un nuevo recurso lo congela

El contrato de ciberseguridad del Estado al que aspira Telefónica vuelve a quedar en el aire. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha suspendido de nuevo la adjudicación del concurso tras un recurso presentado por TRC, la tecnológica madrileña participada al 30% por Indra, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

La nueva suspensión se oficializó, según ha adelantado 20minutos y recoge Economía Digital, el viernes 6 de noviembre y mantendrá paralizado el procedimiento hasta que el tribunal resuelva el recurso. La disputa afecta al lote destinado a la ciberseguridad y la interconexión de centros de datos de la Administración. Por ahora, se desconocen los argumentos que TRC ha incluido en su escrito.

Qué es el lote 3 del megacontrato CORA III

Para entender el alcance de esta nueva suspensión hay que remontarse a CORA III, el megacontrato con el que la Administración centraliza las telecomunicaciones de más de 85 organismos públicos. Se trata de un concurso con un presupuesto global de 340 millones de euros y una duración de tres años y siete meses que reúne servicios de telefonía fija y móvil, acceso a Internet, interconexión de centros de datos y protección de redes.

El procedimiento está dividido en cuatro lotes y es precisamente el tercero, dedicado a la ciberseguridad y la interconexión de centros de datos, el que acumula los problemas. Su adjudicación inicial se produjo el 24 de julio de 2025 a favor de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Orange, TRC y Mnemo. Del resto de lotes, Telefónica se hizo con el primero, de red nacional de datos; MasOrange, con el segundo, de voz fija y móvil; y Evolutio, con el cuarto, de red internacional.

Sin embargo, desde aquella adjudicación, el lote 3 de CORA III ha encadenado recursos, exclusiones de empresas y dificultades presupuestarias que han impedido cerrar el procedimiento. Su valor estimado alcanza los 104 millones de euros si se incluyen las posibles prórrogas (103,92 millones, según el anuncio de adjudicación de julio de 2025). Otras informaciones citan 63 millones de euros sin impuestos, una cifra que coincide con el importe de la propuesta de adjudicación a Telefónica.

Telefónica, única licitadora que queda en el lote

Después de todos estos movimientos, Telefónica es la única licitadora que permanece en el procedimiento. La compañía participa mediante una UTE integrada por Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones y Telefónica de España. En paralelo, el grupo ha integrado Telefónica Tech, su filial de ciberseguridad, nube e inteligencia artificial, en la estructura de Telefónica España.

Su principal competidora, la unión formada por Orange, TRC y Mnemo, quedó excluida el 25 de septiembre de 2025. El TACRC consideró entonces que Mnemo incurría en una prohibición de contratar al no tener registrado el plan de igualdad exigido.

TRC, que participaba en aquella candidatura junto a Orange y Mnemo, vuelve ahora a intervenir en el procedimiento con un nuevo recurso ante el TACRC, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de resolver este tipo de reclamaciones. TRC figura además entre los adjudicatarios del acuerdo marco de telecomunicaciones de Defensa, de hasta 258,4 millones de euros.

Cronología del lote 3 de ciberseguridad

La suspensión de noviembre es el último episodio de un proceso de adjudicación que lleva más de un año acumulando obstáculos. Estas son las principales fechas que explican cómo ha evolucionado el concurso de ciberseguridad del Estado.

Por qué el TACRC dio la razón a Telefónica en abril

Telefónica tampoco ha tenido un camino sencillo para hacerse con este contrato. La Administración llegó a excluir su candidatura y a declarar desierto el lote porque Govertis, una de las empresas incluidas en su oferta como subcontratista para servicios de compliance, no había acreditado el plan de igualdad exigido. Telefónica defendió ante el TACRC que la situación de una subcontratista con una participación tan reducida no debía comprometer la validez de toda la oferta, según detalla 20minutos.

Sin embargo, el TACRC anuló la exclusión de Telefónica y la declaración de desierto del concurso mediante su resolución 781/2026, del 30 de abril de 2026. El tribunal entendió que no se había producido ninguna modificación de la oferta presentada por la operadora, lo que permitió retrotraer el procedimiento.

La resolución también dejaba constancia de que la exclusión de la UTE formada por Orange, TRC y Mnemo había sido recurrida ante la Audiencia Nacional. Por tanto, la disputa por el contrato seguía abierta en distintos frentes.

Falta de presupuesto y recurso de Orange

Cuando parecía que el concurso podía avanzar tras la resolución favorable a Telefónica, apareció un nuevo obstáculo. El 26 de mayo de 2026, según la información publicada, la Mesa de Contratación volvió a suspender el procedimiento por la “pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria”.

El problema estaba en la financiación. El Imserso, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, los organismos que financiaban el contrato, habían anulado sus reservas de crédito.

Esta decisión provocó otro recurso, esta vez de Orange Espagne, integrada en MasOrange, que impugnó la suspensión el 11 de junio. No obstante, el TACRC inadmitió la reclamación de Orange el 29 de octubre al entender que la suspensión no era un acto de trámite susceptible de recurso y que la compañía carecía de legitimación para impugnarla.

Mientras tanto, la Administración había recuperado la cobertura presupuestaria a finales de julio, lo que permitió reactivar el concurso en agosto. De hecho, el 31 de ese mes, la Mesa de Contratación elevó una propuesta de adjudicación a favor de Telefónica, acercando a la operadora a hacerse con el lote de ciberseguridad.

Todavía quedaban algunos trámites pendientes. En septiembre, Telefónica recibió un plazo de tres días hábiles para subsanar varios defectos en la documentación presentada. Una vez corregidos, la Mesa acordó continuar con el procedimiento. Según 20minutos, las empresas interesadas en revocar la adjudicación tenían de plazo hasta finales de octubre para presentar recursos. Sin embargo, el nuevo recurso de TRC ha vuelto a frenar la adjudicación.

El servicio continúa mientras se resuelve el recurso

Aunque el concurso de ciberseguridad del Estado vuelve a estar suspendido, la paralización administrativa no supone una interrupción de los servicios. Telefónica sigue prestándolos mediante una prórroga forzosa de los contratos vigentes desde diciembre de 2025.

Además, la Administración recurrió a otra vía para garantizar su continuidad mientras se resolvían los problemas del concurso. El BOE del 5 de junio de 2026 publicó la formalización de un contrato negociado sin publicidad con Telefónica de España, adjudicado el 14 de abril por 10.099.850,60 euros. En este procedimiento se recibió una única oferta y el precio fue el único criterio de adjudicación.

El anuncio justificaba esta contratación por los retrasos acumulados en la tramitación del expediente y por la declaración de desierto del lote 3. Según han publicado distintos medios, el contrato permite mantener los servicios durante nueve meses, con posibilidad de prorrogarlo otros nueve. 20minutos sitúa el fin de ese periodo en marzo de 2027 y señala que la medida afecta a los servicios que ya prestaban Telefónica e Indra.

Así, Telefónica continúa prestando los servicios mientras la adjudicación del lote 3 de CORA III permanece bloqueada, ahora a la espera de que el TACRC resuelva el último recurso presentado por TRC.