Holaluz asegura que no ha notado fuga de clientes pese al expediente de inhabilitación

El Gobierno puede inhabilitar a Holaluz como comercializadora eléctrica: es la segunda vez que la energética catalana se juega la licencia en siete años. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió el expediente de inhabilitación el 16 de julio. Pocos días después, la noticia trascendió y BME Growth suspendió la cotización de sus acciones el día 20.

El desenlace afecta directamente a los cerca de 225.000 contratos de suministro de la compañía y a los inversores que mantienen sus acciones bloqueadas en bolsa desde julio. El Ministerio ya ha iniciado en paralelo el proceso para trasladar a los clientes de Holaluz a un comercializador de referencia que opera bajo el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), según ha trascendido. Ese mismo Ministerio dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente.

Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, asegura en declaraciones a La Vanguardia que, de momento, la apertura del expediente no ha provocado una fuga de clientes: “No tenemos constancia. Ellos buscan formar parte de nuestra comunidad, apoyar un modelo de energía barata y renovable”, asegura.

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Qué dice el expediente y cómo responde Holaluz

El expediente, de carácter reservado, busca extinguir la autorización de Holaluz para operar como comercializadora eléctrica. Según ha trascendido, el procedimiento se apoya en presuntos impagos de la compañía a las distribuidoras que gestionan las redes eléctricas: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Holaluz presentó sus alegaciones el 28 de julio, antes de agotar el plazo legal de diez días hábiles.

En su comunicado oficial, la empresa afirmó que “no concurre ninguna de las causas previstas en la normativa vigente que pudiera justificar la extinción de su habilitación” y que “todas las facturas reclamadas por las distribuidoras están al corriente de pago”. Según informó la agencia EFE, Holaluz calificó el procedimiento como una “denuncia injustificada” y aseguró haber “tomado todas las medidas necesarias para que no pueda repetirse una situación como ésta”.

La deuda con las distribuidoras: cifras en disputa

La cifra que ha trascendido sobre la deuda que motivaría el expediente ronda los 6 millones de euros: 4 millones con Endesa y 1 millón con cada una de Iberdrola y Naturgy. Holaluz niega esa deuda de forma expresa en su comunicado oficial del 28 de julio. La compañía sostiene que ha regularizado cualquier situación pendiente con sus distribuidoras.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tramita en paralelo un expediente sancionador grave contra Holaluz, abierto el 28 de abril de 2026 por una presunta infracción del artículo 65.3 de la Ley del Sector Eléctrico, relacionada con el pago de peajes de acceso a redes. No es la primera vez: la CNMC ya abrió un expediente similar en 2024, que archivó sin sanción el 11 de junio de aquel año.

La cotización, suspendida desde el 20 de julio

BME Growth suspendió la negociación de las acciones de Holaluz el 20 de julio y la medida se mantiene mientras el Ministerio no resuelva el procedimiento, dentro de un plazo máximo de tres meses. La acción de Holaluz ha caído de 14 a 0,7 euros en los últimos cinco años.

Menos contratos, menos ingresos y más deuda

Los contratos de suministro de Holaluz han caído a 225.000, un 40% menos que los 386.000 de hace cinco años. La compañía redujo sus pérdidas un 29% en 2025, hasta los 22 millones de euros, aunque sus ingresos cayeron un 41%, hasta los 159 millones. La deuda financiera supera los 50 millones de euros, tras una reestructuración que Holaluz homologó por vía judicial el año pasado y que la empresa trabaja para repagar de cara a 2028. La caída de plantilla se explica en parte por el ERE que la compañía ejecutó en 2023, con el que despidió a más del 30% de su equipo.

Icosium, el fondo que ahora manda en Holaluz

El año pasado, Holaluz incorporó como socio industrial al fondo Icosium Investment, respaldado por un inversor franco-argelino. El fondo aportó 22 millones de euros a cambio de un tercio de la propiedad y ocupa tres de los ocho puestos del consejo de administración. “Nos sentimos muy cómodos con este socio industrial, que mira a largo plazo y tiene conocimiento del sector energético”, asegura Carlota Pi.

Otros expedientes que Holaluz ya superó

Carlota Pi recuerda en palabras a La Vanguardia que la compañía ya superó otro expediente de inhabilitación en 2019 y un expediente sancionador en 2024. “Esperamos que pronto se sepa toda la verdad y que este expediente también sea archivado”, asegura. Para la directiva, no es casualidad: “Nuestra historia es la de David contra Goliat. No es la primera vez que nos pasa ni tampoco será la última”.

Sobre el origen del conflicto, defiende que su modelo amenaza a las grandes eléctricas pese a su reducido tamaño: “¿Por qué no nos dejan vivir? Porque nuestro modelo de negocio es visto como una amenaza para las grandes compañías. Y eso que solo tenemos el 1% de la cuota de mercado en España”, sostiene Pi.