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Balanza de justicia sobre una mesa con expedientes de la CNMC e Iberdrola y una subestación eléctrica al fondo.
Energía

La CNMC propone una sanción leve a Huéneja, donde figura Iberdrola, y el tope baja a 600.000 euros

  • La propuesta de la CNMC aún no es firme y puede recurrirse
Sergio Soto
Sergio Soto
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La CNMC ha rebajado de grave a leve la primera propuesta de sanción relacionada con el apagón del 28 de abril de 2025, según ha publicado El País. La decisión afecta a Sistema Eléctrico de Conexión Huéneja, sociedad propietaria de una infraestructura eléctrica en Granada en la que figuran empresas como Iberdrola, Cubico, Northland Power o un consorcio de compañías alemanas, entre ellas RWE. Con este cambio, la multa máxima pasa de 6 millones a 600.000 euros, aunque la propuesta todavía no es firme y puede recurrirse.

El expediente SNC/DE/092/26 se abrió el 13 de mayo de 2026 por una presunta infracción grave del artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico. Este precepto recoge incumplimientos de los apartados 15, 16 y 17 del artículo 64 cuando no existe riesgo para la garantía del suministro ni daño grave.

Por qué la CNMC rebaja la infracción de grave a leve

Según fuentes conocedoras del expediente citadas por El País, la CNMC ha rebajado la calificación porque la infracción no afectó al sistema eléctrico. Estas fuentes añaden que el propio procedimiento sostiene que una instalación, por sí sola, no puede provocar la caída del sistema ni ser el origen de un apagón.

De hecho, cuando abrió el expediente, el regulador ya advertía de que los posibles incumplimientos no suponían un riesgo para la garantía del suministro ni provocaban daños graves.

La infraestructura de Huéneja funciona como un punto común de evacuación, también conocido como interlocutor de nudo, al que se conectan decenas de parques solares, eólicos y termosolares de la zona.

Su papel cobró relevancia después de que los informes del Gobierno, Red Eléctrica y los expertos europeos situaran el inicio del apagón en desconexiones imprevistas en Granada, Sevilla y Badajoz. Algunos señalaron que determinadas plantas se desconectaron antes de alcanzar los límites de tensión establecidos, lo que pudo contribuir al cero eléctrico. Los informes también apuntaron a la programación de Red Eléctrica y a las decisiones que tomó el operador antes del apagón.

Sin embargo, estos informes no constituyen procedimientos sancionadores, que tramita la CNMC. Ahora, los equipos jurídicos de las empresas estudian la rebaja y consideran que una desconexión puntual, no estructural y en instalaciones en buen estado podría ayudar a delimitar las responsabilidades por el apagón.

Según El País, delimitar la responsabilidad sobre un punto así es complejo porque no estaba claro quién ejercía su control, y esa responsabilidad ha empezado a definirse a raíz del incidente.

La multa máxima se reduce de 6 millones a 600.000 euros

La principal consecuencia de la rebaja es económica. Según el artículo 67 de la Ley del Sector Eléctrico, una infracción grave puede sancionarse con hasta 6 millones de euros, mientras que una leve tiene un límite de 600.000 euros.

Multas previstas en la Ley del Sector Eléctrico según la gravedad de la infracción
Multa
Muy grave De 6.000.001 a 60.000.000 euros
Grave De 600.001 a 6.000.000 euros
Leve Hasta 600.000 euros
Elaboración propia con datos del artículo 67 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Pero las consecuencias pueden ir más allá de la propia multa. Según El País, la gravedad de las sanciones será clave para las reclamaciones de las empresas que sufrieron pérdidas por el apagón. Es el caso de Repsol, que ha demandado a las distribuidoras de Iberdrola, Endesa y Naturgy, y también a Red Eléctrica, y reclama unos 120 millones de euros por los daños en sus cinco complejos industriales.

Los consumidores también siguen soportando consecuencias económicas. Desde el apagón, Red Eléctrica aplica una operación reforzada del sistema. El operador cifra su sobrecoste acumulado en 711 millones de euros hasta el 30 de abril de 2026, y ese coste se traslada a las facturas de la luz. Según los expertos consultados por El País, los usuarios no pueden reclamar ese importe.

Qué ocurre con los demás expedientes por el apagón

La decisión sobre Huéneja llega mientras la CNMC mantiene más de 60 expedientes sancionadores relacionados con el apagón. Tres se calificaron como muy graves: el de Red Eléctrica como operador del sistema y otros dos por reducir la producción nuclear sin autorización, a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo y a Iberdrola. El resto se calificó inicialmente como grave. Entre los afectados figuran también Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, y algunos expedientes se refieren a hechos de días distintos al 28 de abril de 2025.

El apagón ha desatado además un cruce de acusaciones entre Red Eléctrica y las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa y Naturgy sostienen que el operador hizo funcionar el sistema al límite y rechazan los expedientes de la CNMC.

El regulador ya aclaró en su comunicado del 24 de abril de 2026 que los hechos investigados “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón”. La CNMC subrayó entonces que el incidente tuvo un origen multifactorial.

Los procedimientos tienen una duración máxima de entre 9 y 18 meses, dependiendo de su gravedad. En el caso de Huéneja, abierto el 13 de mayo de 2026, el plazo máximo es de 18 meses, es decir, hasta mediados de noviembre de 2027.

La CNMC, presidida por Juan José Ganuza desde su nombramiento en julio de 2026, todavía tramita el resto de expedientes y propone las sanciones. En el de Huéneja, la ficha de la CNMC lo recoge como de competencia del Ministerio. Entretanto, fuentes jurídicas citadas por El País señalan que todas las sanciones serán recurridas ante la justicia ordinaria, por lo que podrían pasar años hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.

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