Holaluz niega deber los 6 millones que motivan su inhabilitación: el Miteco tiene 3 meses para decidir
- Asegura no estar traspasando ningún contrato
- Coincide con la suspensión bursátil en BME Growth
Holaluz ha presentado sus alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica para intentar frenar la extinción de su licencia como comercializadora eléctrica. La compañía niega deber los seis millones de euros en peajes que, según ha trascendido, motivan el expediente abierto por el Gobierno. La decisión final del Ministerio puede afectar a los contratos que la empresa catalana tiene en España.
Qué alega Holaluz para defender su continuidad
La empresa, dirigida por Carlota Pi, remitió sus alegaciones el martes 28 de julio, sin agotar el plazo legal, que vence este viernes 31 de julio. En un comunicado a BME Growth, donde la compañía cotiza y permanece suspendida, aseguró que “no concurre ninguna de las circunstancias previstas en la normativa vigente que pudieran justificar la extinción de su habilitación”.
El expediente arrancó con una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas firmada el 16 de julio y publicada dos días después en el Boletín Oficial del Estado. Ese anuncio, registrado como expediente R2-408,
Holaluz insiste en que la apertura del expediente no tiene ningún efecto inmediato sobre su habilitación ni sobre su cartera de clientes. La compañía añade que sigue prestando servicio “con absoluta normalidad” y que no se ha producido ningún traspaso. Además, se reserva “cuantas acciones y medidas legales resulten necesarias” para defender sus derechos.
Los seis millones de euros que originaron el expediente
El Ministerio abrió el procedimiento después de que las distribuidoras vinculadas a Iberdrola, Endesa y Naturgy reclamaran a Holaluz peajes y cargos de acceso a la red pendientes de pago. La cifra global asciende, según ha trascendido, a seis millones de euros, de los que cuatro millones corresponden a Endesa y un millón a cada una de las otras dos distribuidoras.
Holaluz sostiene lo contrario. En su comunicado, la compañía afirma que “todas las facturas reclamadas por las distribuidoras están al corriente de pago” y descarta cualquier impago. Considera que se trata de una denuncia injustificada y confía en poder acreditarlo con la documentación aportada.
Al margen de este expediente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió el 28 de abril otro procedimiento contra Holaluz. Lo hizo por infracción grave del artículo 65.3 de la Ley del Sector Eléctrico, también por impagos de peajes a Iberdrola. Es la segunda vez que la energética afronta un expediente similar: en 2024 ya recibió una denuncia de Iberdrola por el mismo motivo.
Qué pasaría con los 221.000 contratos de Holaluz
Si el Ministerio confirma la inhabilitación, los clientes de Holaluz pasarían a una comercializadora de referencia con la tarifa regulada PVPC. La normativa reparte esa función entre Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y TotalEnergies, según la zona de cada usuario.
Holaluz cerró 2025 con 221.000 contratos activos en España, según la agencia EFE. De ellos, 139.111 correspondían a electricidad, de acuerdo con el registro oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del tercer trimestre de 2025. Desde la publicación de una eventual resolución de traspaso en el BOE, los clientes tendrían ocho días para contratar con otra comercializadora de libre mercado antes de la asignación automática.
| Hecho | |
|---|---|
| 16 de julio | La Dirección General de Política Energética y Minas firma el acuerdo de inicio del expediente. |
| 18 de julio | El acuerdo se publica en el Boletín Oficial del Estado como expediente R2-408. |
| 20 de julio | BME Growth suspende la cotización de las acciones de Holaluz. |
| 28 de julio | Holaluz presenta sus alegaciones ante el Ministerio. |
| 31 de julio | Vence el plazo legal de diez días hábiles para alegar. |
Una compañía que arrastra pérdidas desde 2023
Holaluz cerró 2025 con unas pérdidas de 22,2 millones de euros,
La compañía afronta un plan de reestructuración de su deuda desde 2025, en el que el Instituto de Crédito Oficial avala en torno a un 70% de su deuda corporativa. Su deuda neta supera los 41 millones de euros, frente a una capitalización bursátil de entre 27 y 30 millones de euros, según las estimaciones, antes de la suspensión de su cotización.
El plan de reestructuración también ha alterado el reparto accionarial. El fondo Icosium entró en el capital mediante préstamos convertibles a 2,10 euros por acción y es hoy el primer accionista, con cerca del 33%, muy por debajo de los 7,78 euros a los que se colocó la acción en la OPV de noviembre de 2019. El resto de accionistas minoritarios, con la cotización suspendida desde el 20 de julio, no pueden vender sus títulos para limitar pérdidas.
En paralelo, la plantilla de Holaluz se redujo un 42,8% en 2025, hasta los 167 empleados, frente a los 292 del año anterior, según la agencia EFE.
La respuesta de Carlota Pi a las acusaciones
La consejera delegada de Holaluz, Carlota Pi, ha calificado el procedimiento como un ataque interesado. “El establishment energético quiere acabar con nosotros”, ha declarado, y ha añadido que “las grandes empresas tienen un interés brutal en destruirnos porque le damos miedo”.
Pi insiste en que la compañía opera con normalidad. “Estamos muy tranquilos porque lo vamos a resolver y no estamos traspasando clientes a ningún sitio, operamos con normalidad”, ha asegurado.
Qué puede pasar ahora con el expediente
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Sara Aagesen, dispone de un margen de hasta tres meses desde la recepción de las alegaciones para resolver el expediente. Si confirma la inhabilitación, Holaluz podría recurrir la decisión por la vía legal, como ya ha anticipado en su comunicado.
El caso de Holaluz se enmarca en un endurecimiento general de la supervisión del sector. Desde febrero de 2026, el Ministerio ha abierto expedientes de inhabilitación a otras varias decenas de comercializadoras en los últimos meses, en el marco de un endurecimiento de la supervisión que en 2025 se saldó con 59 bajas del registro de comercializadoras, la cifra más alta desde que existe esta estadística.
Fuente de la imagen principal: Montaje Roams
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