Qué parques solares pagarían el nuevo impuesto de Castilla y León y cuáles quedan fuera

Lo que el sector fotovoltaico y el Gobierno llaman un nuevo ‘impuesto al sol’ llega a Castilla y León. La Comunidad prevé gravar desde 2027 los parques fotovoltaicos de suelo de cinco hectáreas o más que vendan electricidad a la red, con entre 600 y 2.000 euros por hectárea.

Lo recoge el proyecto de ley de medidas tributarias para 2027, que acompaña a los presupuestos de la comunidad y todavía debe superar el trámite en las Cortes.

Qué grava el nuevo impuesto a los parques solares

Es una ampliación del Impuesto sobre la Afección Medioambiental. Hasta ahora recaía sobre los parques eólicos, los embalses hidroeléctricos y las líneas de alta tensión. El proyecto añade los parques fotovoltaicos cuya finalidad principal sea vender energía a la red y las redes fijas de telecomunicaciones.

La base imponible es la superficie ocupada del parque, expresada en hectáreas. La obligación se mantiene aunque la planta esté en desuso, hasta que se desmantele por completo y se restaure el terreno.

La Junta, gobernada por PP y Vox, lo justifica con el principio europeo de “quien contamina, paga” y con que Castilla y León exporta mucha más energía renovable de la que consume. Según el texto, los ciudadanos de la comunidad soportan las externalidades de estas instalaciones, es decir, los efectos visuales y ambientales que no recogen los precios del mercado.

Cuánto pagará cada parque según su superficie

La cuota depende del tamaño de la instalación. El tipo por hectárea sube a medida que crece la superficie, de 600 euros en los parques más pequeños a 2.000 euros en los de 500 hectáreas o más.

Qué cambia para eólica y telecomunicaciones

La reforma no se limita a la solar. Actualiza la tarifa de los parques eólicos, cuyas cuantías no se tocaban desde 2012, e incluye en el impuesto las redes fijas de telecomunicaciones.

En eólica se aplican dos nuevos tramos, de 14.000 euros por aerogenerador entre 3.001 y 5.000 kW y de 16.000 euros por encima de 5.000 kW.

Las instalaciones eólicas y fotovoltaicas nuevas quedan exentas durante el ejercicio en que entran en funcionamiento y el siguiente ejercicio completo. En los parques eólicos, esa exención sustituye a la de cinco años anterior.

Además, la reforma incluye una bonificación para determinados parques eólicos con más de diez años de antigüedad que sustituyan aerogeneradores por otros de mayor potencia y reduzcan su número.

Se libran tejados, plantas de menos de 5 ha y parte del autoconsumo

No tributan las instalaciones situadas en cubiertas o tejados de edificios, ni las de suelo que ocupen menos de cinco hectáreas. También están exentos el autoconsumo sin excedentes y el autoconsumo con excedentes.

En el autoconsumo con excedentes sobre suelo de cinco hectáreas o más, la potencia contratada en el periodo punta P1, el tramo de mayor precio de la tarifa eléctrica, debe ser al menos el 50% de la potencia de generación instalada. Si no llega a ese umbral, la planta no se beneficia de la exención y tributa como el resto de parques de suelo de cinco hectáreas o más.

Deducciones para promotores y defensa de la Junta

Las empresas propietarias de parques eólicos y fotovoltaicos podrán deducirse el 20% de lo que inviertan en programas contra la despoblación en los municipios afectados. El límite es el 30% de la cuota, y las inversiones deben recogerse en convenios con entidades locales o con la Administración autonómica. La Junta resume esa ventaja como una bonificación de hasta el 30% de la cuota.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió el 22 de octubre que el gravamen no tiene finalidad recaudatoria, según recogió EFE. Añadió que las exenciones, las bonificaciones y los acuerdos que las empresas formalicen con los territorios durante el ejercicio reducirán la aportación de las empresas.

“Lo que queremos básicamente en Castilla y León es que las fuentes de generación eléctrica acaben beneficiando al territorio”, resumió Carriedo tras el Consejo de Gobierno, según EFE. Algunos medios citan el borrador de presupuestos para estimar una recaudación de unos 9 millones de euros, pero la Junta no ha confirmado esa cifra.

Por qué UNEF lo ve recaudatorio e injustificado

José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), califica el impuesto de “absolutamente recaudatorio e injustificado” en un comunicado del 21 de octubre. La patronal recuerda que los parques ya pagan impuestos estatales y municipales, y que los ayuntamientos que los albergan ingresan en torno a 10.000 euros anuales por megavatio instalado.

UNEF sostiene que todos los proyectos cuentan con informe ambiental positivo de la Junta y que la recaudación debería ir a los territorios que acogen los parques. El proyecto destina los ingresos a programas de gasto medioambiental y de eficiencia energética que fijen las leyes anuales de presupuestos de la comunidad. La patronal replica que solo está prevista para engrosar los presupuestos generales.

• Superficie y no generación: UNEF critica que se pague por hectárea y no por electricidad producida, lo que a su juicio penaliza más a las inversiones del norte de la comunidad.
• Proyectos integrados en el entorno: según la patronal, el criterio perjudica a las plantas con pastoreo, cultivos o apicultura.
• Autoconsumo compartido: los límites de la exención no recogen todas las modalidades que permite el Real Decreto-ley 7/2026, lo que, según UNEF, frena a las empresas e industrias locales.

Según UNEF, Castilla y León sería la tercera comunidad con un impuesto específico a la fotovoltaica, tras Aragón y La Rioja. La patronal sostiene además que el gravamen previsto aquí es superior al de ambas.

La reacción del Gobierno y el calendario parlamentario

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reaccionó el 21 de octubre en la red social Bluesky. “Hay quienes, al repetir los errores del pasado, oscurecen el futuro de todos. Frente a quienes aprueban un impuesto al sol, nuestra apuesta es clara: energía renovable, autóctona y asequible”, escribió.

La Junta ya había adelantado la medida el 1 de septiembre, en el comunicado en el que anunció 36 rebajas fiscales para 2027. Los presupuestos de la comunidad, de 16.472 millones de euros, se presentaron el 13 de octubre.

El proyecto llega con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. En las Cortes de Castilla y León deberá superar el debate de totalidad y el de enmiendas parciales. PP y Vox, socios del Gobierno autonómico, aprobaron en solitario el techo de gasto de 2027.

El peso de la fotovoltaica en Castilla y León

Según Red Eléctrica, la comunidad puso en servicio 2.542 MW fotovoltaicos en 2025. La fotovoltaica supone el 31,1% de la potencia instalada de la región y el 17,5% de su generación eléctrica, contando el autoconsumo. Según los datos recogidos por El Periódico de la Energía, Castilla y León suma 5.470 MW fotovoltaicos instalados y más de 10.000 MW con punto de acceso y conexión a la red.

UNEF presentó el 21 de octubre un estudio que cifra en 17.021 millones de euros el ahorro de los consumidores gracias a la fotovoltaica entre enero de 2025 y junio de 2026. Según ese análisis, en el mercado mayorista el precio diario habría sido un 86% más alto sin la fotovoltaica, con una media de 112 euros por MWh en lugar de 60,2.