Familia abrigada en el sofá frente a un pequeño calefactor eléctrico en una vivienda fría.
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El bono social eléctrico será algo más justo: el Gobierno lo topará a familias numerosas de rentas altas

Sergio Soto
Sergio Soto
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El Gobierno ha dado un paso decisivo para garantizar la equidad energética con la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030. Esta nueva hoja de ruta establece que el bono social eléctrico estará ligado estrictamente a la renta de las familias.

Y es que actualmente, cualquier familia numerosa con tres o más hijos lo recibe sin necesidad de cumplir otros requisitos y aunque superan los umbrales de renta.

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El objetivo es eliminar las desigualdades actuales y asegurar que los recursos públicos lleguen prioritariamente a los hogares con menos ingresos.

Hasta la fecha, el sistema presentaba una brecha importante: mientras miles de hogares vulnerables quedaban fuera por burocracia, otros colectivos accedían a la ayuda sin importar sus ganancias. Con la nueva normativa, se busca profesionalizar el reparto. Según los datos oficiales, muchos ciudadanos pierden esta ayuda por falta de información, algo que el nuevo plan pretende corregir mediante puntos de atención en los barrios.

Justicia social: la renta como eje del bono social

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que introducir criterios de ingresos es “lo justo” para el sistema. Actualmente, las familias numerosas podían solicitar el descuento de forma universal. Esto permitía que rentas altas se beneficiaran de una ayuda sufragada por el resto de consumidores. La reforma busca que el nivel de vida real sea el único principio rector para obtener la bonificación.

Pies con calcetines de lana apoyados en un radiador doméstico encendido.

Esta medida impactará directamente en el mapa de beneficiarios en España. De los 1,73 millones de hogares acogidos al bono social, casi el 27% (unas 460.244 familias) pertenecen a la categoría de familia numerosa. Con el cambio de reglamento, aquellas unidades con ingresos elevados dejarán de percibir el descuento, liberando recursos para reforzar la protección de quienes sufren pobreza energética severa.

Más beneficiarios y protección ante cortes de luz

El Gobierno no solo busca restringir el acceso a las rentas altas, sino ampliar la cobertura para los que sí lo necesitan. Se estima que un 30% de los hogares en situación de vulnerabilidad no están percibiendo la ayuda hoy en día. Para revertir esta situación, se creará la Red Actúa, una iniciativa de acompañamiento para simplificar los trámites y acercar la información a las zonas con mayores dificultades económicas.

Además, la nueva estrategia blinda el suministro para los consumidores electrodependientes y en riesgo de exclusión social. El número de beneficiarios ha crecido un 60% desde 2018, pero el reto para 2030 es que la ayuda sea dinámica. La intención es que el sistema detecte automáticamente a los hogares con baja renta, evitando que el desconocimiento del proceso administrativo suponga un castigo económico para las familias más humildes.

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