Tras Almaraz, las centrales nucleares catalanas podrían ser las siguientes en tratar de evitar su cierre

La Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) ha lanzado una advertencia clara. Para desconectar los tres reactores que operan en la región (Ascó I, Ascó II y Vandellòs II), el territorio necesitaría un despliegue masivo de 20.000 megavatios (MW) de energía verde. La realidad actual, sin embargo, arroja cifras preocupantes: apenas hay 4.000 MW instalados. Ante este abismo energético, los gestores de las plantas reclaman una prórroga operativa, argumentando que sus instalaciones están preparadas técnicamente para superar el medio siglo de vida.

Este movimiento no es aislado. El sector observa con atención las negociaciones en Extremadura, consciente de que revertir el cierre de nucleares más allá del caso de Almaraz es una decisión con complejas limitaciones técnicas y políticas que marcará el futuro energético de la década. Paulo Santos, director general de ANAV, se mantiene “a la expectativa” y califica la solicitud de la planta extremeña como “una buena noticia” que podría sentar un precedente vital para Tarragona.

La brecha renovable: 16.000 MW pendientes

El plan de la Generalitat para la transición energética choca frontalmente con los tiempos de ejecución. Para prescindir de la carga base que ofrecen los reactores tarraconenses, sería necesario incorporar 8.000 MW de eólica y 12.000 MW de fotovoltaica. Sin embargo, la oposición social y las trabas administrativas han frenado el ritmo de implantación, haciendo inalcanzable ese objetivo a corto plazo.

En este escenario de incertidumbre, y tras incidentes como el apagón que sufrió España el pasado abril, la seguridad de suministro se ha convertido en la prioridad. Es aquí donde el Ejecutivo central comienza a matizar su hoja de ruta. De hecho, recientemente se ha evidenciado cómo Sánchez abre la puerta a la energía nuclear con dos condiciones clave: que se garantice la máxima seguridad y que la operación no suponga un coste extra para el consumidor.

El espejo americano y la inversión millonaria

Frente a las dudas políticas, ANAV ha puesto sobre la mesa argumentos técnicos y económicos contundentes. Santos ha sido tajante: “Nuestras tres centrales han pasado revisiones periódicas de seguridad y están en perfectas condiciones técnicas”. Para sostener esta afirmación, la asociación invierte anualmente entre 90 y 100 millones de euros en la modernización de sus equipos.

El gran referente para defender la extensión de la vida útil es la central de North Anna, en Virginia (EE.UU.). Esta instalación, considerada gemela de los reactores de Tarragona por su diseño idéntico, recibió en 2023 luz verde del regulador estadounidense para operar hasta los 80 años (2060). Este hecho desmonta, según la industria, el mito de que los 40 años son un límite técnico insalvable.

“Queremos que todo el parque nuclear en España siga funcionando y que las centrales de Ascó y Vandellòs puedan aspirar también a operar más años”, señaló Santos, mirando hacia el modelo americano donde ya se estudia la viabilidad hasta el siglo de vida.

Asfixia fiscal y pérdida de competitividad

Más allá de la producción de vatios, la batalla también es financiera. Los gestores de las nucleares denuncian una presión fiscal que amenaza la viabilidad económica de las plantas y, por extensión, la competitividad del polígono petroquímico de Tarragona, que depende de una energía estable y asequible.

• La carga fiscal ha aumentado un 71% en los últimos cinco años.
• El 60% del presupuesto de ANAV para 2025 se destinará exclusivamente al pago de impuestos.
• Desde 2020, se han abonado 809 millones de euros en concepto de la ecotasa ambiental catalana.

Mientras la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirma desde la COP30 que se estudiará la situación priorizando que “no se permitirá que el coste de cualquier ampliación repercuta sobre los consumidores”, ANAV sigue preparando el terreno. La asociación ha rejuvenecido su plantilla hasta una media de 46 años y avanza en la construcción de los nuevos Almacenes Temporales Individualizados (ATI), que deberán estar operativos en 2027, enviando un mensaje claro: están listos para seguir operando.