La OCU exige controlar los abusos en carburantes tras la multa de la CNMC a Repsol

La OCU ha lanzado un mensaje contundente exigiendo un mayor control sobre el mercado de los carburantes tras conocerse la sanción de la CNMC a Repsol. Según la organización, la reciente multa impuesta a la compañía no solo castiga una mala práctica, sino que evidencia graves fallos estructurales en el sistema de competencia actual.

La Organización de Consumidores y Usuarios considera urgente que el Gobierno refuerce la vigilancia sobre las petroleras. La resolución de Competencia confirma que se utilizaron estrategias para asfixiar a las estaciones independientes durante la crisis energética de 2022, un periodo especialmente crítico para las familias españolas.

Para la entidad, este escenario de abuso de precios demuestra que las sanciones actuales no son suficientes para disuadir a las grandes compañías. Por ello, piden que las multas sean más elevadas y que se facilite de forma real la entrada de nuevos operadores pequeños y medianos.

Las consecuencias de la sanción a Repsol

La sanción no solo conlleva el pago de 20,5 millones de euros. La petrolera se enfrenta también a una prohibición de seis meses para contratar con la administración pública. Este movimiento busca penalizar el aprovechamiento de una posición de dominio que terminó perjudicando directamente la libertad de elección del consumidor.

Desde la organización subrayan que, aunque la multa es un paso necesario, los usuarios siguen pagando las consecuencias de un mercado cuasi oligopolístico. En muchas provincias de España, la presencia de gasolineras de bajo coste es mínima, lo que deja a los conductores sin alternativas reales frente a las grandes marcas.

Un sistema que requiere vigilancia constante

“Es vital que la formación de precios sea transparente tanto en el mercado mayorista como en el minorista”, afirman desde la OCU. La organización recuerda que ya advirtió en 2022 sobre comportamientos anómalos, cuando los precios en España se mantuvieron por encima de la media europea tras aplicarse los descuentos estatales.

El objetivo final es evitar que situaciones de volatilidad internacional se conviertan en una oportunidad para las prácticas abusivas. Solo con un control proactivo y sanciones verdaderamente disuasorias se podrá garantizar que el mercado de los combustibles sea justo y competitivo para todos los ciudadanos.