Octopus, Plenitude y TotalEnergies alertan de “inseguridad jurídica” ante los planes del Gobierno
- Las comercializadoras independientes critican la entrada en vigor inmediata del nuevo decreto
- Reclaman un periodo transitorio para adaptar sistemas y procesos internos
La Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE), que integra a compañías como Octopus Energy, Plenitude y TotalEnergies, ha lanzado una advertencia urgente sobre el nuevo reglamento del sector. Según la patronal, el Real Decreto de suministro que ultima el Ejecutivo genera una situación crítica para las eléctricas independientes al no contemplar un plazo de adaptación técnica.
El sector denuncia que la entrada en vigor inmediata de la norma impediría a las operadoras ajustar sus sistemas informáticos a tiempo. Desde ACIE señalan que esta precipitación obligaría a realizar cambios estructurales de un día para otro, lo que resultaría en un escenario de total inseguridad para las empresas.
Las comercializadoras independientes son aquellas que no poseen las redes de distribución (los cables) ni gozan de la posición de dominio histórica de los grandes grupos tradicionales. Su actividad se centra exclusivamente en la venta de energía en el mercado libre, compitiendo mediante tecnología y servicio sin el control de la infraestructura física.
Para firmas con un alto componente digital como Octopus Energy o Plenitude, la actualización de los procesos de facturación y contratación es una tarea compleja. Un error en la implementación por falta de margen temporal podría derivar en fallos masivos en los recibos de miles de usuarios en toda España.
La petición de un periodo de adaptación de 12 meses
Ante esta situación, las eléctricas han solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que incluya un periodo transitorio de un año. El objetivo es que estas compañías puedan adecuar sus protocolos de atención al cliente y sus plataformas tecnológicas sin riesgo de incurrir en sanciones administrativas.
La asociación recuerda que ya existe un precedente similar en la Ley 10/2025, donde se concedieron doce meses para una transición ordenada. Consideran que repetir este modelo es la única vía para garantizar que la nueva normativa se aplique con rigor y sin perjudicar la libre competencia en el mercado energético.
Cambios de última hora en el texto definitivo
La preocupación se ha agravado tras conocer que el texto remitido al Consejo de Estado incluye modificaciones que no figuraban en el borrador inicial de 2024. Este giro inesperado ha motivado que las comercializadoras soliciten una nueva audiencia pública para analizar el impacto real de las exigencias introducidas recientemente.
Por ahora, el sector permanece a la espera del dictamen del órgano consultivo. De no introducirse el periodo de gracia solicitado, las independientes advierten de que la estabilidad del mercado minorista podría verse comprometida, afectando directamente a la transparencia y calidad del servicio ofrecido al consumidor final.
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