
La CNMC marca la cuenta atrás para las eléctricas: tres días para alegar contra la nueva tasa de retribución del 6,58%
- Transición Ecológica pide mejorar la rentabilidad de la distribución por mayor riesgo operativo
- Dos consejeros de la CNMC rompen la unanimidad y cuestionan la metodología del regulador
El sector eléctrico español afronta una semana decisiva. El Consejo de Estado ha abierto este miércoles, in extremis, el trámite de audiencia pública para las circulares que definirán la retribución de las redes entre 2026 y 2031. Con este movimiento, el reloj corre en contra de compañías como Iberdrola, Naturgy o Endesa, que disponen de un plazo inusualmente breve -hasta el próximo lunes 1 de diciembre- para presentar alegaciones a una normativa vital para sus balances.
La urgencia de esta negociación trasciende los despachos corporativos, ya que el resultado impactará directamente en los peajes que pagan los usuarios. De hecho, este nuevo marco regulatorio es el motivo principal por el que la factura de la luz subirá en 2026 ante el alza de los costes fijos que preparan tanto el regulador como el Gobierno.
Transición exige más rentabilidad
El conflicto nace de la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que fija una Tasa de Retribución Financiera (TRF) del 6,58% para el próximo sexenio. Aunque la cifra mejora el 5,58% actual, se queda lejos del 7,5% que reclamaban las grandes eléctricas (agrupadas en Aelec) para poder competir por el capital con otros países europeos.
En un giro inesperado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha salido en defensa, parcialmente, de las tesis del sector. En su dictamen, el departamento que lidera Sara Aagesen acepta el marco general pero pide explícitamente mejorar la retribución para la distribución.
El Ministerio argumenta que es un error tratar igual al transporte (Red Eléctrica) y a la distribución (Endesa, Iberdrola, Naturgy). Mientras el primero tiene ingresos asegurados, las distribuidoras asumen un mayor riesgo bajo el nuevo modelo. Por ello, Transición insta a la CNMC a justificar un incremento en el “parámetro Beta” (indicador de riesgo) para evitar que la falta de rentabilidad frene la electrificación de la industria.
Dos consejeros rompen la unanimidad
La propuesta enviada al Consejo de Estado llega debilitada por una fractura interna en la propia CNMC. Los consejeros Josep María Salas y María Jesús Martín -los perfiles con mayor experiencia técnica en el sector eléctrico- han emitido votos particulares en contra de la decisión de la mayoría del pleno.
- Incongruencia técnica: Salas califica de “difícil de sostener” que se aplique la misma tasa financiera a dos actividades (transporte y distribución) con riesgos tan dispares.
- Riesgo de parálisis: Martín advierte que los ajustes de eficiencia operativa propuestos son tan agresivos que podrían generar un “efecto indeseado”, desincentivando la inversión en digitalización justo cuando la red más lo necesita.
Riesgo de prórroga y pérdidas millonarias
El calendario no permite errores. Si el Consejo de Estado no devuelve el expediente a la CNMC con sus observaciones durante la semana del 9 de diciembre, será prácticamente imposible publicar las circulares en el BOE antes de final de año. Esto abocaría al sector a una prórroga de la retribución actual (5,58%), un escenario financiero muy negativo en el actual entorno de tipos de interés.
Las eléctricas apuran ahora sus últimas 72 horas para intentar convencer al Consejo de Estado de que la propuesta actual, tal y como señalan el Ministerio y los consejeros disidentes, pone en peligro las inversiones milmillonarias que España necesita para completar su transición energética.
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