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Instalación de baterías de Solaria para almacenamiento de energía renovable junto a paneles solares en entorno verde.
Energía renovable

Impulso a las baterías y la electrificación: así es el decreto del Gobierno que cambia el sector eléctrico

  • Se prioriza la hibridación de baterías con plantas renovables existentes
  • La CNMC y Red Eléctrica reforzarán la supervisión del sistema
Sergio Soto
Sergio Soto
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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto clave para el futuro energético de España. La nueva normativa busca reforzar la estabilidad del sistema eléctrico, acelerar la electrificación de la economía y, sobre todo, dar un impulso sin precedentes al almacenamiento de energía, una pieza fundamental para la transición ecológica.

A petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), este decreto recupera varias medidas cruciales para aumentar la resiliencia de la red y aprovechar al máximo el potencial de las energías renovables. El objetivo es claro: alcanzar los 22,5 gigavatios (GW) de almacenamiento para 2030, tal como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Claves del nuevo Real Decreto

La norma introduce cambios significativos en varios frentes para asegurar un sistema eléctrico más robusto, eficiente y transparente. Estos son los puntos más destacados:

Contenedor industrial de Pacific Green para almacenamiento inteligente de energía, con sistemas de baterías conectados a red.
Fuente: Pacofic Green

Objetivo: 22,5 GW de almacenamiento

El corazón del decreto es el fomento del almacenamiento. Para lograrlo, se priorizará la hibridación de sistemas de almacenamiento con plantas de generación ya existentes, simplificando la tramitación administrativa al ubicarse en terrenos ya utilizados. Esta medida está diseñada para dinamizar un sector en plena ebullición, donde el mercado del almacenamiento energético crece a un ritmo acelerado.

Lucha contra la especulación y fomento de la demanda

Para evitar el acaparamiento de la capacidad de la red, el decreto establece la caducidad de los derechos de acceso y conexión para demanda a los cinco años si no se utilizan. Además, las nuevas solicitudes deberán identificar el código CNAE de la actividad industrial a desarrollar, garantizando que el uso final sea el prometido. También se agilizan los plazos de respuesta de las distribuidoras para nuevas conexiones, como puntos de recarga de vehículos eléctricos, con tiempos que irán de 5 a 80 días según la complejidad de la obra.

Mayor control y supervisión del sistema

Se refuerza el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que publicará un informe trimestral público sobre el control de tensión del sistema. Por su parte, el Operador del Sistema, Red Eléctrica, deberá elaborar en un plazo de tres a seis meses propuestas técnicas para mejorar la respuesta de la red ante incidencias.

Red eléctrica de alta tensión con el cielo azul y el sol saliendo
Fuente: Freepik

Repotenciación e I+D+i

El texto también define por primera vez el concepto de repotenciación, es decir, la renovación de instalaciones con tecnologías más eficientes. Se establece un plazo de nueve meses para desarrollar una ‘Hoja de Ruta’ nacional que la incentive con medidas técnicas y financieras. En paralelo, se facilita la actividad de las plataformas de I+D+i para probar nuevos prototipos, un campo donde ya destacan iniciativas privadas como la de compañías que ya instalan sus primeras baterías a gran escala, demostrando el potencial de estas tecnologías.

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