
¿Fin al spam telefónico de las eléctricas? El Gobierno les impondrá durísimas multas por estas prácticas
- La CNMC asumirá el control sobre las prácticas de captación
- Se busca mayor transparencia y protección para el consumidor
El Gobierno ha decidido intervenir con dureza para erradicar el spam telefónico en el sector energético. A través de un nuevo decreto aprobado este martes, se prohíben las ofertas comerciales no solicitadas, imponiendo a las compañías eléctricas multas que podrían alcanzar los seis millones de euros para quien incumpla la normativa.
Esta medida busca proteger a los usuarios de las tácticas agresivas de captación. Hasta ahora, muchas compañías realizaban llamadas masivas sin consentimiento previo. Con este cambio legal,
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha sido tajante respecto a esta decisión. En una entrevista concedida a elDiario.es, la ministra subrayó la necesidad de “acabar con las llamadas spam y con la contratación en caliente” para devolver la tranquilidad y la seguridad a los hogares españoles.
Sanciones de hasta seis millones de euros
El régimen sancionador que entrará en vigor considera estas prácticas como infracciones graves. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) será la encargada de vigilar y multar a las comercializadoras que sigan utilizando el teléfono como vía de acoso publicitario sin el permiso del cliente.
Las multas oscilarán entre los 600.001 euros y los seis millones de euros. Este castigo económico pretende disuadir a las grandes eléctricas de saltarse la ley. No obstante,
Principales medidas del nuevo decreto energético
El documento aprobado hoy martes por el Consejo de Ministros no solo se centra en el spam, sino que establece un nuevo marco de transparencia para el consumidor. Estas son las medidas clave que se van a implantar:
- Prohibición total en luz y gas: la restricción del spam telefónico se aplica por igual a ambos suministros, cerrando cualquier resquicio legal para las comercializadoras.
- Consentimiento expreso e inequívoco: solo se podrán recibir llamadas comerciales si el usuario ha solicitado la comunicación de manera previa y demostrable.
- Grabación íntegra obligatoria: en las llamadas autorizadas, las compañías deberán grabar toda la conversación, incluyendo la información precontractual, para que sirva como prueba jurídica en favor del cliente.
- Fin de la contratación en caliente: es obligatorio que el usuario reciba el contrato y un resumen de las condiciones por escrito antes de dar su conformidad final.
- Comparadores de la CNMC actualizados: las eléctricas deben comunicar sus ofertas al regulador con 10 días de antelación para que el comparador público de precios sea siempre real y fiable.
- Protección reforzada del bono social: se impide el trasvase de clientes vulnerables al mercado libre sin una renuncia firmada donde conste que son conscientes de la pérdida de sus ayudas.
- Identificación y bloqueo: las llamadas permitidas usarán un prefijo específico y las operadoras estarán obligadas a bloquear los números que emitan spam ilegal.
- Facilidades para inquilinos: se simplifica la subrogación de contratos en viviendas de alquiler para evitar que el nuevo inquilino cargue con deudas o burocracia del anterior arrendatario.
Blindaje para los consumidores más vulnerables
Uno de los puntos críticos que el Gobierno quiere atajar es el engaño a personas con pocos recursos. Según datos del IDAE, muchos usuarios con derecho al bono social terminan pagando de más por haber aceptado ofertas engañosas por teléfono que les expulsan del sistema de protección pública.
Además, el decreto incluye medidas sociales de calado. Por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género tendrán facilidades para cambiar la titularidad de los contratos y acogerse a la tarifa regulada de forma inmediata, garantizando así su suministro en situaciones de especial vulnerabilidad.
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