Endesa, Iberdrola o Naturgy piden protección militar a la OTAN frente a sabotajes contra el suministro eléctrico

El sector energético europeo ha decidido pasar a la ofensiva ante la creciente amenaza de la guerra híbrida. Eurelectric, la patronal que representa a más de 3.500 compañías eléctricas en el continente -incluyendo a grandes firmas españolas como Endesa, Iberdrola y Naturgy-, ha enviado una carta urgente a la cúpula de la OTAN y a la Comisión Europea. Su exigencia es clara: las redes eléctricas deben ser consideradas infraestructuras de “doble uso” (civil y militar) para poder acceder a fondos de defensa y recibir protección militar directa.

La misiva, dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advierte de que la infraestructura energética se ha convertido en un “objetivo principal” para potencias extranjeras hostiles. Los recientes sabotajes a cables submarinos en el mar Báltico y la rotura de conexiones de fibra óptica entre Alemania, Finlandia, Suecia y Lituania han encendido todas las alarmas en los despachos de las eléctricas.

Leonhard Birnbaum, presidente de Eurelectric, ha sido contundente: “La seguridad del suministro es seguridad nacional”. La patronal argumenta que, en una sociedad electrificada, un ataque exitoso contra la red no solo causaría pérdidas económicas, sino que paralizaría la capacidad de respuesta de los propios estados.

FINANCIACIÓN MILITAR: 250.000 MILLONES EN JUEGO. Para hacer frente a estas amenazas, las compañías piden acceder a la partida de inversión en defensa (el 1,5% del PIB) acordada en la reciente Cumbre de la OTAN en La Haya. Según detalla su nuevo informe técnico “Powering security”, esta bolsa asciende a unos 250.000 millones de euros y el sector exige que parte de ese dinero sirva para blindar las redes civiles. En este contexto de incertidumbre, se hace más necesario que nunca revisar los protocolos; de hecho, los expertos ya han señalado las medidas clave para evitar que un apagón vuelva a ocurrir, unas recomendaciones técnicas que ahora cobran una dimensión de seguridad de estado.

Esta petición de auxilio financiero llega con fecha de caducidad: busca presionar a los ministros europeos antes del crucial Consejo de Energía del próximo 15 de diciembre. Las eléctricas sostienen que no pueden asumir en solitario el coste de convertir la red en una fortaleza militar sin repercutirlo en las facturas. Es un debate que ya estaba sobre la mesa en España: recientemente, voces autorizadas del sector advertían de que si queremos un suministro totalmente garantizado, habrá que pagarlo, una premisa que la amenaza bélica actual no hace más que confirmar.

La pelota está ahora en el tejado de Bruselas y la Alianza Atlántica, que deberán decidir si abren la caja de los fondos de defensa para proteger los enchufes de los hogares europeos.