La CNMC quiere que la TUR deje de ser tan barata: pide revisarla y ajustarla

La tarifa regulada del gas se ha quedado por debajo de su coste real. La diferencia llegó a rozar los 43 euros por megavatio hora este verano. Algo que ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a pedir la revisión de la fórmula de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para corregir ese desajuste.

El precio actual, atado al petróleo Brent y al mercado británico NBP, ya no refleja el coste real del gas que se compra en España, según el regulador. La petición aparece en el último informe de supervisión del mercado que ha publicado la CNMC, y coincide con las conclusiones de un análisis independiente elaborado por la consultora KPMG.

Qué pide cambiar la CNMC en la fórmula

La CNMC recoge la petición en su Informe de supervisión de los mercados minoristas de gas y electricidad, correspondiente a 2025 y aprobado en julio de 2026. El documento sostiene que “la metodología de cálculo de la TUR de gas debe ser revisada para incluir todos los costes de la actividad”. El problema, según el regulador, está en las referencias que usa la fórmula para fijar el precio de la materia prima.

Ese coste se vincula al precio del petróleo Brent y al mercado británico NBP, en lugar de a las cotizaciones del gas en España. Por eso, según la CNMC, “el precio final de la tarifa no resulta replicable por los comercializadores del mercado libre”. El regulador propone sustituir esas referencias por índices del mercado español, como Mibgas, con distintos plazos de contratación.

Una brecha de 43 euros por megavatio hora

Un informe de KPMG, titulado La Tarifa de Último Recurso de gas natural: desequilibrios económicos y distorsiones en el mercado minorista, pone cifras al problema. La consultora compara, desde comienzos de 2024, el coste de aprovisionamiento declarado en frontera, el precio de Mibgas -el mercado mayorista español- y el coste de materia prima que reconoce la TUR.

Durante el verano de 2026, la TUR reconoció un coste 43 euros por MWh más bajo que el del mercado, según el análisis de KPMG. La consultora advierte de que esta brecha puede obligar a los Comercializadores de Último Recurso (CUR) a comprar el gas más caro de lo que luego pueden recuperar a través de la tarifa. KPMG considera que ese desfase no puede absorberse de forma indefinida con unos márgenes comerciales que también están regulados.

Según KPMG, ante esta brecha las comercializadoras solo tienen dos salidas: trasladar el sobrecoste al cliente, perdiendo competitividad frente a la tarifa regulada, o absorberlo reduciendo unos márgenes ya regulados, algo que la consultora considera insostenible a largo plazo.

Los costes que la tarifa no recoge

La fórmula actual tampoco incluye los costes de la seguridad de suministro ni las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), según la CNMC. KPMG calcula que estas obligaciones sumaban unos 42,8 millones de euros en marzo de 2026 para los cuatro Comercializadores de Último Recurso que operan en España.

Quién tiene contratada la tarifa hoy

A cierre de 2025, 3,1 millones de clientes tenían contratada la TUR de gas, el 39% del total de consumidores, según la CNMC. La cifra parte de 1,5 millones de clientes a finales de 2021, cuando el Real Decreto-ley 17/2021 limitó el incremento del coste de la materia prima de la tarifa hasta mediados de 2024. Ese límite disparó el trasvase hacia la tarifa regulada durante la crisis energética, hasta los 3 millones de clientes en diciembre de 2023.

Desde entonces, el crecimiento se ha moderado. En diciembre de 2025, el comparador de ofertas de la CNMC recogía 183 ofertas de 42 comercializadores, y la tarifa regulada seguía por debajo de las opciones del mercado libre.

Qué cambiaría con la reforma de la TUR

La CNMC no plantea eliminar la tarifa regulada, sino modificar su fórmula para que se acerque al coste real del suministro. El cambio consistiría en sustituir las referencias al Brent y al NBP por índices del mercado español, como Mibgas, con distintos plazos de contratación. La tarifa seguiría existiendo, pero con un precio calculado de otra manera, según plantea el regulador.