Cliente probando un coche eléctrico en un concesionario acompañado por un comercial
Automóvil eléctrico

Ayudas al coche eléctrico: “No somos un banco”, los concesionarios desafían al Gobierno por el nuevo Plan Auto+

  • El paquete de ayudas pretende sustituir al MOVES con descuentos directos en factura desde 2026
  • El choque amenaza con retrasar o bloquear el nuevo sistema de subvenciones
Sergio Soto
Sergio Soto
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La transición hacia el vehículo eléctrico en España se enfrenta a un nuevo y complejo obstáculo apenas unas semanas antes de finalizar el año. El Gobierno, decidido a acelerar la electrificación del parque móvil, ha propuesto un cambio radical en el modelo de subvenciones con el futuro Plan Auto+, que sustituirá al MOVES III a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, la red de distribución ha marcado una línea roja infranqueable: se niegan a adelantar el dinero de los descuentos.

Durante los últimos años, el principal freno para los compradores no ha sido la tecnología, sino la lentitud administrativa. El Ejecutivo ha reconocido el problema y busca replicar el modelo de descuento directo en factura, similar al aplicado tras la DANA en Valencia. El objetivo es claro: acabar con la incertidumbre del cliente y centralizar las ayudas para simplificar el proceso. Sin embargo, la solución propuesta implica que sean los concesionarios quienes descuenten miles de euros por vehículo al momento de la venta y esperen posteriormente el reembolso del Estado.

La respuesta de la patronal Faconauto ha sido contundente. Marta Blázquez, presidenta de la organización, ha advertido que las redes de venta “no somos el banco de nadie”. Los concesionarios argumentan que no poseen la capacidad financiera para actuar como prestamistas de la Administración Pública, especialmente cuando se maneja un presupuesto de 400 millones de euros.

Primer plano del enchufe conectado a un coche eléctrico durante el proceso de carga

Rentabilidad en mínimos: el riesgo de quiebra

El rechazo de los vendedores no es un capricho, sino una cuestión de supervivencia contable. Según los últimos datos del sector, la rentabilidad media de los concesionarios españoles ha caído al 1,38% en el tercer trimestre de 2025, y un 26,2% de las empresas ya opera en números rojos. En este contexto, adelantar el importe de las ayudas -que pueden superar los 7.000 euros por operación- estrangularía su tesorería.

Esta situación se produce en un momento paradójico. Aunque el mercado muestra signos de vitalidad y las ventas se han disparado recientemente posicionando a España en cabeza de Europa, el volumen de matriculaciones no se traduce necesariamente en márgenes suficientes para soportar el riesgo de impago o retraso por parte del Gobierno.

Un modelo nacional o una excepción regional

El Ministerio de Industria insiste en que el sistema funcionó con el Plan Reinicia de la Comunidad Valenciana. No obstante, el sector alerta de que aquello fue una excepción por volumen y urgencia. Escalar ese mecanismo a nivel nacional sin garantías de cobro inmediato (en menos de 24 o 48 horas) es, según fuentes del sector, “técnicamente inviable” hoy por hoy.

Mujer cargando un coche eléctrico en un punto de recarga urbano mientras usa el móvil

El cliente, mientras tanto, sigue haciendo números. La ayuda directa es el incentivo final necesario para muchos conductores que ya conocen la diferencia de ahorro real entre un motor de combustión y uno eléctrico, pero que no pueden afrontar la barrera de entrada del precio inicial.

El pulso entre Faconauto y el Gobierno debe resolverse antes de que suenen las campanadas de 2026. Si no se llega a un acuerdo sobre quién adelanta el dinero, el Plan Auto+ podría nacer muerto, frenando en seco la renovación del parque móvil. Además, el sector recuerda que el precio no es el único deber pendiente: la fiabilidad de la red de recarga sigue siendo una asignatura crítica, con un porcentaje preocupante de cargadores que no funcionan correctamente, lo que añade otra capa de incertidumbre al potencial comprador.

La negociación continúa, pero el mensaje de los concesionarios es claro: quieren vender coches, no financiar al Estado.

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