Central nuclear de Almaraz al atardecer con imágenes de los presidentes de Iberdrola y Endesa superpuestas en un lateral.
Energía nuclear

80 años de energía nuclear: la propuesta de Iberdrola y Endesa que pone patas arriba el futuro energético de España

  • Ya han pedido formalmente prorrogar Almaraz hasta 2030
  • La creen necesaria para dar estabilidad a la red
Sergio Soto
Sergio Soto
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El sector energético español vive un momento de máxima tensión con varios frentes abiertos. Uno de ellos es el nuclear y los cierres programados. En este sentido, esta semana, los presidentes de Iberdrola y Endesa, Ignacio Sánchez Galán y José Bogas, han lanzado una propuesta que dinamita el actual plan de cierre de las nucleares: alargar la vida de las centrales hasta 80 años.

Durante la presentación de resultados de 2025, año en el que Iberdrola ha obtenido un beneficio récord de 6.285 millones, Ignacio Sánchez Galán defendió que el parque nuclear es un activo seguro y eficiente que puede alcanzar las ocho décadas de funcionamiento, alineándose con los estándares de otros países.

Por su parte, José Bogas, ha planteado una hoja de ruta que contempla una extensión 10 años más sobre el acuerdo vigente. Según el consejero delegado de Endesa, mantener los reactores es la única vía para evitar que el coste de la energía se duplique al sustituirlos por un mix de gas y baterías mucho más caro.

Estructura del reactor y edificio de contención de la central nuclear de Trillo en detalle exterior.

Este planteamiento choca frontalmente con los planes del Gobierno de seguir con el calendario de cierre progresivo. El Ejecutivo mantiene su intención de clausurar el parque entre 2027 y 2035, una decisión que las eléctricas tachan de poco pragmática ante el actual escenario económico.

Almaraz: la clave de la estabilidad y el agujero fiscal

La batalla inmediata se libra en la central de Almaraz. Sus propietarias ya han solicitado formalmente operar hasta 2030, argumentando que la planta aporta la seguridad o estabilidad que da la nuclear como síncrona. Esta tecnología resulta imprescindible para dar firmeza a una red eléctrica que depende cada vez más de renovables intermitentes.

El sector advierte además de un grave impacto para las arcas públicas. El desmantelamiento de las centrales supondría una pérdida de ingresos fiscales de unos 1.000 millones de euros anuales. Sin estos tributos, el Estado perdería una fuente de financiación clave derivada de la propia actividad de generación de energía.

“Países europeos sin nucleares tienen precios estructuralmente más altos”, recordó Galán. Además, se destaca que las empresas han invertido ya 3.000 millones de euros en mejoras de seguridad, lo que garantiza que instalaciones como Almaraz se encuentran en un estado técnico óptimo para continuar produciendo energía limpia.

El argumento de que la nuclear contribuye a los precios bajos ha sido utilizado por ambos directivos, pero la realidad en España es diferente, como se ha podido observar en los últimos meses. Sin ir más lejos, se espera que la factura de abril sea de las más baratas de la historia y baje a 10 €/MWh gracias a la producción renovable de la hidroeléctica y la eólica.

El problema con las renovables es la poca estabilidad que aportan al sistema para evitar apagones como el de abril de 2025, para lo que ya se está avanzando en materia de almacenamiento. En ese campo, la nuclear sí ha sido clave para recuperar la normalidad en la red eléctrica.

Riesgo ambiental: las emisiones de CO2 podrían dispararse

Uno de los puntos más críticos del debate es el impacto ecológico. Los expertos advierten que prescindir de la energía nuclear obligaría a quemar más gas en los ciclos combinados. Esta dependencia provocaría que las emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico aumenten más de un 20%, alejando a España de sus objetivos climáticos.

Vista panorámica de la central nuclear de Trillo con sus cúpulas de contención y entorno natural al fondo.

“No se trata de más reformas, sino de ver dónde está el problema”, sentenció Sánchez Galán, apuntando a la fiscalidad como el gran lastre de la competitividad europea. Para las eléctricas, cerrar reactores que ya están amortizados y son seguros es un lujo que la economía española no puede permitirse en este momento.

Con este movimiento, las compañías lanzan un órdago al Ministerio para la Transición Ecológica. La decisión final determinará si España apuesta por la continuidad de un modelo de gran capacidad o si mantiene el rumbo hacia una descarbonización que, según Bogas, cabeza de Endesa, que ha ganado 2.351 millones el último año, podría salir mucho más cara de lo previsto inicialmente.

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