33 euros por hogar: esto es lo que costó la operación reforzada de REE por el apagón

El plan antiapagón ejecutado por Red Eléctrica tras el incidente del pasado abril ha pasado factura a los consumidores. Según un estudio independiente de la consultora Nera, la estrategia ha generado un sobrecoste de 1.100 millones de euros, lo que se traduce en un impacto directo de unos 33 euros anuales en el recibo de cada hogar español.

Desde el gran apagón del 28 de abril, el operador del sistema ha aplicado una política de “operación reforzada” para evitar nuevos fallos. Esta medida consiste en priorizar el uso de centrales de gas, mucho más caras, para estabilizar la red eléctrica nacional.

Los datos son contundentes: el coste de las restricciones técnicas se disparó un 64% en 2025, alcanzando los 3.300 millones de euros. De esa cifra, casi un tercio corresponde exclusivamente a las medidas extraordinarias tomadas por el operador para blindar el suministro eléctrico.

Este escenario de precios elevados plantea dudas sobre la evolución del mercado energético a corto plazo. De hecho, se estima que este recargo limitará el ahorro que los usuarios esperaban ver en sus recibos durante este año.

Impacto real en la factura de los consumidores

Para un usuario medio con una potencia contratada de 3 kW, el coste total de los ajustes del sistema asciende a 110 euros anuales. De esa cantidad, los 33 euros derivados de la operación reforzada suponen un recargo del 19% en el precio final de la electricidad comercializada.

La situación ha generado malestar en el sector, ya que el uso intensivo de ciclos combinados de gas no solo encarece el recibo, sino que desplaza a las energías renovables. Esto ha provocado vertidos de energía limpia y un aumento indeseado de las emisiones de CO2.

Ante la falta de una normativa específica para esta modalidad de operación, el organismo regulador ha comenzado a supervisar los criterios técnicos de Red Eléctrica para garantizar que no haya una discrecionalidad excesiva.

¿Quién asumirá la factura del apagón?

El debate ahora se centra en cómo se repartirán estas pérdidas millonarias en el futuro. Mientras las eléctricas denuncian la opacidad del proceso, el Ejecutivo busca fórmulas para equilibrar las cuentas del sistema sin castigar excesivamente la competitividad de la industria.

Por ahora, Red Eléctrica mantiene su postura conservadora. La compañía defiende que, ante la incertidumbre sobre el estado de las instalaciones privadas tras el blackout, la prioridad absoluta debe ser la seguridad, aunque ello implique un sistema de operación más costoso.