“Todos los sectores pagarán el precio”: el aviso de las telecos a la UE por la nueva Ley de Ciberseguridad
- Las operadoras alertan de un desvío masivo de inversión hacia la retirada forzosa de equipos
- Telefónica y MasOrange piden una transición gradual para evitar frenar el 5G
Las operadoras de telefonía móvil han lanzado su advertencia más dura hasta la fecha contra la Comisión Europea. Las patronales GSMA y Connect Europe han enviado una carta urgente a la presidenta Ursula von der Leyen calificando la reforma de la Ley de Ciberseguridad (Cybersecurity Act) como un auténtico “acto de autolesión” para el continente.
En España, gigantes como Telefónica y MasOrange lideran esta reivindicación. Ambas compañías alertan de que las nuevas exigencias de Bruselas, que obligarían a sustituir equipos de proveedores considerados “de alto riesgo” -en referencia a Huawei y ZTE- sin periodos de transición realistas,
Un coste millonario que pagará la red
El conflicto nace del cambio de criterio en Bruselas. La Unión Europea pretende pasar de las recomendaciones voluntarias del antiguo Toolbox 5G a obligaciones legales estrictas. Esto forzaría a los operadores a desinstalar y sustituir miles de antenas y nodos que actualmente funcionan con normalidad, una operación conocida en el sector como rip and replace.
Las operadoras advierten de que esta medida no solo es técnica y económicamente inviable a corto plazo, sino que desviará miles de millones de euros destinados a la innovación. En lugar de ampliar la
La postura de Telefónica y MasOrange
Los dos principales operadores de España han sido especialmente contundentes sobre el impacto local de la normativa europea.
Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, ha advertido del riesgo directo para la evolución tecnológica del país: “La propuesta es agresiva. Existe un riesgo real de que Europa retrase el despliegue y la densificación de redes al tener que desviar recursos de inversión hacia la retirada de equipos que ya son seguros”.
Por su parte, Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, ha defendido un enfoque técnico y no político: “Estamos en contra de la exclusión indiscriminada de proveedores. Debemos colaborar con los mejores socios tecnológicos y adoptar medidas de protección específicas en infraestructuras sensibles, en lugar de optar por vetos generalizados”.
Riesgo de apagones y pérdida de calidad
Más allá del impacto financiero, la industria alerta de posibles consecuencias técnicas inmediatas. La carta enviada a la Comisión Europea subraya que una sustitución masiva y precipitada de proveedores no puede llevarse a cabo sin afectar a la calidad y disponibilidad del servicio.
En la práctica, esto implicaría que los usuarios podrían experimentar degradaciones en la velocidad de navegación o incluso interrupciones puntuales mientras se realizan las sustituciones forzosas de hardware en torres y estaciones base.
La propuesta del sector: renovación natural
Para evitar un colapso inversor, las operadoras proponen una alternativa más progresiva: vincular la retirada de equipos al final de su vida útil técnica.
El sector defiende que permitir la sustitución gradual garantizaría la seguridad nacional sin comprometer la competitividad digital de Europa frente a Estados Unidos y Asia, evitando un frenazo en el desarrollo de infraestructuras clave para la economía digital.
Fuente de la imagen principal: Freepik
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