Telefónica, Vodafone y Orange piden al Gobierno rebajar el plan anti-apagones: más ahorro, menos población protegida

El nuevo plan del Gobierno para blindar la red móvil frente a apagones eléctricos ha abierto un pulso con las grandes telecos. Telefónica, Vodafone y Orange han trasladado al Ejecutivo su rechazo a parte de las exigencias incluidas en el borrador del decreto de resiliencia de las redes, al considerar que su impacto económico y técnico es muy superior al que reconoce la Administración.

Según los escritos de alegaciones a la consulta pública -a los que han tenido acceso El Mundo y Expansión-, el principal punto de fricción está en la obligación de dotar de baterías o generadores de respaldo a una amplia parte de las antenas móviles para garantizar el servicio durante cortes de suministro eléctrico prolongados.

Del 85% al 70%: el ajuste que piden las operadoras

El Gobierno plantea que, en caso de apagón, el 85% de la población mantenga cobertura móvil durante al menos cuatro horas. Sin embargo, las operadoras consideran ese umbral excesivo y han solicitado que se rebaje al 70%.

Este recorte, explican desde el sector, permitiría reducir de forma significativa la inversión necesaria en baterías, generadores y sistemas auxiliares, con un ahorro estimado de hasta el 25% frente al escenario planteado inicialmente.

El apagón que cambió las reglas del juego

El endurecimiento regulatorio tiene su origen en el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, cuando buena parte de las redes móviles dejaron de funcionar tras agotarse las baterías de respaldo en numerosas estaciones base.

Aquel episodio provocó un fuerte malestar en el Ministerio para la Transformación Digital y aceleró la elaboración de un marco normativo más exigente, en línea con otras medidas antiapagones impulsadas en el ámbito energético.

Más allá del coste: un problema urbano y logístico

Las telecos subrayan que el debate no es solo económico. Una parte muy relevante de las antenas móviles se encuentra en azoteas de edificios en zonas urbanas, donde instalar grandes baterías resulta especialmente complejo por cuestiones de peso, espacio, ventilación y permisos.

En este tipo de emplazamientos, el refuerzo energético es mucho más sencillo sobre el papel que en la práctica, a diferencia de las torres situadas en suelo rural o industrial.

Costes reales, plazos y exigencias en discusión

Otro punto de fricción es la estimación oficial del coste del plan. El Gobierno calcula una inversión cercana a los 74 millones de euros, pero el sector sostiene que el impacto real podría superar los 100 millones por operador, a lo que se sumaría un aumento estructural del consumo eléctrico de la red.

Por este motivo, las compañías también reclaman:

• Plazos de implantación más graduales.
• Algún tipo de incentivo fiscal o ayuda pública.
• Relajar las obligaciones de notificación de incidencias, elevando el umbral de líneas afectadas.

El riesgo de frenar el despliegue de nuevas redes

Las operadoras advierten de un posible efecto colateral: que el esfuerzo financiero exigido por el plan anti-apagones obligue a retrasar inversiones clave, como el despliegue del 5G o la modernización de infraestructuras existentes.

Algunas compañías ya han comenzado a actuar por su cuenta. Telefónica, por ejemplo, ha activado un plan específico para reforzar la red de Movistar y O2, aunque reconoce que extender estas soluciones a gran escala requiere tiempo y fuertes inversiones.

La decisión final marcará hasta qué punto España refuerza su red móvil frente a emergencias futuras... y quién asume el coste de hacerlo, en un escenario en el que los expertos coinciden en que prevenir nuevos apagones requiere actuar sobre varios frentes.