Reino Unido pone en jaque a Netflix, Disney+ y Prime Video: mismas reglas que la TV y multas millonarias
- Quedarán bajo supervisión directa del regulador británico
- ¿Qué pasaría si el modelo se aplicase en España?
El gobierno británico ha aprobado una nueva regulación que obligará a gigantes como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ a cumplir exactamente las mismas normas que las cadenas de televisión tradicionales. La medida busca equilibrar un mercado donde el consumo a través de internet ya ha superado con creces a la emisión en directo.
Para aplicar esta ley, el Reino Unido ha creado una nueva clasificación legal denominada Nivel 1 (Tier-1). En este grupo entrarán automáticamente todos los servicios de vídeo bajo demanda que superen los 500.000 suscriptores en el país.
A partir de ahora, el regulador británico de comunicaciones -Ofcom- tendrá plenos poderes de supervisión sobre estas plataformas. Si detecta infracciones graves en sus contenidos, el organismo podrá imponer sanciones económicas de hasta 250.000 libras esterlinas (unos 290.000 euros al cambio).
No es el primer revés legal al que se enfrentan las plataformas de streaming. Por ejemplo,
La normativa no solo apunta a las empresas tecnológicas estadounidenses. También afectará a los servicios de streaming de las propias cadenas públicas británicas, como ITVX y Channel 4, garantizando que todos compitan bajo las mismas condiciones.
Protección de menores, imparcialidad y el fin del vacío legal
Hasta hoy, el streaming operaba en una especie de vacío legal. Las grandes plataformas aprovechaban que sus sedes estaban fuera del país o que las leyes de radiodifusión se habían quedado anticuadas. Mientras canales como la BBC debían respetar horarios infantiles y estrictos códigos de imparcialidad, internet funcionaba con reglas mucho más laxas.
Con el desarrollo de la Ley de Medios de 2024 (Media Act), esto cambia radicalmente. Las plataformas de Nivel 1 tendrán que garantizar la protección de los menores frente a contenidos nocivos. Además, sus documentales y programas informativos estarán obligados a cumplir con los mismos estándares de precisión y neutralidad que la televisión tradicional.
La secretaria de Cultura del gobierno británico, Lisa Nandy, lo ha justificado con datos contundentes: el 85% de los ciudadanos ya consume vídeo bajo demanda cada mes, superando al 67% que ve la televisión tradicional. La ley, simplemente, se está adaptando a dónde está ahora la audiencia.
Nuevas cuotas de accesibilidad obligatorias
Uno de los cambios más notables para los usuarios será la mejora forzosa en la accesibilidad de los catálogos. La nueva ley impone unos porcentajes mínimos que las plataformas tendrán que cumplir para evitar sanciones de Ofcom:
- Subtítulos: el 80% del contenido deberá contar con opciones de subtitulado.
- Audiodescripción: al menos el 10% del catálogo incluirá pistas de audio narrativas para personas con discapacidad visual.
- Lengua de signos: un 5% de las producciones deberá estar adaptado con intérpretes integrados en pantalla.
El impacto económico no es menor. El Reino Unido es el segundo mercado mundial de inversión para Netflix, donde la compañía ha inyectado alrededor de 6.000 millones de dólares en los últimos cuatro años. A partir de ahora, mantener su dominio requerirá someterse al mismo escrutinio que las cadenas tradicionales.
¿Qué supondría aplicar este modelo en España?
Si el gobierno español decidiera calcar esta estricta normativa británica, el impacto técnico, económico y editorial para las grandes plataformas sería mayúsculo y transformaría por completo las reglas del juego.
La CNMC como vigilante (y con multas más altas)
El equivalente a Ofcom en España es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que asumiría este control exhaustivo. Aunque España ya cuenta con una Ley Audiovisual (2022) que regula a estas plataformas, un sistema de Nivel 1 exigiría auditorías mucho más estrictas.
Paradójicamente, el castigo económico en España ya es más severo: las infracciones audiovisuales muy graves pueden alcanzar multas de hasta 1,5 millones de euros, muy por encima de los 290.000 euros contemplados en Reino Unido.
El desafío titánico de la accesibilidad
Adaptar catálogos gigantescos a las cuotas británicas supondría un enorme reto económico. Exigir que un 5% de miles de series y películas incluya intérpretes de Lengua de Signos Española (LSE) integrados en pantalla obligaría a las plataformas a reeditar masivamente sus archivos audiovisuales.
El debate sobre la censura y la libertad editorial
Imponer códigos estrictos de imparcialidad y neutralidad a géneros como el true crime o los documentales políticos y sociales abriría un intenso debate sobre los límites entre regulación y libertad creativa.
Fricciones en el Hub audiovisual español
España se ha consolidado como uno de los grandes centros de producción europeos, con infraestructuras clave como la sede de Netflix en Madrid. Una normativa tan restrictiva podría generar tensiones e incluso amenazas de deslocalización.
Sin embargo, el peso estratégico del mercado español y su conexión directa con Latinoamérica hacen poco probable una retirada real de estas compañías, aunque sí podrían producirse ajustes en inversión y estrategia de contenidos.
Fuente de la imagen principal: Montaje Roams
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