Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.
Telefonía móvil

El veto a Huawei para blindar el 5G le costará a Telefónica, Vodafone y MasOrange entre 400 y 1.000 millones

  • La UE quiere reforzar la soberanía en ciberseguridad frente a países considerados de alto riesgo como China
Andrea Benito
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La Unión Europea quiere reforzar la seguridad de sus redes de telecomunicaciones y acelerar la salida de los proveedores considerados de alto riesgo del despliegue del 5G. El objetivo es reducir la dependencia tecnológica de terceros países y blindar infraestructuras críticas frente a posibles injerencias extranjeras.

Este giro regulatorio tendrá un impacto directo en España. Telefónica, Vodafone y MasOrange mantienen todavía equipos de Huawei y ZTE en distintas capas de sus redes 5G, lo que las sitúa en el centro del nuevo marco que prepara Bruselas.

En él se incluye el veto a ambas marcas chinas en infraestructuras de fibra y móvil. Dependiendo de la presencia de cada compañía y la dificultad para sustituir equipos, el coste podría llegar a los 1.000 millones.

Del 5G Toolbox a reglas más exigentes

Desde 2020, la UE cuenta con el llamado 5G Toolbox, un conjunto de medidas para gestionar los riesgos asociados a determinados proveedores. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual entre los Estados miembros. Por ello, la Comisión Europea quiere acelerar su implementación y reforzar su cumplimiento dentro de la revisión de la Ley de Ciberseguridad (CSA2).

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El nuevo enfoque permitiría a la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) identificar proveedores y países de alto riesgo y facilitar que la Comisión exija la retirada de sus equipos de las partes críticas de las redes.

Además, el planteamiento comunitario no se limitaría solo al 5G. Bruselas estudia extender este criterio de seguridad a otras redes clave, como las redes móviles en general, las redes fijas o las infraestructuras de transporte y transmisión, cuyos plazos se definirían más adelante.

Fabricantes chinos, bajo el foco

Aunque la normativa no cita empresas concretas, el foco apunta claramente a fabricantes chinos. Bruselas lleva años alertando de los riesgos asociados a proveedores vinculados a países fuera de la OTAN, en un contexto de aumento del espionaje, los ciberataques y las campañas híbridas.

España es uno de los países más expuestos, con una presencia relevante de tecnología de Huawei en sus redes móviles, lo que obligaría a las operadoras a acelerar su sustitución.

Hasta 36 meses y una factura millonaria

Una vez se apruebe la lista de proveedores de alto riesgo, las operadoras dispondrían de hasta 36 meses para retirar los equipos afectados. El proceso implicará rediseñar partes de la red, renegociar contratos y desplegar nueva tecnología sin afectar al servicio.

Representación conceptual de la cobertura europea 5G vista desde el espacio.

Las estimaciones del sector sitúan la factura para las telecos españolas entre 400 y 1.000 millones de euros, en función del grado de exposición de cada compañía. La migración se haría previsiblemente hacia proveedores considerados seguros, como Ericsson o Nokia.

Soberanía digital frente a presión económica

Desde Bruselas el mensaje es claro: la seguridad y la resiliencia deben primar sobre el precio. El 5G es una infraestructura clave no solo para las telecomunicaciones, sino también para la industria, la energía o el transporte.

Sin embargo, el endurecimiento del marco regulatorio ha generado malestar en el sector de las telecomunicaciones, que alerta del impacto económico de estas exigencias y de su efecto sobre la inversión y el despliegue de redes en Europa.

Si el nuevo marco se aprueba en los próximos meses, el despliegue del 5G entrará en una nueva fase marcada por más control regulatorio, menos proveedores y un elevado coste para las grandes operadoras.

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