El Gobierno obliga a las operadoras a blindar sus redes ante apagones: la factura para Movistar, Orange o Vodafone será millonaria

El Gobierno se ha puesto serio con la seguridad de las redes móviles en España. Tras incidentes como el apagón de abril o las situaciones vividas con la DANA, el Ministerio para la Transformación Digital ha lanzado una consulta pública con un objetivo claro: que tu móvil no deje de funcionar cuando se vaya la luz.

El borrador del nuevo Real Decreto de Seguridad y Resiliencia trae una exigencia que va a obligar a operadoras como Movistar, Orange o Vodafone a sacar la cartera. El Ejecutivo quiere garantizar que, en caso de emergencia, el 85% de la población mantenga la conexión (especialmente para llamar al 112) durante al menos cuatro horas.

Una factura de 73 millones de euros para las operadoras

El problema actual es la falta de equipamiento. Según los datos del Gobierno, de las 10.400 antenas clave que hay en el país, apenas el 30% cuenta con baterías o generadores capaces de aguantar esas cuatro horas sin suministro eléctrico.

Esto significa que las compañías de telecomunicaciones tendrán que reforzar unos 7.280 emplazamientos. ¿El precio? El Ministerio ha echado cuentas:

• El coste por antena se estima en unos 7.000 euros
• La factura total para el sector oscilará entre los 50,9 y los 72,8 millones de euros

Un coste, el del apagón, que eléctricas como Iberdrola ya están trasladando a sus clientes. Además, evitar que ocurra otra cuesta a todos los españoles 2 millones de euros diarios.

¿A quién afecta esta medida?

La normativa no solo va para las grandes operadoras móviles -Movistar, Orange, Vodafone o MásMóvil-. El texto también incluye a quienes gestionan infraestructuras críticas como cables submarinos, satélites y centros de datos (CPD), siempre que tengan más de medio millón de usuarios o facturen más de 50 millones de euros.

El objetivo es evitar el caos en situaciones críticas. Actualmente, un corte de luz prolongado deja a miles de usuarios incomunicados en cuestión de minutos. Con esta inversión, que el Gobierno considera “proporcional”, se busca blindar las comunicaciones vitales ante desastres naturales o fallos masivos de la red eléctrica.

Esta normativa no surge en el vacío. Viene a completar el marco iniciado con la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 y el Esquema Nacional de Seguridad 5G. Sin embargo, el enfoque ha cambiado: antes la prioridad era la ciberseguridad (hackeos, espionaje), pero tras la catástrofe de la DANA en Valencia (donde muchas torres cayeron o se quedaron sin energía, aislando a la población), la prioridad ha virado hacia la resiliencia física y energética.