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Edificio de la CNMC -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- para representar la regulación de mercados en España.
Telefonía móvil

Compensaciones a las operadoras y ayudas rurales: la CNMC exige blindar el escudo antiapagón en toda España

  • Las sugiere para hacer frente a inversiones de hasta 73 millones
  • El actual criterio podría dejar fuera miles de antenas en zonas rurales
Andrea Benito
Andrea Benito
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El Gobierno prepara un nuevo escudo antiapagones para evitar que los teléfonos móviles se queden sin red durante emergencias o catástrofes naturales. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una advertencia importante: las zonas rurales podrían quedar fuera de esta protección si no se introducen cambios en la normativa.

Para evitarlo, el organismo regulador pide al Ejecutivo que contemple incentivos económicos para operadoras como Movistar, Orange y Vodafone y el uso de ayudas públicas que permitan garantizar la cobertura también en los pueblos más aislados.

El riesgo de dejar fuera a la España vaciada

El actual Proyecto de Real Decreto obligará a las operadoras de telefonía móvil a garantizar al menos 4 horas de autonomía energética cuando se produzcan cortes de electricidad.

El problema está en el criterio utilizado para aplicar esta obligación. La norma exige garantizar la cobertura únicamente para el 85% de la población española, lo que podría dejar fuera a muchas áreas con baja densidad demográfica.

Agricultor preocupado intentando conseguir cobertura móvil en el campo.
Fuente: Freepik

Según advierte la CNMC, esto podría provocar que muchas antenas ubicadas en zonas rurales no cuenten con baterías de respaldo. Una situación especialmente preocupante, ya que estas áreas suelen tardar más en recuperar el suministro eléctrico tras una avería.

Además, son territorios más expuestos a temporales, nevadas o fenómenos climáticos extremos, lo que aumenta el riesgo de cortes prolongados.

Baterías, millones de inversión y compensaciones

Para cumplir con las exigencias del decreto, las operadoras tendrán que instalar baterías adicionales o grupos electrógenos en miles de estaciones base de telefonía móvil.

La CNMC calcula que este despliegue supondrá un coste conjunto de entre 51 y 73 millones de euros para el sector de las telecomunicaciones.

Ante este escenario, el organismo ha planteado varias propuestas al Gobierno:

  • Fijar una cuota rural: establecer un porcentaje obligatorio de antenas protegidas específicamente en zonas rurales.
  • Ayudas públicas: estudiar subvenciones bajo el principio de interés general para financiar estas mejoras energéticas en pueblos.
  • Compensaciones a las operadoras: si mantener la red durante apagones se considera un servicio público, deberían contemplarse compensaciones económicas.

El debate regulatorio llega después de que las propias telecos hayan pedido revisar algunos aspectos del proyecto para reducir su impacto económico y técnico, planteando incluso rebajar ciertos objetivos del plan antiapagones.

Sara Aagensen, máxima responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.
Sara Aagensen, máxima responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático

Roaming de emergencia como plan alternativo

La CNMC también plantea una solución técnica para evitar que los ciudadanos se queden incomunicados si falla la red de su operador: activar un sistema de roaming nacional de emergencia.

Esto permitiría que, en caso de apagón o catástrofe natural, tu móvil se conecte automáticamente a la red de otro operador que siga funcionando en la zona.

De esta manera, se podrían mantener activos los servicios básicos de telecomunicaciones, como las llamadas de voz y los mensajes SMS, permitiendo a los afectados pedir ayuda o contactar con familiares incluso en situaciones críticas.

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