¿Adiós a las quiebras de aseguradoras? El Gobierno les exigirá un plan de choque ante crisis económicas

El Gobierno quiere evitar que una aseguradora en problemas se convierta en un problema mayor para clientes y sistema financiero, y más ahora que el sector no para de crecer. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que obliga a las principales compañías del sector a anticiparse a posibles crisis y a tener definidos planes de actuación antes de que la situación se deteriore.

La norma adapta a España una directiva europea y crea un marco común para la recuperación y resolución de aseguradoras, con un objetivo claro: proteger a los asegurados y evitar rescates con dinero público.

PLANES OBLIGATORIOS PARA GRANDES ASEGURADORAS. El texto establece que las aseguradoras que, en conjunto, representen al menos el 60% del mercado deberán contar con planes preventivos de recuperación. En ellos tendrán que detallar cómo actuarían ante un deterioro financiero y qué medidas aplicarían para recuperar la viabilidad.

Estos planes estarán supervisados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), que podrá exigir cambios o actualizaciones si detecta riesgos. Una DGSFP que en 2025 le revocó la autorización a Hello Auto por falta de solvencia.

SITUACIÓN LÍMITE. Si una entidad se considera inviable y no hay alternativas privadas, la ley prevé activar mecanismos de resolución ordenada, siempre que exista un interés público claro, como proteger a un gran número de asegurados o evitar impactos en la estabilidad financiera.

En esos casos, se contemplan soluciones como la venta del negocio, la creación de una entidad puente o la liquidación ordenada, priorizando siempre la continuidad de los servicios y la protección de los clientes.

SIN RESCATES CON DINERO PÚBLICO. Uno de los puntos clave del anteproyecto es la financiación. La resolución se apoyará en un sistema mixto: por un lado, fondos ya existentes del Consorcio de Compensación de Seguros y, por otro, aportaciones posteriores de las propias aseguradoras, evitando así recurrir al presupuesto público.

La norma también refuerza la obligación de las aseguradoras de evaluar riesgos a largo plazo, incluidos los derivados del cambio climático, y mejora la coordinación con otros países para gestionar posibles crisis transfronterizas.

Tras su aprobación inicial, el texto iniciará ahora su tramitación parlamentaria. España tiene margen hasta 2027 para aplicar esta directiva, pero el Ejecutivo ha optado por adelantarse para reforzar cuanto antes la estabilidad del sector.

Fuente: Anteproyecto de ley de recuperación y resolución de entidades aseguradoras y reaseguradoras