El Gobierno cubrirá a los propietarios en caso de impago de alquiler, pero solo si cumples estos requisitos

El miedo al impago se ha convertido en el principal freno para que miles de propietarios en España decidan sacar sus viviendas vacías al mercado. Para combatir esta parálisis y aumentar la oferta disponible, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva línea de avales gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La medida, pactada con Junts, promete cubrir hasta 12 meses de renta a los propietarios en caso de que el inquilino deje de pagar.

Esta iniciativa busca ofrecer una capa extra de seguridad jurídica y económica al arrendador. Si bien la normativa actual ya protege al casero ante situaciones graves que pueden derivar en desahucio, los tiempos de la justicia suelen jugar en contra de la liquidez del propietario. Con este nuevo aval, el Gobierno asegura que el dueño del inmueble podrá empezar a cobrar las rentas impagadas a partir del segundo mes de deuda, sin tener que esperar a la resolución final de un largo proceso judicial.

Requisitos para acceder al aval público

No todos los alquileres podrán beneficiarse de este seguro gratuito, cuyo coste asume íntegramente el Ministerio de Vivienda. Para que el Estado actúe como avalista, el propietario deberá cumplir una serie de condiciones estrictas enfocadas en facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables:

• El perfil del inquilino: el contrato debe firmarse con jóvenes menores de 35 años o con familias que tengan menores a cargo. Además, los ingresos de los inquilinos no podrán superar los 37.800 euros anuales (4,5 veces el IPREM), un límite que aumenta si hay hijos.
• Duración y precio: se exige un compromiso de estabilidad, con contratos de larga duración (entre 5 y 7 años). Asimismo, el precio del alquiler no podrá exceder los 1.200 euros mensuales, garantizando que se trate de arrendamientos asequibles.

Un mercado tensionado por los precios

La medida llega en un contexto de precios máximos históricos, donde la barrera de entrada para los jóvenes es cada vez más alta. La distorsión del mercado es tal que, actualmente, pagar una hipoteca sale más rentable que vivir de alquiler en casi todas las provincias españolas, aunque la falta de ahorro inicial impide a muchos dar el salto a la compra.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido la medida asegurando que “con esta decisión lanzamos un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios: el Estado responde”. El objetivo es movilizar el parque de vivienda vacía hacia el alquiler residencial, frenando la fuga de inmuebles hacia el alquiler turístico o de temporada.

Por su parte, desde Junts reivindican la autoría intelectual de la propuesta. “Esta medida lleva nuestro sello”, afirmó Míriam Nogueras, enfatizando que para solucionar la crisis habitacional no se puede “demonizar” al propietario, sino ofrecerle garantías. La línea de avales cuenta con una dotación inicial de 200 millones de euros y estará operativa una vez se publique el convenio en el BOE.