El Banco de España pone freno a la IA sin supervisión humana y pide a las entidades información sobre su uso

El Banco de España ha iniciado una vigilancia estrecha sobre el sector financiero para regular el uso de la IA. El supervisor quiere evitar que la inteligencia artificial tome decisiones críticas de forma autónoma, como la concesión de préstamos o hipotecas, garantizando que siempre exista una supervisión humana directa tras los algoritmos.

La irrupción de estas tecnologías busca optimizar la eficiencia y reducir costes operativos en las entidades. Sin embargo, según detalla CincoDías, el regulador ha solicitado planes detallados a las entidades para asegurar que la tecnología no opere sin control en áreas de riesgo.

El temor principal radica en la “caja negra” de los modelos predictivos. El supervisor exige transparencia para que cualquier cliente pueda entender por qué se le deniega un producto financiero, evitando que sesgos invisibles de la inteligencia artificial generen discriminación por sexo o raza.

La banca española acelera su transformación

A pesar de las advertencias, las grandes entidades ya han movido ficha. Por ejemplo, hemos visto cómo Bankinter integra estas herramientas en toda su estructura para maximizar su capacidad operativa bajo la supervisión directa de su consejera delegada.

Esta tendencia es generalizada en el país. En la actualidad, BBVA y CaixaBank encabezan la aplicación de IA para mejorar la experiencia del usuario, aunque ahora deberán adaptar sus sistemas de atención y gestión al nuevo marco de vigilancia del Banco de España.

Nuevas competencias de vigilancia

Con la nueva Ley de IA en marcha, el organismo presidido por José Luis Escrivá asume el rol de autoridad de vigilancia del mercado. Esto implica que las futuras decisiones sobre el capital y el crédito estarán auditadas para confirmar que cumplen con los estándares éticos y de seguridad exigidos.

El objetivo final es que la IA sea una herramienta de apoyo y no un sustituto del criterio bancario. Los bancos deberán demostrar que sus modelos son “explicables” y que siempre habrá un empleado responsable de validar las conclusiones generadas por la inteligencia artificial antes de que afecten al bolsillo del ciudadano.