Líderes en renovables, pero la luz no baja: las eléctricas piden una rebaja fiscal que se traslade al precio final

España es una potencia en energía renovable, pero ese éxito no se refleja en el bolsillo de los consumidores. Las grandes eléctricas y los productores de energías limpias se han unido para exigir al Gobierno una rebaja drástica en los impuestos de la luz, una carga que consideran totalmente desproporcionada.

José María González Moya, director general de APPA Renovables, ha sido contundente durante unas jornadas recientes del Club Español de la Energía. Según recoge El Periódico de la Energía, Moya ha calificado la carga fiscal que soporta la electricidad de “salvaje”, asegurando que está “a la altura del tabaco y del alcohol”.

Marta Castro, directora de Regulación de Aelec (asociación que agrupa a gigantes como Iberdrola, Endesa y EDP), ha apoyado esta visión. Tal y como informa el citado medio, Castro insiste en que es ilógico que España sea el segundo país de la Unión Europea con más potencia renovable instalada y que ese beneficio no llegue al ciudadano.

El polémico impuesto del 7% a la generación

Uno de los principales focos de queja del sector es el impuesto del 7% que grava el valor de la producción de energía eléctrica. Las empresas argumentan que este recargo penaliza directamente la creación de energía barata y verde.

En sus declaraciones, Castro subraya que, aunque gestionar un sistema con tanta energía intermitente es un reto técnico, no se puede frenar la competitividad del precio final. Reclaman eliminar o revisar este tributo para abaratar el recibo que pagan tanto familias como empresas. Esta reivindicación también ha sido demandada por la UE.

El “escudo antiapagón” dispara la factura

Pero los impuestos no son el único lastre de la factura. Tras el gran apagón que dejó a media península a oscuras el 28 de abril de 2025, el operador del sistema, Red Eléctrica, activó una “operación reforzada” para evitar otro colapso repentino.

Este escudo de seguridad consiste en encender de forma preventiva más centrales de ciclo combinado. Estas plantas queman gas natural para producir electricidad y sirven de colchón rápido para estabilizar la red cuando hay alteraciones de tensión.

El problema es que depender del gas sale muy caro hoy en día. La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos ha disparado los precios de este combustible en los mercados internacionales.

El sobrecoste del sistema en cifras

La combinación del miedo a un nuevo apagón y la crisis geopolítica ha provocado un agujero económico que acaba repercutiendo en el sistema:

• Uso masivo de gas: antes del apagón de 2025 se usaban unas 7 centrales diarias de respaldo; hoy se programan hasta 30 en horas punta.
• Encarecimiento del escudo: el coste de esta medida de seguridad extraordinaria ha subido un 58% debido al conflicto en Irán.
• Guerra de cifras: las eléctricas estiman el coste extra de este blindaje en más de 1.100 millones de euros. Por su parte, Redeia (matriz de Red Eléctrica) lo rebaja a 516 millones.
• Golpe al consumidor: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que este parche preventivo le cuesta unos 21 euros de media a cada hogar español.

Menos trabas y más energía limpia

Según los cálculos aportados por Aelec, si se pudiera desactivar esta costosa operación reforzada y dejar paso libre a las renovables, el precio de la luz para la industria podría caer hasta 10 euros por megavatio hora (MWh).

Para que esto ocurra sin poner en peligro la estabilidad de la red, es de vital importancia aumentar la capacidad de almacenamiento, algo en lo que España está dando pasos. Actualmente, uno de los problemas es que parte de la renovable que se genera se pierde o vende porque no se puede consumir al momento y tampoco tenemos capacidad de almacenaje.

Mientras se debate cómo abaratar la factura y se solucionan estos retos técnicos, la OCU ha acudido al Senado para exigir respuestas por el apagón del año pasado. Reclaman que se amplíe el plazo legal para exigir los daños sufridos por los ciudadanos, que expira este 31 de marzo, ante la falta de responsables claros.