¿Fin de las estafas telefónicas? Banca y operadoras piden poder bloquear números sin orden judicial

Las entidades bancarias y las principales operadoras de telefonía de España han solicitado al Gobierno un cambio normativo de gran calado. Quieren poder bloquear intentos de fraude y números de teléfono sospechosos de forma inmediata, sin tener que esperar una orden judicial.

La previsión que manejan las compañías es que este sistema de bloqueo directo pueda activarse en todo el país después del verano de 2026. Así lo han pedido las patronales AEB, CECA y Unacc en la parte bancaria y DigitalES en la parte de las telecos.

La propuesta surge de las mesas de trabajo de la recién creada Brigada Antifraude Financiero, impulsada por el Ejecutivo, en un contexto en el que ya se han endurecidolas medidas frente spam telefónico y las prácticas abusivas en sectores como el energético.

¿Por qué eliminar el permiso del juez?

En la actualidad, intervenir un número de teléfono exige un proceso judicial que puede alargarse varios días. Ese margen es aprovechado por los ciberdelincuentes para lanzar campañas masivas de phishing, vishing o spoofing antes de que se pueda actuar.

Eliminar la autorización judicial previa permitiría una respuesta en tiempo real. Según fuentes de los ministerios implicados, el objetivo es ofrecer una reacción “rápida y contundente” frente a los delitos financieros, algo difícil de encajar con los tiempos procesales actuales.

El debate se produce además tras la entrada en vigor de medidas que buscan poner fin a las llamadas comerciales no deseadas.

Un organismo independiente para evitar abusos

La medida no otorgaría poder ilimitado a bancos y operadoras. El plan contempla la creación de un organismo centralizado e independiente que supervise todo el proceso.

Este ente recibiría las alertas tempranas de las entidades financieras y coordinaría con las telecos el bloqueo inmediato de los números sospechosos. Así se garantizaría un control estricto y trazable sobre cada intervención.

Al mismo tiempo, algunas operadoras ya han empezado a mover ficha con herramientas propias, como la función gratuita de Orange para frenar llamadas sospechosas, aunque el sector insiste en que sin cambios legales la protección es limitada.

Menos estafas y presión a redes sociales

Si el Gobierno da luz verde al cambio normativo, el sector confía en que 2026 pueda cerrar con una reducción significativa de fraudes exitosos respecto a ejercicios anteriores.

El impacto sería especialmente relevante en fraudes telefónicos que, según ha alertado la OCU, pueden llegar a generar costes de hasta 50 euros por llamada en determinados casos, afectando directamente al consumidor.

Además, esta estrategia nacional se verá reforzada por el nuevo Reglamento europeo de medios de pago, que obligará a redes sociales y plataformas digitales a retirar anuncios fraudulentos. El objetivo es cortar la estafa desde su origen.

En este sentido, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ha reclamado un marco legislativo “mucho más protector” y ha insistido en que la colaboración de las grandes tecnológicas será clave para frenar estos delitos.

El siguiente paso tras la ofensiva contra el spoofing

Esta petición supone un paso más en la estrategia contra las llamadas fraudulentas. Se suma a la Orden TDF/149/2025, que ya obligaba a bloquear llamadas internacionales que suplantaban números españoles.

Ahora, bancos y telecos quieren ir más allá: intervenir directamente a los delincuentes en tiempo real, incluso cuando operen desde territorio nacional.