Guerra entre DKV y Asisa y Muface: las aseguradoras demandan más de 200 millones

Las aseguradoras Asisa y DKV han iniciado acciones legales contra la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), reclamando una compensación total que supera los 200 millones de euros. Esta reclamación busca resarcir las pérdidas económicas que ambas compañías aseguran haber sufrido durante la vigencia del convenio de asistencia sanitaria para funcionarios para el período 2022-2024.

La tensión entre las aseguradoras y Muface no es nueva, pero ahora se recrudece con estas reclamaciones formales que podrían terminar en los tribunales. Ambas compañías consideran que la financiación proporcionada por el Estado fue insuficiente para cubrir los costes reales de la asistencia sanitaria de los mutualistas, lo que les ha generado un importante desequilibrio económico.

LAS RAZONES. La principal causa de la reclamación es la infrafinanciación del convenio. Las aseguradoras argumentan que las primas pagadas por Muface no se ajustaron al aumento de los costes sanitarios, lo que les obligó a asumir pérdidas millonarias. A esto se suma el descontento por la prórroga forzosa del convenio, una medida que, según DKV, agravó aún más su situación financiera.

DKV, que decidió no participar en el nuevo convenio 2025-2027, ha sido especialmente contundente en sus reclamaciones. La compañía alega que la prórroga no estaba contemplada en el acuerdo original y que, durante ese período, la demanda de servicios médicos por parte de los mutualistas se disparó ante la incertidumbre sobre el futuro de su cobertura, lo que incrementó sus pérdidas.

FUTURO INCIERTO. La situación actual es el resultado de meses de negociaciones tensas y de la amenaza real de que los funcionarios se quedaran sin asistencia sanitaria. El nuevo convenio para 2025-2027, en el que participan Adeslas y Asisa tras la retirada de DKV, ha intentado calmar las aguas incluyendo una cláusula para compensar posibles pérdidas futuras en situaciones excepcionales, como pandemias o catástrofes naturales.

Sin embargo, esta medida no ha convencido del todo a las aseguradoras, que hubieran preferido un mecanismo más claro basado en cifras o porcentajes de déficit. Mientras tanto, el conflicto por las pérdidas pasadas sigue abierto. Asisa ya ha llevado su reclamación a los tribunales tras el rechazo inicial de la Administración, y DKV amenaza con hacer lo mismo si su petición por vía administrativa no es atendida.

Por su parte, Adeslas, la tercera aseguradora implicada en el anterior convenio, no ha querido pronunciarse sobre si tomará o no acciones legales. Lo que sí parece claro es que la relación entre las aseguradoras y Muface ha quedado seriamente dañada, y el modelo de colaboración público-privada para la sanidad de los funcionarios se enfrenta a uno de sus mayores desafíos.