El Estado perdió 717 millones de euros en 2023 por deducciones fiscales a caseros en el IRPF

Los propietarios de vivienda en alquiler lograron en 2023 un ahorro fiscal de 717 millones de euros en el IRPF, según la memoria de beneficios fiscales incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La cifra refleja el impacto que estas deducciones tienen cada año en la recaudación y su peso en la política de vivienda.

El beneficio procede, principalmente, de la reducción porcentual de los rendimientos netos obtenidos por el alquiler de vivienda habitual, prevista en la Ley del IRPF y que con la aprobación de la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023, redujo dicha deducción del 60% al 50% para los nuevos contratos firmados a partir del 25 de ese mismo mes. En la práctica, esto significa que los caseros -más de 2 millones- solo tributan por la mitad de sus ganancias netas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La reforma también introdujo bonificaciones adicionales que pueden elevar la deducción hasta el 90% en casos concretos. Así, los propietarios que rehabiliten la vivienda, alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años en determinados lugares o bajen la renta en zonas tensionadas pueden acceder a reducciones del 60%, el 70% y hasta el 90% en el IRPF, con el objetivo de estimular la oferta asequible.

La deducción por alquilar vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años en zonas tensionadas puede ser de hasta el 70%.

MERCADO EN TENSIÓN Y DEBATE ABIERTO. El dato confirma la importancia de este incentivo fiscal en el mercado del alquiler y ha reavivado el debate. Mientras los inquilinos reclaman medidas más contundentes para contener los precios y facilitar el acceso a la vivienda, los propietarios mantienen un marco fiscal favorable. El ahorro millonario coincide, además, con un mercado tensionado y con la aplicación de topes al alquiler en determinadas áreas, lo que ha generado discrepancias entre el Gobierno y las asociaciones de arrendadores.

El informe de Hacienda advierte de que estas deducciones suponen una merma recurrente para las arcas públicas, aunque el Ejecutivo defiende su papel como incentivo para incrementar la oferta de alquiler. De hecho, el propio Gobierno calcula que, a medida que vayan expirando los contratos firmados antes de mayo de 2023, los ingresos fiscales podrían multiplicarse por cinco.

El origen de la publicación de la cifra, tal y como informa El Economista, se encuentra en una pregunta parlamentaria de Alberto Ibáñez, diputado de Compromís integrado en Sumar, que solicitó conocer cuánto dinero dejó de ingresar el Estado en 2023 por estas deducciones. También pidió el desglose por número de viviendas alquiladas (una, dos, cinco, diez o más), aunque el Ejecutivo no ha facilitado esa información.