El Constitucional pospone su fallo sobre el impuesto de Patrimonio a 2026: afecta a 200.000 contribuyentes

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido aplazar hasta 2026 su fallo sobre la legalidad del Impuesto de Patrimonio, una decisión que deja en un limbo fiscal a cerca de 200.000 contribuyentes y pone en juego devoluciones que podrían alcanzar los 6.713 millones de euros para las arcas públicas. La sentencia, inicialmente prevista para 2024, acumula un nuevo retraso que prolonga la incertidumbre un año más.

La Corte de Garantías debe resolver el recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular interpuso en abril de 2021. El motivo de la disputa se centra en la fórmula que utilizó el Gobierno de Pedro Sánchez para convertir este tributo, históricamente temporal, en permanente: lo hizo a través de la Ley de Presupuestos Generales de ese año, un instrumento que, según los recurrentes, no está habilitado para realizar cambios de tal calibre sobre una figura impositiva.

¿Habrá devolución del dinero? La clave está en recurrir

La gran pregunta para los afectados es qué sucederá con los importes ya pagados si el Constitucional anula el impuesto. Una sentencia contraria a la norma supondría un golpe millonario para Hacienda, que tendría que devolver lo recaudado desde 2021 más los correspondientes intereses de demora.

Sin embargo, el TC ha sentado precedentes en casos similares, como la anulación del método de cálculo de la plusvalía municipal. En estas situaciones, y argumentando la necesidad de mantener la seguridad jurídica, el tribunal ha limitado el derecho a devolución solo a aquellos contribuyentes que hubieran sido “diligentes”, es decir, que hubieran recurrido la liquidación del impuesto por la vía administrativa o judicial antes del fallo. Por ello, los expertos fiscalistas aconsejan una estrategia clara: primero pagar el impuesto y, acto seguido, impugnar la liquidación para no perder el derecho a una posible devolución futura.

Una recaudación disparada por la guerra fiscal

Mientras el Constitucional medita su decisión, la recaudación del Impuesto de Patrimonio no ha dejado de crecer. En los últimos cuatro años, los ingresos han aumentado casi un 58%, pasando de 1.352 millones en 2021 a 2.133 millones correspondientes al ejercicio de 2024 (liquidado esta primavera de 2025).

Este notable incremento se explica en gran medida por la reacción de comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Galicia. Estas regiones reactivaron su propio Impuesto de Patrimonio para evitar que el nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, creado por el Gobierno central en 2022, derivara esa recaudación al Estado. La tasa estatal funciona como un tributo supletorio que afecta principalmente a las comunidades donde Patrimonio estaba bonificado, asegurando que las grandes fortunas tributaran en cualquier caso. Con esta maniobra, las autonomías lograron que el dinero se quedara en las arcas regionales.

Un impuesto a debate: ¿es eficaz para redistribuir la riqueza?

Más allá de la batalla legal y política, muchos expertos cuestionan la efectividad del diseño actual del impuesto. Un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que el gravamen presenta importantes limitaciones en términos de progresividad y equidad territorial.

El análisis, firmado por el economista Francisco García-Rodríguez, destaca que el impuesto solo grava a una mínima parte de la población (el 0,5% de los hogares más ricos) y su efecto para corregir la desigualdad es modesto. Las grandes diferencias normativas entre comunidades autónomas generan, además, un mapa fiscal muy desigual, donde contribuyentes con patrimonios similares afrontan cargas fiscales radicalmente distintas según su lugar de residencia.

El informe de Fedea concluye que un rediseño del impuesto, eliminando por ejemplo el mínimo exento y las bonificaciones autonómicas, podría llegar a duplicar su capacidad redistributiva sin afectar a su progresividad. En definitiva, el retraso del fallo del Constitucional no solo aplaza una decisión millonaria, sino que también mantiene en pausa el debate sobre el futuro de una de las figuras más controvertidas del sistema fiscal español.

No es la única espera que está haciendo mella en miles de españoles: muchos esperan la resolución del Supremo sobre el IRPH.