Cataluña estudia prohibir la compra de vivienda para especular: ¿adiós a los pisos de inversión?

El debate sobre el acceso a la vivienda en Cataluña ha entrado en una nueva fase. El Govern de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, ha abierto la puerta a una medida inédita en España: prohibir la compra de pisos que no se destinen a ser la vivienda habitual del comprador. La propuesta, que busca frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda, está siendo analizada por la conselleria de Territorio para evaluar su viabilidad legal y su impacto real en el mercado.

La iniciativa surge a raíz de un informe jurídico elaborado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), un consorcio que agrupa al Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación y el Área Metropolitana. El documento concluye que una restricción de este tipo sería constitucionalmente posible, siempre que se aplicara con límites claros: de forma temporal y exclusivamente en las denominadas Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). “Desde las respectivas consejerías se está estudiando; ponemos por delante de todo la vivienda como derecho”, afirmó el president Illa durante una sesión de control en el Parlament.

Un muro frente a la compra especulativa

La idea no es completamente nueva. Partidos como En Comú Podem y la CUP llevan tiempo impulsándola en el Parlament. La diputada de la CUP, Laure Vega, preguntó directamente al Govern si consideraría “prohibir la compra especulativa” de viviendas, a lo que Illa respondió con disposición a estudiarlo en profundidad. El objetivo es claro: impedir que inversores adquieran viviendas solo como activos financieros, ya sea para revenderlas o destinarlas al alquiler turístico o temporal.

El informe del PEMB, elaborado por el jurista Pablo Feu, recuerda que “las administraciones públicas pueden intervenir en el mercado inmobiliario” en virtud de la función social de la propiedad, un principio reconocido por la Constitución. Según el estudio, esta medida podría ser aprobada tanto por el Congreso como por los parlamentos autonómicos. “No hablamos de una idea teórica ni utópica: si hay voluntad política, se puede hacer”, aseguró Janet Sanz, concejal de En Comú en el Ayuntamiento de Barcelona.

Cómo funcionaría la restricción

De aplicarse, la prohibición implicaría que en las zonas declaradas tensionadas solo se podrían comprar inmuebles para establecer una residencia habitual y permanente. El informe contempla, no obstante, algunas excepciones específicas:

• Segundas residencias: se permitiría su compra siempre que no se destinaran a la reventa o al alquiler.
• Edificios completos: en caso de adquirir un inmueble entero, su uso debería limitarse al alquiler residencial permanente, no turístico ni temporal.

Illa ha subrayado que cualquier medida deberá ser “legalmente sólida, viable y efectiva” para garantizar el derecho a la vivienda. Cataluña ya es la comunidad que más ha intervenido el mercado inmobiliario, con la aplicación de topes al alquiler en 140 municipios y un incremento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para grandes propietarios.

Mientras el Govern estudia la propuesta, el sector inmobiliario ha mostrado su preocupación ante lo que percibe como una nueva vuelta de tuerca regulatoria. La iniciativa se suma a otras medidas como la obligación en Barcelona de destinar un 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda pública, una norma que, según el sector, ha paralizado parcialmente la actividad constructora desde 2018. Los expertos alertan de que una prohibición total a la compra por parte de inversores podría reducir la oferta y generar inseguridad jurídica, desincentivando la inversión necesaria para ampliar y rehabilitar el parque de viviendas.